Documentos, celulares y equipos informáticos: PJ rechazó pedido de congresista Gonza para excluir material incautado

Documentos, celulares, equipos informáticos, entre otros bienes incautados al congresista de Perú Libre (PL), Américo Gonza, permanecerán como parte del material probatorio en el marco de investigación que se le sigue por el Caso ‘Los Niños’.

Y es que, el Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido del parlamentario para excluir dichos elementos encontrados durante la diligencia de allanamiento de marzo pasado y consignados en diversas actas fiscales.

La defensa legal de Gonza Castillo, a través de una tutela de derechos, solicitó la nulidad absoluta del allanamiento y, en consecuencia, la exclusión de todas las actas.

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Sin embargo, dicho requerimiento fue declarado “infundado” por el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, al consiedrar que se siguieron las normas y sobre todo, porque durante las diligencias no se realizaron observaciones.

Cuestionamientos previos

Gonza Castillo, a través de su abogado, había cuestionado que los fiscales que participaron en su caso no habían sido autorizados en la resolución judicial de allanamiento.

Y, que la resolución no había consignado información actual sobre sus oficinas en el Congreso y de su vivienda. Alegando entonces que, dicho documento judicial consignaba que su oficina congresal era la 104, pero allanaron las despachos 107 y 108; y que la dirección no indicaba el número de su departamento.

El Ministerio Público señaló que la designación de fiscales no mencionados en la resolución se debía a que la cantidad personal asignado al despacho a cargo de las diligencias no era suficiente para actuar sobre los inmuebles allanados (41) entre Lima, La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Cajamarca, Ucayali y Pasco.

Respecto a los allanamientos a las oficinas 107 y 108, indicó que la numeración tomada del portal web del Parlamento (104) no había sido actualizada. Además, personal y un abogado de Gonza Castillo permitieron el ingreso a los ambientes y no cuestionaron la diligencia. Mientras que el mismo congresista permitió el ingreso a su departamento.

Fundamentos

Checkley señaló que ya en otro caso ha rechazado cuestionamientos en contra de la participación de fiscales no mencionados en las resoluciones judiciales de allanamiento. Incluso consignó una resolución de la Sala Pena Permanente de la Corte Suprema.

En dicha decisión suprema ya se precisó que la autorización de un allanamiento es para el Ministerio Público, no para fiscales específicos. Por tanto, la Ley Orgánica de dicha institución permite designar un equipo para casos complejos y determinados delitos.

“Por lo que la intervención de fiscales adjuntos provinciales no consignados en la resolución judicial impugnada no afecta la eficacia y la virtualidad procesal de la diligencia respectiva, o su condición de prueba valorable en los estadios procesales ulteriores”.

Juan Carlos Checkley, juez supremo de Investigación Preparatoria

De otro lado, el juez coincidió con la fiscalía en señalar que el congresista tiene su oficina en el edificio José Faustino Sánchez Carrión y que personal de seguridad les precisó que los despachos. Al llegar a estas oficinas fueron atendidos por una asesora y una abogada del congresista, quienes ratificaron que esas eran las oficinas y permitieron el ingreso.

Mientras que en el caso de su vivienda, ubicada en Lince, fue el tesorero quien le precisó el número de departamento y al llegar el mismo Gonza Castillo abrió la puerta y luego de identificarse les permitió el ingreso. Incluso, les entregó su teléfono celular, suscribió el acta, con su sello y huella, sin ninguna observación.

“En ambos se les permitió el ingreso, dieron facilidades para la diligencia, se suscribieron las actas respectivas sin observación alguna; es más, en audiencia el congresista Gonza Castillo dijo que permitió para no obstaculizar la justicia; en consecuencia no se vulneró derecho alguno, convalidaron los ingresos y con ello resulta infundada la tutela también en dicho extremo”, concluyó el juez.

A Gonza Castillo se le viene investigado por presunto delito de organización criminal y otros al ser implicado en el copamiento en la Policía Nacional del Perú.

Según la Fiscalía, el 1 de setiembre del 2021, el parlamentario acudió a Palacio de Gobierno y se entrevistó con el entonces presidente Pedro Castillo donde habría ejercido influencias.

“La presencia del congresista de la República Américo Gonza Castillo en Palacio de Gobierno no habría sido casual, sino que fue quien gestó que sea el general Javier Santos Gallardo Mendoza quien ocupe el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú”, indica la tesis fiscal.

Debido a ello, se habría producido el cambio de la persona iba a ser designada para el cargo de comandante general de la PNP (Roy William Ugaz Suárez), obteniendo dicho cargo Gallardo.

Dicho hecho, indica la fiscalía, se reviste de verosimilitud debido a que luego de la designación, la hermana del parlamentario, Martha Gonza Castillo, fue contratada en la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, a pesar que no habría contado con los requisitos y/o experiencia.

Aunado a ello, se verificóque el congresista Gonza votó en contra de las cuestiones de confianza, procesos de vacancia y censuras con la finalidad de garantizar la permanencia de Pedro Castillo, quien es sindicado de liderar una organización criminal.

“A partir de lo anotado, se tiene que la organización criminal habría copado también la Policía Nacional del Perú, lo cual se habría realizado a partir de la designación de Javier Santos Gallardo Mendoza como comandante general de la Policía Nacional del Perú”, indica la fiscalía.