Dos autoridades y un congresista elegidos bajo el paraguas de Alianza para el Progreso (APP) han sido implicados, en los últimos meses, en presuntos actos de corrupción y graves acusaciones.
Se trata de Freddy Díaz Monago, expulsado de la bancada por una denuncia de violación sexual; José Medina Guerrero, alcalde de Anguía (Chota, Cajamarca), que se habría coludido con una red criminal presuntamente encabezada por Pedro Castillo; y Marcos Espinoza, alcalde de Carabayllo, que esta semana fue capturado por presunta corrupción.
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Pero al menos otros seis representantes del partido fundado por César Acuña han sido señalados por situaciones similares. Durante el Congreso del 2016 al 2019, dos legisladores de la bancada de APP, Edwin Donayre y Benicio Ríos, fueron cercados por la justicia luego de permanecer varios meses prófugos. Mientras que un invitado a la agrupación, César Villanueva, es investigado en el Caso Odebrecht.
Durante el Congreso complementario (2020-2021), la agrupación no escapó de otros cuestionamientos. Figuras como Humberto Acuña y Moisés González Cruz, quienes integraban la bancada, recibieron sentencias suspendidas mientras ejercían sus cargos. En el último caso, en junio pasado se declaró fundado un recurso de casación interpuesto por la defensa de González. Con ello, se ordenó la realización de un nuevo juicio oral. Este año, González Cruz tienta nuevamente la elección popular. De la mano de APP, es candidato a la Municipalidad Provincial de Cutervo (Cajamarca).
Acusado de violación
Denunciado por violación sexual por una trabajadora del Congreso. Su caso está en la fiscalía y la Comisión de Ética.
Freddy Díaz Monago, congresista de Pasco electo por APP, fue denunciado el 27 de julio por presunta violación sexual en agravio de una trabajadora del Parlamento. El delito habría sido cometido en una oficina de este poder del Estado. Un amigo de la mujer afectada grabó al parlamentario cuando cerraba con llave la puerta de este recinto para luego abandonar el edificio rápidamente.
No fue sino hasta el 1 de agosto cuando el legislador se acercó al Ministerio Público para ponerse a derecho. En tanto, la Comisión de Ética inició una indagación preliminar por la grave denuncia, que luego fue declarada procedente para dar paso a la investigación.
Este mes, congresistas de diferentes bancadas se adhirieron a una denuncia constitucional, presentada por Flor Pablo (Integridad y Desarrollo), donde plantean la inhabilitación de Díaz Monago para ejercer la función pública por 10 años.
El congresista Freddy Díaz sigue ejerciendo sus funciones y, esta semana, pidió una licencia sin goce de haber, pero solo por cinco días.
Autoridades locales
Investigado por presuntamente integrar una red criminal que estaría encabezada por el presidente Pedro Castillo. La fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva en su contra.
José Medina Guerrero, alcalde de Anguía (Chota, Cajamarca) fue detenido el 9 de agosto en Lima tras un pedido formulado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.
Según la tesis fiscal, la autoridad local, que postuló por APP, sería el ‘cajero’ de una presunta organización criminal que estaría encabezada por el jefe de Estado. Además de ‘operador’ de la red en el Ministerio de Vivienda y como participante en el denominado ‘Gabinete en la sombra” en el que el presidente Castillo se apoyaría por su cercanía. Es investigado por presunta organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.
Una de las decisiones habría sido la publicación del Decreto de Urgencia 102-2021, mediante el cual se dictaron medidas para la ejecución de obras en Anguía. Hugo Espino, gerente de JJM Espino que luego fue puesto en libertad, reconoció haber pagado S/228 mil a Medina para beneficiarse con un contrario de agua potable y saneamiento. La fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva en su contra.
Detenido el último miércoles por dirigir la compra de 21 camionetas a favor de la empresa Autoland S.A.
En Lima, el alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza Ortiz, fue detenido el último miércoles junto a otras 14 personas por haber presuntamente dirigido la adquisición irregular de 21 camionetas. El monto total de S/2′654.655 favorecería a la empresa Autoland S.A.
Adicionalmente, el mantenimiento de los vehículos habría sido impulsado por este grupo para favorecer a una empresa cerca a la autoridad distrital.
Excongresistas y las cargas judiciales
Sentenciado por el caso ‘Gasolinazo’. Fue detenido por la Policía Nacional en octubre del 2019 en Puente Piedra.
Dos congresistas de APP ingresaron al Parlamento 2016-2019 con procesos judiciales pendientes, que se resolvieron cuando ocupaban sus escaños. Benicio Ríos llevaba un proceso judicial por colusión agravada por la adquisición sobrevalorada de 10 hectáreas del terreno de un relleno sanitario cuando se desempeñaba como alcalde de Urubamba, en el período 2007-2010; y Edwin Donayre un juicio oral por indebida apropiación y desvío de combustible, en el caso conocido como ‘gasolinazo’.
Sentenciado por delito de colusión. Detenido en noviembre del 2018 en Lima.
Ambos fueron sentenciados a cárcel efectiva cuando ejercían funciones en el Congreso y se mantuvieron, durante varios meses, prófugos de la justicia. En noviembre del 2018, la Policía Nacional detuvo a Ríos en Lima y, un año después, ocurrió lo mismo con Donayre en Puente Piedra.
Investigado por presunta colusión, entre otros, en el Caso Odebrecht.
El exprimer ministro César Villanueva, invitado por APP para postular al Congreso, fue señalado en agosto del 2019 por el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, de haber recibido pagos irregulares. De acuerdo con su declaración, la constructora había hecho pagos al también exgobernador regional de San Martín por la adjudicación de la carretera San José de Sisa en el 2008. Según la tesis fiscal, Villanueva habría favorecido a Odebrecht en esta concesión.
El excongresista también es procesado por el presunto delito de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
En setiembre del 2020, recibió tres años de pena suspendida por el delito de cohecho pasivo genérico, e inhabilitación por el mismo tiempo.
El Congreso 2020-2021 no fue la excepción para APP. En setiembre del 2020, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratificó la condena de tres años de pena suspendida contra el entonces legislador Humberto Acuña Peralta por el delito de cohecho pasivo genérico. Esta había sido impuesta en diciembre del 2019. Aunque se dictó su inhabilitación por tres años para ejercer cargo público, no pudo ser aplicada en ese momento por ciertas dilaciones.
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El también exgobernador regional de Lambayeque fue señalado por haber actuado en complicidad con el abogado Elver Díaz Bravo para ofrecer dinero ilícito al policía Joel Ugaz Cubas. Esto con el fin de elaborar una declaración de Acuña Peralta, con preguntas y respuestas, como si la hubiese realizado.
La defensa de Acuña interpuso un recurso de casación en la Sala Superior de Lambayeque, admitido a trámite en setiembre del 2020. Un año después, en agosto del 2021, se declaró inadmisible este recurso presentado en contra de la sentencia emitida en setiembre del 2020.
Candidatos
En enero del 2021, fue sentenciado a cuatro años de pena suspendida por el delito de colusión, pero se ha ordenado un nuevo juicio oral en el caso.
El excongresista Moisés González Cruz, quien ingresó al Parlamento 2020-2021 con APP, fue sentenciado en enero del 2021 a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de colusión cuando fue alcalde de Querocotillo (Cajamarca). Se añadió también su inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos.
El caso se remite a una concertación en el proceso de selección de adjudicación directa selectiva para la ejecución de una obra en el referido distrito. En su momento, González dijo que la sentencia era injusta y que “no es responsabilidad del alcalde [la licitación de obras] porque designa un comité para que lleve todo el proceso a cabo”, dijo en enero del 2021 a RPP.
La defensa del exlegislador interpuso un recurso de casación y, en junio pasado, la Sala Penal Permanente lo declaró fundado. En tanto se dio la anulación de la sentencia en primera instancia, la resolución ordenó la realización de un nuevo juicio oral. Este año, Gonzalez Cruz tienta nuevamente la elección popular. De la mano de APP, es candidato a la Municipalidad Provincial de Cutervo.
Finalmente, en la campaña de las elecciones congresales extraordinarias del 2020, la postulación de Yeny Solidad Quispe Quiquijana por APP en Puno fue observada. Esto luego de que se revelara que, en enero del 2020, fue detenida en Tacna por transportar 11,9 kilos de cocaína. Estuvo siete meses en prisión y en febrero del 2021 fue sentenciada a seis años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva por el delito de promoción y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.
En enero del 2020, fue detenida en Tacna por transportar 11,9 kilos de cocaína. Estuvo siete meses en prisión y en el 2021 fue sentenciada a más de 6 años de cárcel.
Falta de idoneidad
Jorge Jáuregui, experto en temas electoral, comentó que, de manera general en cuanto a las agrupaciones políticas, “la debilidad es que la oferta electoral carece, en muchos casos, de idoneidad”. Asimismo, que existe un problema fundamental que tiene que ver con el manejo interno de los partidos, cuyas elecciones internas son “opacas y producen un comportamiento oligárquico al interior”.
La politóloga Kathy Contreras agregó que APP, como otros partidos, “es una organización sin militancia activa más allá del propio manejo y liderazgo de los Acuña”. Por tanto, “lo que se hace es utilizar la marca electoral y buscan personas con capital político para alcanzar votos suficientes para tener representación en diversos distritos electorales” y aún falta fortalecer filtros partidarios.