1. Cocteles y audiencias
El Caso Cocteles, el estelar de la política larga (el de Nicanor es el de la política corta), que se teme durará años tuvo, sin embargo, un gol de primer minuto. Anotó la defensa de Keiko Fujimori y sus coacusados, pues el TC jaló las orejas del fiscal José Domingo Pérez y de su jefe, el fiscal Rafael Vela, por haber decidido que sea su propio despacho el que investigue al ex abogado de Keiko, Arsenio Oré, por obstrucción a la justicia. Por un principio legal, esa investigación debía llevarla un fiscal ajeno al caso, de modo que el TC anuló lo actuado contra Oré y dio motivo a los otros acusados por obstrucción (entre ellos, la propia Keiko y su abogada Giulliana Loza) a pedir a la sala que ve el caso, que los excluya. La sala así lo hizo. Contra toda previsión, en tan solo el segundo mes del megajuicio que se anunciaba eterno, Keiko se libró de un delito. Los otros o ya han prescrito (falsedad genérica y falsa declaración en proceso administrativa) o, como el de lavado de activos son difíciles de sustentar. El fiscal debe probar que las fuentes de los aportes de campaña, como Odebrecht, Credicorp o el Grupo Rasmussen, eran ilícitas y que el acusado debía saberlo o presumirlo.
El debate jurídico está abierto y ya son varios los juristas que opinan que no hay lavado en el Caso Cocteles. El desfile de testigos ilustres, ese sí que será largo. Sin embargo, el caso de Nicanor Boluarte y ‘Los Waykis en la sombra” robó protagonismo a los Cocteles. Ni modo, el hermano de Dina se juega su libertad.
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El lunes, sin embargo, la noticia que causó más impacto fue la denuncia de violencia física y psicológica que Pamela López hizo contra su aún esposo Christian Cueva. Ese mismo día, Cueva era presentado como jugador del Cienciano pero, tras el escándalo, el club anunció su separación. Al margen de detalles y matices del caso; fue una nueva ocasión para renovar el debate sobre la vigencia del enfoque de género y del Ministerio de la Mujer, justo ahora que ha trascendido –sin que el gobierno aclare- que se evalúa, como una suerte de compensación a la creación de un ministerio de infraestructura (ver crónica aparte), fusionar a Mujer con el Ministerio de Inclusión Social. El jueves, un grupo de ex ministras de la Mujer, dio una conferencia de prensa para protestar al respecto.
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2. ‘Gores’ amargos
El martes, un grupo de 19 gobernadores, incluyendo a su cabeza gremial, Werner Salcedo, del Cusco; se reunieron con el ministro de Economía, para reclamarle por el recorte de presupuesto para las regiones que descendería de alrededor de S/.34 mil millones a S/. 23 mil millones.
Entrevisté a Koki Noriega, gobernador de Áncash, y contó que el ministro de Economía, José Arista, les dijo claramente que buena parte de la responsabilidad en los recortes presupuestales la tiene el Congreso que ha legislado de tal forma, con exoneraciones tributarias e incrementos de gastos, que se ha reducido la recaudación. Otra razón, y no sabemos si fue explícita en esa reunión, pero la podemos presumir, es que hay considerable presupuesto comprometido en proyectos cuya ejecución la asume el gobierno central. Ese fue un preámbulo al Consejo de Estado Regional que se llevó a cabo el jueves con ‘gores’ y autoridades del Ejecutivo en Arequipa.
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3. Nunca tan plenos
Los plenos congresales de los jueves ahora son presenciales por disposición de la mesa directiva, es decir, no vota quien no esté presente en el hemiciclo. Al menos, con ese ajuste, se evitarán algunos votos virtuales y a la ligera de quienes están metidos de cabeza en otros asuntos. El jueves pasado, entre otros temas, no se llegó a debatir la reforma constitucional que permite la reelección de gobernadores y alcaldes y desaparece a los movimientos regionales. En realidad, con la primera votación en la legislatura pasada y con la obligación para los aspirantes a candidatos de inscribirse en algún partido antes del 12 de julio, ya varios líderes de movimientos habían escogido partidos.
El ajuste a los movimientos es uno de los tantos que la actual mayoría ha hecho y forzosamente seguirá haciendo para hacer posible la ya aprobada bicameralidad. La tendencia es favorecer a los partidos con bancada y no a los recién inscritos. Desde que aprobaron, en una legislatura pasada, que un año antes de la convocatoria a elecciones los partidos deben tener como candidatos en su plancha presidencial a militantes con un año de antigüedad como mínimo; en realidad obligaron a los nuevos partidos a apurar su inscripción y a mostrar sus cartas presidenciables antes de lo que les convenía. Les pusieron el plazo corto para que no lleguen lejos. El mismo razonamiento puede imponerse para el equilibrio de poderes: el Congreso intentará diseñar una bicameralidad a su medida institucional, a expensas de las atribuciones del Ejecutivo y de los entes autónomos. Estamos advertidos.
