Con palo no mata. Crónica de Fernando Vivas sobre el combate improvisado contra los ‘choros’

>Eric Bredo, el amigo intenso de Toledo.

En la pelea contra los cacos, se avanza a grandes sustos, como en las películas de acción. Si nos desangráramos de modo constante; nada nos conmovería. Pero si ocurre algo que no había pasado nunca, o que alguien grabó de tal forma que se viralizó, o con detalles desgarradores que superan la ficción; entonces, saltamos todos. ¡Qué hace la policía, para qué está la ley, pena de muerte, basta ya!

Eso pasó el 5 de abril cuando el venezolano José Giró le clavó una tijera en el pecho al peruano Gianmarco Núñez. Habían discutido, en el cruce de las avenidas Abancay con Grau, porque Núñez se negó a que el otro le limpiara el parabrisas. Era la primera vez que la micro extorsión de jabón y trapo, alcanzaba una proporción trágica. Por supuesto, que algo así tenía que soliviantarnos. La inseguridad ha vuelto a ser, en esta temporada, una bandera política. Como tiene que ser. La última vez que se preguntó a los peruanos por sus principales angustias (Ipsos en febrero), el 57% dijo que el principal aspecto a priorizar en el Perú es la lucha contra la delincuencia. Siguen la lucha contra la corrupción (49%), la mejora del sistema de salud (42%) y la mejora del sistema educativo (38%). Ese 57% gritaba por atención, mientras la política se desgastaba en sus cuitas polarizadas y judicializadas.

El Congreso había aprobado unos días atrás, el 29 de marzo, una modificación a la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo, autorizando a los serenos el uso de armas no letales. Varios alcaldes de la gestión que acabó el año pasado, como el de Comas, presionaron a favor de ello. La Comisión de Seguridad, presidida por Diego Bazán de Avanza País, elaboró el dictamen aprobado por amplia mayoría de 78 votos. Varios otros episodios que tiñen los noticieros de señal abierta, apuraron su aprobación. Los congresistas saben que no es gran solución al drama, ni siquiera es una implementación obligatoria sino opcional; pero por lo menos pueden decir que han hecho algo.

Mira: Las claves de la ley que permite a los serenos usar armas no letales.

La ley cayó mal a algunos y en especial a Renzo Reggiardo, teniente general de la MML y presidente de la Comisión Metropolitana de Alto Nivel de Seguridad Ciudadana. Reggiardo se especializó en seguridad tras un susto de película. En el 2011 su hija de 9 años fue asaltada e impactada por una bala. Desde entonces tomó a la seguridad como bandera y ha conocido suficientes gestiones y experiencias, como para dudar de la bondad de la ley de armas no letales. Me contestó desde Madrid donde está firmando convenios con la policía metropolitana madrileña. “No creo que sea la solución ahora. Sin la capacidad debida, y teniendo en cuenta que los delincuentes ahora andan armados, un sereno con arma no letal puede estar más expuesto que protegido”. Rafael López Aliaga no piensa lo mismo, le digo, apropósito de declaraciones del alcalde en pro de esa ley. “Es cierto que opinó a favor, pero hemos conversado y ahora está más cauto sobre el tema”.

Renzo tiene una ambición mayor que los palos de goma y me la contó. López Aliaga lo acompaña en eso, pero con gradualismo. Se trata de hacer una policía metropolitana dirigida por la MML, como la tienen varias grandes metrópolis. “He hablado con Alberto Otárola, y lo ve bien, tal vez podríamos empezar, como una experiencia piloto, con la policía de tránsito”. ¿Y se necesitaría una ley para eso o basta acordarlo entre la MML y el Ejecutivo?, pregunto. “Hay diversas formas de encarar el tema”, responde con cautela. Ciertamente, una policía local no garantiza per se, mejores resultados; pero podría ser más funcional y especializada en el combate a las mafias de dimensión metropolitana.

“He hablado con Alberto Otárola, y lo ve bien, tal vez podríamos empezar, como una experiencia piloto, con la policía de tránsito”

Dejemos ahí el plan, aún embrionario, de la policía municipal; y volvamos al susto que nos hace reaccionar. Tras el crimen del parabrisas, hubo un alcalde que atrasó a Reggiardo, a López Aliaga y a los otros. Uno muy político, el ex congresista y ex ministro de Vivienda, Carlos Bruce, hoy alcalde de Surco. Ni siquiera tuco que reunirse con su consejo distrital para tomar la decisión. Lo llamé y me explicó lo que hizo: “Ya teníamos denuncias de limpia lunas que se acercaban con una piedra en la mano a obligar que les acepten el servicio. Entonces, hice un decreto de alcaldía en base a una ordenanza que ya teníamos, que prohíbe el comercio ambulatorio”. O sea, Bruce no generó una ordenanza sino que interpretó otra, muy genérica, contra la actividad comercial en la calle.

Carlos me aclaró que su decreto de alcaldía va más allá y prohíbe la actividad de limpiar parabrisas y lavar autos en la calle. O sea, los cuidadores no están específicamente fuera de la ley, pero no pueden lavar autos. Si usted quiere que le lavan el coche, vaya a un parqueo. Por cierto, muchas cosas ya están prohibidas pero en normas que no se aplican, que ni siquiera se han interpretado a cabalidad. Por ejemplo, Reggiardo me señaló que el reglamento de tránsito, en su Art. 67, prohíbe al peatón caminar por la calzada causando molestias. Bastaría interpretar esa norma y prohibir a todo el comercio y la mendicidad en las intersecciones. “Pero no se trata de eso”, me dijo Carlos Bruce, “porque hay mucha gente que se dedica a esto y es un problema social, hay que ir evaluando”.

Renzo también sabe, más aún desde la MML, que hay que evaluar cada paso a dar en materia de seguridad. Por eso, le molesta que el Congreso no les consultara antes de votar esa ley en marzo. La norma incurre en errores tales como incluir el chaleco de goma (que en rigor no es un arma y ya estaba habilitado para usarse), aunque ha sido alabada por otros, como Francis Allison, el alcalde de Magdalena que tuvo una experiencia piloto de dar armas no letales a serenos en el 2006, cuando la normativa era laxa. Reggiardo es consciente de algo más: cualquier plan de la MML puede ser atrasado, contradicho o distorsionado, por cualquiera de los 43 municipios de la desorbitada metrópoli (50 si se suman los 7 de El Callao). Algunos se están aliando en mancomunidades, con lo que es más fácil entenderse; pero la excesiva subdivisión es atroz.

Bruce me contó que unos días después de que publicó su decreto el 9 de abril, lo llamó Reggiardo para conversar y pedirle su apoyo en la brega por la policía metropolitana. Presumo que se trataba de un político buscando fraternamente a otro para que no descuadre sus planes; pero es una buena señal saber que el combate a la inseguridad genera iniciativas de políticos y los obliga a coordinar.

El Ejecutivo aún no promulga ni observa la ley que arma a medias a los serenos, y tiene, como ya vimos, razones para pensarlo mejor. Los alcaldes están tan divididos como los expertos. Fuera de esto, el Ejecutivo tiene mucha mayor responsabilidad y retos que responder. Es el titular de la lucha contra la seguridad –a través del Ministerio del Interior- y no está a la altura de la primera prioridad nacional según la encuesta que cité.

Hay razones trágicas que permiten comprender el desfase de Boluarte y Otárola frente a los cacos. El Mininter estuvo hasta febrero concentrado en aplacar las protestas y luego tuvo que mirarse el ombligo, con vergüenza, cuando se pilló al comandante general de la PNP, Raúl Alfaro, enredado en las intrigas de Jorge Hernández Fernández ‘El Español’. Por supuesto, hay planes nacionales del sector, reafirmados en cada nueva gestión, con metas y compras planificadas; pero no vemos una respuesta organizada a la crisis de inseguridad.

Boluarte no muestra una especial sensibilidad ante el tema. Le preocupan más los desastres naturales; drama que requiere imperiosa atención, pero está focalizado a diferencia del otro. Otárola, en conferencia de prensa tras el consejo de ministros del miércoles 19, dijo que “el gobierno va a anunciar un dispositivo multisectorial que va a poner freno [a la inseguridad]”; pero sonó improvisado y confundiendo el tema con el de la migración venezolana. Ciertamente, Núñez fue asesinado por un venezolano. El principal sospechoso del asesinato del sereno de Surco, Luis Manrique Pizarro, también sería un venezolano, Christopher Fuentes Gonzales. El teniente alcalde de Santa Anita, John Valverde Ramírez, no sabemos en manos de quién murió.

La xenofobia se alimenta de estos hechos, claro que sí; pero el discurso de los alcaldes muestra mayor consciencia de que el problema de la seguridad está por encima de peruanos y venezolanos. Fue penoso que el ministro del Interior, Vicente Romero, en la misma conferencia, limitara su intervención a hablar de la crisis migratoria en las fronteras y dijo que en el consejo había hecho “un comentario”, sobre la formación de “una tercera capa de policías, los agentes de policía (…), captaremos los 8 mil que salen de las FFAA, les damos unos 4 o 6 meses de capacitación”. De esa forma, se respondería a la crisis. La prioridad nacional según 57% de peruanos reducida a un comentario del ministro del sector en una reunión del consejo, un día después del asesinato del teniente alcalde de Ate. Vaya despiste. Pedí a la PCM información sobre el ‘dispositivo multisectorial’ que frenaría la inseguridad. No obtuve respuesta. Estamos improvisando en el corto plazo mientras nos desangramos estructuralmente.