¿Cuánto dinero del Estado recibirán los partidos este año y cuál es el origen del financiamiento público?

Este financiamiento está previsto en la Ley de Partidos Políticos. El monto resulta de multiplicar el “total de votos emitidos para elegir representantes al Congreso de la República por el 0,1% de la unidad impositiva tributaria (UIT)”. A más votos que recibió cada partido en la elección, más dinero le corresponde.

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“La transferencia de los fondos a cada partido político se realiza a razón de un quinto por año, distribuyéndose un 40% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos con representación en el Congreso y un 60% en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido político en la elección de representantes al Congreso”, agrega la norma.

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Así, el partido que más dinero recibirá es Perú Libre (PL), que sumó el mayor número de escaños en el 2021: 37. En febrero de este año se publicó la autorización para todas las transferencias, entre ellas la de S/1′075.639,61 a PL, correspondientes al primer semestre del 2022 y equivalentes a unos S/179 mil mensuales. A fines de junio, se autorizó transferir la misma cifra para la segunda mitad del año.

Por ejemplo, PL recibirá en total S/ 2′151.279,22, con el último depósito previsto para la quincena de diciembre. Es de esos montos que salen los S/12.500 mensuales que, según un reportaje de “Punto final”, el partido le pagó en la primera mitad del año a su secretario general, Vladimir Cerrón. [VER CUADRO]

El 50% debe destinarse a gastos de funcionamiento ordinario, compra de inmuebles y bienes, y contratación de personal y servicios. La otra mitad es para actividades de formación, capacitación y difusión, que pueden estar orientadas a procesos electorales e involucrar encuestas, desarrollo de herramientas digitales, y procesamiento de datos. Cada seis meses se debe presentar una rendición de cuentas.

Financiamiento del Estado a partidos en el 2022

El financiamiento público directo fue introducido en la Ley de Partidos Políticos del 2003, pero tardó varios años para entrar en vigencia.

José Manuel Villalobos, abogado especialista en temas electorales, explicó a El Comercio que la ley original tenía una disposición transitoria según la cual la entrega del dinero “estaba condicionada a la disponibilidad presupuestal del MEF. Ese fue el candado para que el MEF diga que no había plata y no entregaba”. Recién con la Ley 30689, del 2017, “se modifica la disposición transitoria y exigen que el MEF otorgue el dinero”.

Percy Medina, representante de IDEA Internacional, comentó a este Diario que este financiamiento existe en casi toda la región y surgió para que los partidos puedan desarrollarse libres de intereses privados y “no dependan de donantes ricos”. “Debe servir para fortalecer los partidos y para una mayor equidad en la participación política. El problema es que muchas veces se hace un uso indebido del financiamiento”, dijo.

Ambos especialistas agregaron que el referéndum del 2018 no tuvo que ver con la aprobación del financiamiento público, que ya era ley desde el 2003, y que lo sustancial de dicha reforma fue la restricción se la propaganda electoral en radio y televisión a las franjas electorales (financiamiento no directo).

Villalobos coincide en que el financiamiento público es positivo, pero indicó que ante la “poca transparencia” en el uso de estos recursos pueden tomarse medidas como “poner candados” a los gastos permitidos. “En las consultorías, deberían ponerse más precisiones sobre qué tipo de actividades se pueden contratar, que la ONPE pueda poner parámetros para que no sean a dedo, sino bajo meritocracia”.

También manifestó que si bien los pagos a dirigentes buscan justificarse como los ‘pagos a personal’ previstos en la ley, este no era el sentido de la norma y deberían ser prohibidos.

Medina señaló que es importante que los propios partidos introduzcan mecanismos de control interno para sus gastos. Agregó que se deben establecer conflictos de intereses a evitar y que si se quiere dar sueldo a dirigentes, estos podrían sustentar el trabajo que realizan.

“Si los partidos quieren autonomía en el uso de esos recursos, que no haya sobrerregulación de la ONPE, ellos mismos deberían crear mecanismos creíbles de control interno”, explicó. Sin embargo, añadió que para esto se requiere que los partidos sean fuertes y tengan institucionalidad, con dirigentes que rindan cuentas y no con “dirigentes que en realidad son los dueños del partido”.

Medina detalló que actualmente, en lo referido al financiamiento privado, está prohibido que este venga de empresas y que los aportes e personas naturales debe ser reportado a la ONPE. No hacerlo podría derivar en el delito de financiamiento ilícito de partidos político, creado luego del estallido del caso Lava Jato en Perú.

Por su parte, Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, comentó que para fortalecer la política del financiamiento público directo se pueden tomar medidas como que los recursos deben estar atados a indicadores de logros, aplicar reglas de integridad como las que usan entidades públicas, y aumentar capacidad de ONPE para fiscalizar.

Otro obstáculo advertido por Medina es que sería el propio Congreso, donde están los partidos que reciben los fondos públicos, los que deberían aprobar estas regulaciones al uso de los fondos públicos. Allí, por ejemplo, la noticia del pago de una mensualidad a Vladimir Cerrón por parte de Perú Libre con el uso de este dinero del Estado ha causada polémica.

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Kelly Portalatino, vocera de la bancada de PL, ha defendido el pago mensual al líder de su partido y calificó este martes de “terrorismo mediático” los cuestionamientos. “No es improcedente este pago de 12,500 porque el perfil lo cumple: tiene maestría, tiene doctorado, tiene todos los requisitos para poder ejercer y fortalecer una organización política, que demanda cinco años”, agregó.

Previamente, la legisladora había defendido que el pago no estaba prohibido y que su partido necesitaba “profesionales a tiempo completo”. “Además, lo han limitado [en] la parte laboral. Ya no hace su actividad de neurocirujano, está con un proceso judicial que lo limita”, acotó.

En tanto, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante (Renovación Popular), ha dicho que con estos pagos se están “desnaturalizando” los fondos públicos. “Cobra mayor sentido el proyecto de ley que presenté para que ningún sentenciado por corrupción sea dirigente de un partido político porque entiendo que como dirigente maneja fondos públicos y miren cómo lo están haciendo”, declaró.

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