El contralor general de la república, Nelson Shack, pidió al presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), que acepte su participación en la sesión de la Comisión Permanente donde se verá el dictamen enviado por el Poder Ejecutivo que afecta control concurrente.
A través de un oficio enviado al titular de ese poder del Estado, Shack indicó que el objetivo es sustentar de manera técnica el perjuicio directo que se le estaría ocasionando al Sistema Nacional de Control y a la lucha anticorrupción.
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Asimismo, lamentó que no se haya requerido, de manera formal, opinión legal a la Contraloría General de la República y advirtió que para el año 2025 se tendría que despedir a más de 5.300 auditores que actualmente desarrollan labores de control, reduciendo 21.000 servicios de control gubernamental programados en el Plan Nacional de Control 2025.
Del mismo modo, expresó su preocupación por la aprobación de dicha disposición propuesta por el Poder Ejecutivo “sin mayor espacio de debate y análisis”, y que tendría un impacto negativo en la autonomía y accionar del ente fiscalizador superior.
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Detalló que la propuesta del Gobierno contraviene las disposiciones en materia de control concurrente aprobadas por el Congreso, que ha permitido en los últimos años consolidar el proceso de reforma del Sistema Nacional de Control.
Señaló que el documento propuesto afecta el financiamiento de los servicios de control y el proceso de incorporación de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría, debido a que no se podrá garantizar su autonomía ni dotarlos de capacidad operativa, mediante la asignación de recursos materiales y humanos.
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“En tal sentido, le solicitamos pueda aceptar la participación presencial del suscrito, en la sesión de la Comisión Permanente que discuta el referido dictamen, a fin de sustentar de manera técnica el perjuicio directo que se le estaría ocasionando al Sistema Nacional de Control y a la lucha contra la corrupción”, sentenció.
Cabe indicar que entre las propuestas del Ejecutivo, se incluye una que recorta la capacidad operativa de la Contraloría, reduciendo el dinero que se destina para la labor de control concurrente de las licitaciones del 2% del valor total de la obra a un 0,5%.
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