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La Contraloría General de la República presentó un proyecto de ley ante el Congreso para incluir entre las conductas infractoras que pueden sancionar el que un funcionario designe o facilite el nombramiento de alguien de manera irregular o sin cumplir con el perfil adecuado requerido por las normas.
La iniciativa 05730/2023-CG presentada formalmente por el contralor Nelson Shack busca modificar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
El texto plantea incorporar nuevas conductas infractoras que podrán ser sancionadas directamente por esta entidad.
Contraloría presenta proyecto para sancionar más conductas.
En esa línea, plantea que el artículo 42 sobre infracciones se incluya la “omisión en la presentación o remisión de la documentación, los registros y/o la información” exigidos por las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Control.
Asimismo, en el artículo 46 sobre conductas infractoras, la Contraloría busca sumar nuevas prácticas que puedan ser sancionadas si son cometidas por funcionarios o servidores públicos.
Aquí se menciona el designar en el cargo, puesto o función pública a una persona con impedimento para acceder a dicho cargo, o que no cumpla con el perfil o requisitos requeridos, o “permitir o contribuir de cualquier forma para que se concrete dicha incorporación, designación, nombramiento, encargatura, asignación o contratación”.
Esta infracción sería considerada como grave y, si genera perjuicio económico o grave afectación, la infracción será muy grave.
Otras prácticas que esperan sean sancionadas es el incumplimiento funcional que paralice la inversión, el ignorar sin justificación disposiciones que regulan su actuación, conducir un procedimiento de selección sin cumplir la normativa vigente.
Asimismo, elaborar, aprobar o modificar documentación para la contratación de bienes, servicios u obras; o incumplir injustificadamente obligaciones o funciones referidas al proceso de transferencia de gestión.
Todas estas conductas incurren en responsabilidad administrativa funcional, si es que se aprueba la ley, y podrá ser potestad de la Contraloría General para aplicar sanciones.
