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La Contraloría General de la República advierte que si el Tribunal Constitucional (TC) le da la razón a la demanda contra la ley que le permite sancionar a funcionarios, se verían beneficiados los investigados por casos de corrupción cometidos durante el gobierno de Pedro Castillo.
En un comunicado, recuerda que el TC evaluará en una audiencia este 24 de agosto la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo durante la gestión de Francisco Sagasti dos días antes de que entregara el cargo a Castillo.
El recurso es contra la ley N°31288 que le permite a la Contraloría General ejercer sanciones ante 32 casos de faltas administrativas detectadas en funcionarios públicos.
Si el tribunal le diera la razón al Ejecutivo en esta demanda, la entidad advierte que se daría un “lamentable retroceso en el esfuerzo de varias instituciones y la sociedad en su conjunto por enfrentar decididamente la corrupción”.
La Contraloría destaca que la inconstitucionalidad de la norma podría beneficiar a investigados de los casos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo como Marka Group con 26 funcionarios del Fondo Mivivienda, Puente Tarata, Biodiésel con exfuncionarios de Petroperú, entre otros.
“Las graves consecuencias de una sentencia a favor de la inconstitucionalidad de la Ley N°31288, implicarían no solo dejar sin sanción administrativa a los casos de corrupción e inconducta funcional detectados, los cuales serían enviados al archivo, sino también, que las resoluciones de archivamiento puedan ser usadas por cuestionados funcionarios y servidores públicos ante el Sistema de Justicia para argumentar la nulidad de sus investigaciones, y así lograr impunidad”, aseveró.
Ante este riesgo, la Contraloría espera que los miembros del TC evalúen los argumentos en defensa de la ley que, según señalan, contribuye adecuadamente a luchar contra la corrupción, la impunidad y le permite sancionar efectivamente a malos funcionarios.
