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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano que dicte medidas provisionales para proteger la vida e integridad personal del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y su familia ante las amenazas que ha recibido desde el 2021 hasta ahora.
En su resolución del 4 de setiembre, la corte internacional requiere al Perú que adopte “de forma inmediata todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de Jorge Luis Salas Arenas” y su familia.
También que se mantengan los esquemas de seguridad y protección y los refuerce según sean necesarios, en coordinación con los beneficiarios a quienes se deberá informar cada tres meses.
Finalmente, que el Estado informe a la Corte IDH a más tardar el 29 de setiembre sobre la situación del titular del JNE y sus familiares.
El documento detalla que, durante el proceso en el cual evaluaron el pedido que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Salas Arenas, el Estado peruano presentó observaciones y solicitó que estas medidas a favor de Salas Arenas sean rechazadas.
La Corte IDH establece medidas a favor de Jorge Luis Salas Arenas.
La CIDH opinó a favor de las medidas y detalló todos los actos contra el juez supremo y titular del JNE desde el 2021 hasta la fecha, incluyendo amenazas de muertes, hostigamientos, acosos, actos de agresión y colectivos y multitudinarios en su domicilio y centro de labores.
El Estado, por su parte, recordó que adoptó medidas en marco de la medida cautelar que dispuso la comisión en julio del 2021, y que ante la Corte IDH no se precisó alguna denuncia formal ante el Ministerio Público para poder rastrear y hacer control efectivos de las amenazas.
Sin embargo, la corte determinó que la frecuencia de las amenazas y el tono de los mensajes recibido por Salas Arenas son “representativos de acoso selectivo, estigmatización y desprestigio en redes sociales y medios de comunicación, lo cual no debe ser ignorado por el Estado y activa su deber de prevención”.
Asimismo, que desde el 2021 y a pesar de las medidas adoptadas por el Estado peruano, se exacerbaron y aumentó la frecuencia de los actos amenazantes.
Por esto, la Corte IDH advierte que si se pronunciara en contra, podría dejar en riesgo a Salas Arenas y su núcleo familiar, por lo que ordenan a las autoridades peruanas que continúen con la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas.
