El Poder Judicial (PJ) ordenó la comparecencia con restricciones para Daniel Salaverry, asesor del presidente Pedro Castillo, quien viene siendo investigado por presuntamente haberse apropiado del dinero entregado por la Dirección General de Administración del Congreso a través de informes irregulares que habrían sido falsificados par a sustentar sus actividades durante la semana de representación que no se realizaron.
Esta mañana, Salaverry Villa, llegó a Palacio de Gobierno horas después de conocerse que Castillo Terrones decidió separar a Mariano González del cargo de ministro del Interior por conformar un Equipo Especial en la Policía Nacional para la captura de su sobrino Fray Vásquez Castillo, su exsecretario Bruno Pacheco y su exministro, Juan Silva.
El juez supremo de investigación preparatoria Juan Checkley, declaró fundado en parte el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos y dispuso que el expresidente del Congreso no se ausente de su lugar de residencia (Lima y Trujillo) sin autorización judicial.
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“En ese sentido, el imputado es obligado a permanecer circunscrito en el perímetro territorial de su domicilio a fin evitar el peligro de fuga y permite un control exacto de su ubicación, siendo el caso que si el imputado desea ausentarse, deberán pedir la respectiva autorización a este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria”, señaló Checkley.
Además, le prohibió comunicarse con los testigos de la investigación en su contra: Geanmarco Antonio Quezada Castro, Juan Carlos Llontop Gamarra, Luis Fernando Calderón Carvajal, Segundo Agustín Ortiz Ramírez y Ruth Fabiola Aguilar Coello.
Y es que, para el magistrado, “existe un riesgo razonable que el investigado pudiera influir sobre ellos” o inducirlos en su comportamiento y participación en las diligencias, sobre todo cuando la fiscalía informó que se requerirá ampliar las declaraciones de los testigos.
Salaverry Villa además, está conminado a concurrir el primer día hábil de cada mes ante el Juzgado Supremo para justificar sus actividades y cuando sea requerido para cualquier otra actuación en el proceso.
Finalmente, deberá pagar una caución de S/10,000 dentro de tres días hábiles para asegurar su sujeción a la investigación.
“Todas estas reglas son impuestas bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse la medida fijada”, advirtió el magistrado supremo.
Salaverry es investigado por los presuntos delitos de peculado doloso por apropiación, falsedad ideológica y falsedad genérica.
El caso se inició luego de conocerse que el extitular del Legislativo habría presentado informes fraudulentos para sustentar presuntas actividades que habría realizado en la semana de representación en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre de 2017, así como enero, febrero y marzo de 2018.