El 6 de setiembre acaba su periodo oficial, tras 5 años de ejercicio, y el Congreso debe elegir al nuevo defensor. Con tantos apremios y disensos, lo más probable es que los 87 votos que requiere quien lo suceda tarden meses en juntarse. Gutiérrez nos dice que está dispuesto a esperar al Congreso, pero que tampoco debe quedarse indefinidamente. Aún tiene muchas intervenciones por delante y nos cuenta algunas.
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-Se reunió con el presidente Castillo el martes pasado y dijo que este le habló de algunas medidas correctivas respecto a la carta de la Defensoría que reclamaba por las malas designaciones en el gabinete. ¿Seguimos esperando esas medidas?
Lo que dije fue que había sentido bastante receptividad respecto a lo que le planteé y a lo que decía el documento, y que tenía bastante expectativa. Escuchó todos los planteamientos que le hicimos, le planteé la necesidad de convocar al consejo de estado y le expliqué por qué: porque era una señal de gobernabilidad, de que el Estado no se trata solo del Ejecutivo.
–¿Él no tenía en su radar al consejo de estado?
En realidad, normativamente el consejo de estado no existe, pero desde Toledo ha venido reuniéndose con más o menos frecuencia y ha sido más o menos útil dependiendo de qué presidente lo ha liderado. No lo tenía en el radar, me parece; pero tomó nota. De hecho, puedo decir que me ofreció, creo que también al contralor [Nelson] Shack, que iba a convocarlo la semana que viene.
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–¿La reunión del presidente con el contralor [el mismo día, previa a la reunión con el defensor], está en la línea de respuesta a su carta?
Mi carta tiene un mensaje muy claro, que el poder en una democracia es controlado. Es cierto que el presidente tiene facultad para elegir a sus ministros pero no es una facultad sin límites, sin controles. La presencia del contralor es robusta para que el Ejecutivo comprenda que tiene límites. No es posible que para ser miembro del directorio de un banco se pida más requisitos que para ser ministro; no es posible que para ser notario se requiera muchos más requisitos que para ser ministro de estado.
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–De lo que se lee en su carta, para empezar, el primer ministro Guido Bellido no debería haber sido nombrado.
Esa carta no la hubiéramos enviado si considerábamos que ese gabinete estaba compuesto y alineado con lo que dice la Constitución y los principios que están sancionados en el TC y la Corte IDH. Estamos hablando de la administración pública, que tiene que garantizar derechos. Quien no milita en esos derechos no puede liderar políticas nacionales.
–¿Le habló específicamente al presidente de las incompatibilidades que tiene el primer ministro Guido Bellido?
Como usted comprenderá, no puedo revelar en detalle la conversación con el presidente, yo espero que pronto tome alguna decisión. Lo que puedo decir es que con la misma claridad de la carta, le hable al presidente sobre las observaciones que tenemos en la Defensoría, no a todo el gabinete, pero sí a varios ministros.
–El gabinete ha provocado que suenen tambores de guerra en el Congreso, que también preocupan. ¿La Defensoría tiene algún mensaje para ese poder?
Muchos hablan de la polarización del país. Yo creo que los que están polarizados son las élites, los vértices, los extremos. No creo que la ciudadanía esté polarizada y, en todo caso, eso hay que evitarlo porque estaríamos en serios problemas. Lo que vemos como Defensoría, es que a la ciudadanía le preocupa su salud, su trabajo, el bienestar de sus hijos. No está en temas ideologizados, políticos.
–¿En defensa de esa ciudadanía no polarizada, qué acciones planea la Defensoría?
Hemos transitado 5 años de crisis política y parece ser que, si las cosas siguen así, vamos a transitar 5 años más de crisis política, ambos poderes desoyendo el principio de colaboración. No los hemos elegido para que se peleen sino para que juntos materialicen nuestros derechos. ¿Qué iba a hacer la Defensoría? Me he reunido con la presidenta del Congreso y también hemos encontrado receptividad, no solo del presidente. Yo ya anuncié una iniciativa que busca establecer filtros a la designación de ministros, para que no haya excusas para los enfrentamientos y ambos poderes encuentren coincidencias. Esta norma plantea, en el fondo, un nuevo paradigma de la administración pública: que no se pueda acceder a ella sin que haya un filtro de legalidad y constitucionalidad. Por ejemplo, si usted va a encarnar la lucha contra la corrupción, evidentemente no puede estar inmerso en una investigación por corrupción; igual con el terrorismo. Hay que implementar lo que se conoce en la administración pública como el principio de idoneidad.
–¿Son filtros relativos a la importancia del funcionario y a la especificidad de su cargo?
En realidad, ya existen perfiles, pero de viceministros para abajo. A eso se refiere el contralor cuando habla de perfiles, pero para arriba, hay cargos de confianza y usted [o el presidente] puede elegir a quien estime, pero debe cumplirse ciertos requisitos. Debemos defender la democracia dentro de la democracia. Es una norma de filtros y de equilibrio de poderes. Lo planteo de esta manera: El gabinete busca el voto de confianza. Nosotros estamos diciendo que no hay pedido de confianza válido sin un gabinete válidamente constituido. Cuando usted presenta su demanda al PJ lo primero que hace el juez es un check list, falta algo y dice, ‘esta demanda es improcedente y ni siquiera me voy a pronunciar sobre el fondo’.
–¿Si esta ley estuviese vigente el gabinete Bellido sería improcedente?
No pasa el filtro, el tamiz de constitucionalidad no lo pasaría. El Congreso diría ‘es improcedente’. La historia está preñada de paradojas. La constitución del 93 se hace como un terno para el gobierno de Fujimori y pasamos de la del 79 que admitía 3 votos de confianza a 2 denegatorias. ¿Cuál es la paradoja? Que con esa constitución Vizcarra cierra el congreso de mayoría fujimorista. Entonces se trata de restablecer de alguna manera ese equilibrio que tenía la del 79.
–Si esa ley se aprobara, no estaría lista para salir de este primer escollo de la investidura.
No, aspiraría a que el Congreso lo haga bien, con vocación de futuro, sin festinar nada, que pase a comisiones, de ahí al pleno, que siga su curso normal y vayamos ganando institucionalidad.
–¿Percibió en su conversación con el presidente si este participaba de la idea de que su gabinete es de choque, efímero?
No se lo puedo referir, pero voy a darle una respuesta: sí he notado una preocupación por el país en el presidente, preocupación por si está dando los pasos correctos. En estos 15 días, ya que estamos hablando de paradojas, un gobierno que llega como un grito de protesta de desigualdades, de brechas, viene afectando a los más pobres con sus decisiones.
–Y con sus indecisiones.
Y con sus omisiones.
–¿La Defensoría tiene identificadas más áreas dónde hacer reclamos específicos al gobierno?
De hecho, estamos en el núcleo de nuestra tarea. El Art. 162 de la Constitución le da 2 competencias a la Defensoría; la que más se conoce, es garantizar derechos; pero hay otra muy importante, que es ocuparnos de la buena marcha de la administración. Esa es la tarea ahora: activar todo el control de poder. Por eso, felicito que el contralor esté activado, y la JNJ y la fiscalía. Necesitamos activar el control.
–Una manera de activar el control, cuando no se puede hacer de modo directo, es exigir transparencia. ¿Le preocupó que el presidente despachara unos días en una casa sin registro de visitas?
Es un tema que he hablado directamente con el presidente, lo puedo decir. La transparencia es a la democracia lo que la opacidad o nocturnidad es al autoritarismo. Le hemos dicho que en el Art. 2 de la Constitución inciso 4, hay un mandato reforzado que es la libertad de prensa, libertad de información y no censura. Limitar la libertad de prensa, la actividad de los periodistas, ponerle rejas de por medio, es una actitud contraria a la Constitución.
–Además de eso, se cambien las fechas del consejo de ministros sin dar explicación, todo eso afecta la predictibilidad.
El hecho de que no haya una agenda y que no estén activadas del todo las oficinas de prensa, constituye un problema para la libertad de información.
–Quien ocupa el poder puede poner su agenda, ¿y la Defensoría puede reclamarle que la haga pública y a cumpla?
Hemos sacado un comunicado muy fuerte sobre esto y no nos vamos a quedar ahí. Este es el primer paso, estamos obligados a que esos derechos se hagan efectivos, no solo desde el punto de vista declarativo.
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–¿Encuentra razones para preocuparse por la libertad de prensa?
Hay razones y hechos objetivos, que son los que estamos conversando; sino, no hubiéramos sacado un comunicado. Y si no encontramos señales prontas de apertura, vamos a tomar otras medidas. Un gobierno democrático tiene que estar sometido a un control y también a la vigilancia de los medios, de los ciudadanos. La autoridad tiene que tolerar el escrutinio y la vigilancia. Luego, tiene que garantizar el pluralismo de opinión, no solo la que me gusta, la que me soba la espalda; todas las opiniones en la medida en la que no cometan infracciones. En la democracia, las autoridades tienen que comunicar las políticas públicas, para eso están ahí. Un silencio genera incertidumbre, inseguridad. Si tenemos discursos disímiles, por un lado el ministro de Economía, por un lado el primer ministro; quien endereza y ordena todo es el presidente.
–Una preocupación ciudadana es saber a ciencia cierta hasta donde llega el poder decisorio de Vladimir Cerrón, con todos los cuestionamientos judiciales que tiene. ¿Cómo abordaría la Defensoría esta preocupación?
Quien tiene que resolver esto, en primerísimo lugar, es el presidente de la república. No es admisible que desde fuera de la esfera formal del gobierno se esté anunciando cómo se va a diseñar una política nacional o la política exterior. El art 118 de la Constitución desagrega todas las competencias del presidente y esa es una. El presidente dirige la política exterior. Esto lo hemos conversado. Entonces, por omisión, no se puede asumir una competencia suya. ¿Dónde está el canciller? La silla no puede estar vacía.
–Buen ejemplo. Cerrón dio por hecho que el Perú se retiraba del Grupo de Lima pero no hay ningún anuncio oficial y algunos actores reaccionaron en función de su tuit.
Si en este momento alguien asumiera una función de la Defensoria, yo tendría que salir a decir, ‘un momentito, esa no es competencia suya’. Para que no se genere vacío en esa silla de la cancillería, es que tienen que salir y pronunciarse. Yo no admitiría que alguien asuma una función de la Defensoría y callarme.
–Frente a eso, ¿una interpelación en el Congreso es comprensible?
No quisiera entrar en este terreno porque el Congreso es el epicentro de la política, y yo me dedico a la política de una forma más institucional, de control del poder.
–Pero ha conversado con la presidenta [María del Carmen] Alva. ¿Le dijo que era necesaria una actitud reflexiva?
Estamos en una situación difícil, pero tengo la expectativa de que las instituciones se comporten a la altura del momento y que el Congreso entienda la figura de la colaboración y del control.
–Frente a la incertidumbre y los comprensibles miedos, ¿cómo defendernos, hay acciones adicionales a las que me ha mencionado?
En realidad, ya lo estamos haciendo. Se lo he dicho al presidente: somos colaboradores críticos del Ejecutivo. No somos parte del Ejecutivo y en esa medida vamos a ir escalando en nuestras acciones; subrayo eso, de un comunicado y un señalamiento, pasaremos a una iniciativa legislativa y pasaremos a una siguiente medida y otra medida, sin titubeo.
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