La Defensoría del Pueblo viene recibiendo serias críticas por el despido de la secretaria general del sindicato de trabajadores. (Foto: El Comercio)
La Defensoría del Pueblo viene recibiendo serias críticas por el despido de la secretaria general del sindicato de trabajadores. (Foto: El Comercio)
/ MANUEL MELGAR
Redacción EC

Extitulares en funciones de la y extrabajadores de la institución rechazaron el despido de la secretaria general del sindicato, Magali González Manco, el cual calificaron de “arbitraria” e “ilegal”.

En un pronunciamiento conjunto, indicaron que la entidad históricamente se ha caracterizado por el respeto de los derechos de sus trabajadores, el diálogo y la prevención de conflictos socio-laborales.

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“En ese sentido, repudiamos la decisión de impedir que la secretaria general del Sindicato de la Defensoría del Pueblo continúe cumpliendo sus funciones laborales y sindicales. La arbitraria decisión de no renovar su contrato, no se condice con la cultura respeto y defensa de los derechos fundamentales que siempre ha promovido esta institución”, señalaron.

Asimismo, precisaron que la medida aprobada por la entidad dirigida por Josué Gutiérrez es un “atropello” y “vulnera gravemente” la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos y las normas laborales vigentes.

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“Los líderes sindicales no pueden ser cesados de forma arbitraria, pues cuentan con protección legal nacional e internacional. En este caso, la no renovación del vínculo laboral apelando a su ‘supuesta’ naturaleza temporal, constituye un despido ilegal, y una clara represalia por la actividad que la secretaria general venía desarrollando”, subrayaron.

Del mismo modo, insistieron en que el despido de la secretaria general del sindicato daña el mismo núcleo de la actividad institucional, pues “afecta gravemente” su legitimidad social en tanto denota un proceder antisindical de intolerancia hacia la crítica –cuando no, de censura- y a las posiciones que dicho gremio sindical ha venido expresando y manteniendo en relación con la conducción de la institución y su posicionamiento frente a actos de relevancia por la ciudadanía.

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“En consecuencia, demandamos a la actual gestión de la Defensoría del Pueblo encabezada por el Sr. Josué Gutiérrez a dejar sin efecto dicha medida e instaurar un mecanismo de diálogo con el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo y sus representantes, a fin de preservar la institucionalidad defensoríal de cara a cumplir con su mandato constitucional bajo un clima de respeto, diálogo y paz”, sentenciaron.

Entre los firmantes figuran los exdefensores del Pueblo Walter Albán, Eduardo Vega Luna y Eliana Revollar, además del exministro Gino Costa, el exviceministro Iván Lanegra Quispe, entre otros.

Defensoría se defiende

En un comunicado, la Defensoría del Pueblo afirmó que es respetuosa y respalda los derechos laborales de todos los trabajadores en el Perú, entre ellos, y con mayor razón, los del personal que presta labores bajo diversos regímenes en la institución.

También aseguró que el despido de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo se debe al recorte del presupuesto otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el 2024, lo que ha “obligado” a dar por concluida las labores de 42 funcionarios.

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“En ese sentido, la Defensoría del Pueblo comunica que el presupuesto solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el periodo fiscal 2024, no ha sido aprobado en su totalidad, muy por el contrario sufrió un significativo recorte; situación que afecta los ingresos ordinarios de nuestra entidad, entre ellos los orientados al pago de planillas”, expresó.

“Esta situación, ha obligado a nuestra institución a dar por concluida las labores de 42 trabajadores cuyos contratos vencen el 31 de diciembre del presente año, incluido el caso de la trabajadora, cuya situación ha sido expuesta en los medios de comunicación”, agregó.

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Finalmente, manifestó que “buscará indesmayablemente” que el MEF acceda a una ampliación de presupuesto, a fin de poder contar nuevamente con el personal suficiente que le permita desarrollar sus funciones.