“La crisis violenta de Ecuador provocó una iniciativa: convocar a Lima a los cancilleres de Ecuador, Colombia y Bolivia. Que en el intercambio con los vecinos se ordene el plan para la seguridad de nuestra casa”.
1. Hey, escuchen, ‘yo soy G to G’
‘Government to government’ (gobierno a gobierno) es una forma de emprender obras públicas contratando a un ente público de otro gobierno que convoca a empresas de su mercado. Así se facilita notablemente la tramitología y entran a tallar el conocimiento, el prestigio y los estándares de países desarrollados. En un páramo de megaobras paralizadas y funcionarios aterrados ante el papel que espera sus firmas; el ‘G to G’ es un mito de solución.
Chavimochic, la gran obra de irrigación que une 4 valles (Chao, Virú, Moche y Chicama, he ahí su etimología) de La Libertad está completada en sus dos primeras fases, pero falta la tercera para que impacte en grande. La semana arrancó con el anuncio de que el gobierno de Canadá ha asumido el trato. Boluarte, Otárola y sus ministros están hablando de ‘destrabe’ cada vez con mayor insistencia. Súmese ese término a ‘hambre’, ‘anemia’, ‘pobreza’ y ‘vacunas’ en el léxico gubernamental. ‘Inseguridad’ debiera mencionarse más, pero no es el caso.
La ministra de Agricultura, Jennifer Contreras, ha dicho, además, que se espera que ante la noticia de Chavimochic, los arequipeños ayuden a impulsar una salida similar para el proyecto Majes-Siguas. Más difícil le está resultando a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, destrabar algo tan aparentemente sencillo como la digitalización total de la venta de entradas a Machu Picchu y su concesión a la plataforma Joinnus. Los dirigentes de Aguas Calientes, el pueblo próximo, no son los únicos que se oponen. Ellos reclaman, a toda costa, mantener su sistema paralelo de venta presencial. También lo hacen congresistas cusqueños entre los que está el presidente del Congreso, Alejandro Soto y Luis Aragón, de AP, que promete impulsar una interpelación a la ministra. De este tipo de promesas/amenazas hay varias y no destruyen la colaboración que prima entre gobierno y Congreso.
2. Rutas y disputas limeñas
Lima cumplió 489 años el jueves. Dos días antes recién se produjo una reunión entre el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, y el alcalde Rafael López Aliaga. Este había sido contundente al rechazar el plan de cierre de vías y desvíos para la construcción de la estación central subterránea de la Línea 2. Conciliaron en restricciones menos severas y largas, y en que el gobierno tome interés en algunos proyectos municipales. El lío de los peajes de Rutas de Lima, con coincidente aumento de tarifa (lo veremos en otra crónica), le dio un amargor a los festejos. La ley que destina 3% del IGV del comercio en el Centro Histórico a un fondo para invertir en su mantenimiento, mejoró el balance.
Los festejos limeños no pueden ignorar que, según todas las últimas encuestas, se mantiene una polaridad entre la capital y las regiones, especialmente el Sur, que desaprueban al poder con sede en Lima bastante más que lo hacen los locales. Aunque las principales preocupaciones de los peruanos (inseguridad, recesión, corrupción) son transversales a todas las regiones, la percepción sobre la capacidad y responsabilidad del Estado para combatirlas, difiere sensiblemente. Para poner un ejemplo, en el último sondeo de Datum, la aprobación de Dina Boluarte en Lima/Callao es de 13%, mientras que en el Norte es de 10% y en el Sur desciende a 5%. Polaridad similar entre niveles socioeconómicos A y E. La presidenta no reacciona a las encuestas pero sí cuando se le habla de su hermano Nicanor y sus andanzas con prefectos. Acusó a la prensa de difamadora.
3. PASO, Petroperú
El fin de la legislatura y el receso legislativo no evita promulgaciones de lo que ya había sido votado y aprobado. El Ejecutivo, sin objetar nada de la cancha ajena, promulgó la ley que elimina las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) que se habían convertido en una esperanza esquiva. Estuvieron aprobadas por ley desde antes de la pandemia pero nunca se llevaron a cabo. Sin embargo, la ley que las elimina sí mantiene una valla que podría aminorar la cantidad de candidatos aunque se las arreglarán para saltarla: 10% del número de afiliados al padrón si se trata de elección en la modalidad de ‘un militante un voto’ o 10% del número de delegados si se trata de la modalidad de elegir a través de estos.
Esta reforma novedosa antes de las elecciones generales coincide con una contrarreforma: ya no se necesitarán alrededor de 24 fichas de afiliados para inscribir un partido sino que se vuelve a la anterior alta valle de alrededor de 800 mil firmas. Mientras rigió la valla más asequible de las fichas se inscribieron algunas organizaciones nuevas y se reinscribieron otras como el APRA y el PPC; pero los actuales partidos con representación en el Congreso no quieren competencia para el 2026.
Petroperú y su barril sin fondo de la refinería de Talara siguen generando polémica al insistir, por acuerdo de su directorio, en pedir un rescate de alrededor de $2,500 millones. Alberto Otárola dijo que se ha formado un grupo de trabajo que debe recomendar una solución que, a todas luces, el gobierno aún no la tiene. Tampoco se la tiene para la crisis de inseguridad, que desborda a cualquier gobierno, pero esperábamos más de la gestión de Víctor Torres Falcón. La crisis de Ecuador provocó una iniciativa en el marco del Pacto Andino: convocar a Lima a los cancilleres de Ecuador, Colombia y Bolivia. Que en el intercambio con los vecinos se ordene el plan para la seguridad de nuestra casa.
