Dina, ¿antes o después de Pedro? Una crónica de Fernando Vivas

Vladimir sin ti

Desde la segunda vuelta, Dina le hizo varias señas a Pedro Castillo de que con Vladimir Cerrón no iba a llegar a buen puerto y lo mejor era construir un frente de centro izquierda. Estuvo dispuesta a ser su primera ministra el 29 de julio, pero Pedro prefirió honrar su pacto con Vladimir y nombró a Guido Bellido. Esa fue una patada en las espinillas de todos sus aliados progresistas, incluyendo las de Dina. Por eso, ella, con Aníbal Torres y los ministros de Nuevo Perú, conspiraron notoriamente para que cayera Bellido. Lo lograron y juró Mirtha Vásquez. Pero, cuando Pedro decidió unilateralmente romper con los progresistas, Dina y Aníbal tomaron rutas distintas. Ella había roto lazos con Perú Libre (ellos dicen que la expulsaron, ella dice que renunció), y él pactó con Cerrón para llevar la fiesta en paz mientras fuera premier.

LEE TAMBIÉN | Debate de 7 candidatos a la alcaldía de Lima debaten este domingo

Desde comienzos de año, algunos amigos de Boluarte le aconsejaron tomar distancia de Castillo. Pero ella escucha a voces discordantes, entre las que está la de su hermano Wigberto, que fue viceministro de Trabajo de PPK. Los primeros veían una transición inminente y un deterioro del gobierno asolado por cargos de corrupción que podrían devorarla aún cuando no estuviera implicada en ellos. Dina no les hizo caso a los primeros; aunque sí admitía que fue una metida de pata haber declarado, efusivamente en un viaje en diciembre a Puno, “si al presidente Pedro Castillo lo vacan, yo me voy con él”. Hasta ahora, varios partidarios de la vacancia dicen que, de llegar el momento, ella tiene que honrar esa promesa. La dan por auto vacada.

Para contrarrestar su arrebato castillista a destiempo, los mismos amigos le sugirieron a Dina, a comienzos de año, que deje el MIDIS. Ella se resistía, porque está cómoda con la proyección política del ministerio y con sus ingresos, como ya vimos. De allí las escenas y berrinches que me contaron. Por supuesto he querido confirmar todo lo que les cuento con ella misma, pero su aparato comunicativo me dice que no dará declaraciones. En su aparición en un reportaje de “Punto final”, en un viaje de trabajo a Puno, fue tan evasiva, que se corría del reportero apapachando ‘wawas’ y adultos mayores. Dijo que está a favor de la lucha contra la corrupción ‘caiga quien caiga’ pero no se atrevió a calificar de corrupción lo que tiene ante sus narices, sino repetir el sambenito de ‘que se investigue’. Más tibia que Lady Camones ante César Acuña.

¿Y si se va antes que Pedro?

La gran ironía de Dina sería irse antes que Pedro, la sucesora cayendo antes que el sucedido, luego de especular tantos meses sobre qué haría de quedarse en su lugar, como la Constitución y la tradición manda. Como bien saben, apareció a fines de mayo una acusación constitucional, presentada por Norma Yarrow de Avanza País, pidiendo la inhabilitación de Boluarte por haber hecho gestiones, siendo ministra, en nombre del Club Apurímac, del que fue presidenta hasta que asumió la conducción del Midis. Dina nació en 1962 en Chalhuanca, capital de la provincia apurimense de Aymaraes y se toma en serio sus raíces. De ahí que, cuando fue ministra, se prestó –hasta donde ha admitido- a ayudar al club con la regularización de trámites que solo su ex presidenta podía hacer.

MÁS EN POLÍTICA: Claves de la acusación constitucional contra Dina Boluarte

Si se interpreta la Constitución y la ley con extrema severidad, las gestiones de Dina por sus paisanos generan una causal de incompatibilidad con la exclusividad del cargo ministerial, y deben sancionarse hasta con la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que la dejaría sin opción de suceder a Castillo en caso este renuncie, lo vaquen o suspendan. Si se interpreta la normativa con ponderación, se puede asumir que no hizo una gestión paralela a su dedicación ministerial, sino meros trámites de regularización que solo ella podía cumplir, y, se la absuelve o amonesta. Ambas interpretaciones son legales si se las fundamenta con rigor. La definición es política y a ello vamos.

Los mismos amigos y asesores de Dina que le aconsejaban que deje el Midis en el verano, morigeraron su opinión. El cargo le daba el poder y los recursos humanos (defensa legal, enlaces parlamentarios, vitrina mediática) que no le daba el ser mera vice. Era urgente que ella, personalmente o a través de intermediarios, hiciera una ronda con las bancadas para exponer sus argumentos contra la acusación constitucional. Me contaron que habló hasta con Vladimir Cerrón con quien guardaba distancia desde el año pasado. Ese cabildeo dio la inevitable impresión de que estaba tejiendo sus respaldos ante la caída de Pedro Castillo; pero, en primer lugar, buscaba (y lo sigue buscando) salvarse de la inhabilitación. A la larga, salvarse de la guillotina congresal también es asegurar su sucesión. Por cierto, también me cuentan que hay políticos que han cabildeado en nombre de ella, pero sin su consentimiento, como el ex congresista y líder de UPP, José Vega Antonio.

La defensa de Dina no se concentró solo en el Congreso. Uno de sus abogados, el ex ministro de Defensa, Alberto Otárola, planteó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una queja porque el Congreso no estaría cumpliendo el debido proceso, al no habérsele proporcionado a tiempo la documentación que sustentaba la acusación, entre otros detalles que este me ha explicado. La Comisión, a diferencia de la Corte IDH, no da sentencias sobre el caso específico, sino recomendaciones al Estado peruano, que podrían obligar, en un plazo de semanas o días, a que el Estado pida al Congreso implementar formalidades favorables a Boluarte. Sin embargo, este proceso puede tomar más tiempo del que tomaría el proceso local si le dan la viada que pretende el bloque vacador con la consigna ‘Dina caerá primero’. ¿Pero, realmente, todos los vacadores, creen en que ‘Dina caerá primero’? Les cuento por qué creo que no es así.

Rosío y Édgard

Cuando Yarrow presentó la acusación, esta corrió rápido. En poco tiempo, el 14 de junio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), la declaró procedente, y el proceso siguió corriendo. Lo más significativo y polémico ocurrió cuando se decidió cuál de los 17 miembros de la comisión debía elaborar el llamado informe de calificación de hechos y pruebas. La presidenta de la SAC, Rosío Torres, de APP, propuso a Édgard Reymundo de la bancada Cambio Democrático-JP. Se votó y salió elegido.

A ver, un momento, ¿Rosío Torres, del bloque opositor, planteó a Reymundo, congresista de izquierda, para elaborar el informe acusatorio de la compañera Dina? Se puede presumir que Reymundo, ex congresista de UPP y del humalismo entre 2006 y 2011, hombre de izquierda sin atadura con Castillo pero solidario con una progresista urgida de respaldo, va a inclinarse a la interpretación ponderada. La derecha, comprensiblemente, puso el grito en el cielo y pidió una reconsideración del voto. Esta se hizo, y la propia Torres, que había propuesto a Reymundo, cambió de opinión y votó en contra de él. Pero Édgard se quedó. Según el reglamento, las reconsideraciones de votos requieren más que la mayoría simple con la que se ganó la primera votación. La derecha perdió y la izquierda mantuvo a Reymundo. Él será quien haga –en estos días lo debe estar entregando- el informe de calificación de hechos y pruebas, y luego de las audiencias del juicio, debe hacer el informe final recomendando que se la sancione con inhabilitación o no. Una fuente cercana a este proceso me contó que la mayoría opositora de la comisión quiere sacar a Reymundo de la decisiva parte final, pero el Art. 89 inciso d.5 del reglamento del Congreso, dice claramente que el mismo congresista que hace el primer informe es quien hace el último.

Rosío Torres llegó a decir, en una entrevista en Willax, excusándose de hacer trastabillar la consigna ‘Dina caerá primero’, que Reymundo le había pedido por escrito ser el ponente del caso. Ello resultó falso. Una fuente me ha mostrado un documento, firmado por Torres, en el que la congresista se retracta de la versión que dio en Willax. Sea por falta de cálculo, porque se le ‘chispoteó’, o por velado afán de dar una mano a la defensa de Boluarte; gestos como el de Torres han alimentado la ojeriza que la bancada de Avanza País tiene contra APP, cosa que quedó muy de manifiesto en la reciente censura de Lady Camones, que contó con su aval parcial.

Reymundo, cumpliendo el reglamento del Congreso, será quien fije qué hechos, pruebas y testigos acuden a las próximas audiencias donde Dina Boluarte se defenderá de los cargos de Norma Yarrow. Entre los testigos, habrá un representante del Club Apurímac que asegurará que la ministra y vicepresidenta no hizo gestión sino mera rúbrica de regularización, y Yarrow presentará a quienes sostengan que no solo hubo papeleo burocrático que solo Dina podía hacer para sus atribulados paisanos, sino gestión de ministra que se distrae de su cartera.

La consigna ‘Dina caerá primero’ sigue vigente en el bloque vacador y ha provocado, en lugar de apuro, dilaciones en el proceso. ¿Por qué lo digo? Porque ha demorado la instalación de la SAC para el segundo periodo congresal, debido a que el bloque vacador promovió un rediseño de esta. Ahora, en lugar de 17 tiene 25 miembros. Una fuente me contó que al haber nuevas bancadas de izquierda en el Congreso y siendo que cada bancada debe tener al menos un representante en la SAC, la correlación podía volverse favorable a Dina y a cualquier causa de la izquierda. Al aumentar a 25 miembros, la derecha aumenta sus representantes y se aseguran de mantener la mayoría.

Esta historia marca un patrón en el año que conocemos a Boluarte: su apego a quedarse con soga y cabra. Primero, estuvo a punto de ser excluida de la plancha presidencial por pedir licencia y no renunciar a su trabajo en Reniec. Se salvó porque la autoridad electoral consideró que su cargo en Reniec era de segunda línea y estaba fuera de la inhibición de participación política que la ley manda para directivos de los organismos electorales. Pero, una vez que ganó, Dina quiso que la licencia que había sido de pocos meses, se extendiera a 5 años. Se la negaron y ella entabló un proceso contra Reniec. Perdió y prefirió renunciar a su puesto.

Luego, vemos que no ha querido soltar el Midis y se ha mantenido en él porque tuvo que pedírselo al presidente del que muchos le recomiendan que se aparte. Tampoco quiso soltar del todo al Club Apurímac y miren lo que le ha pasado: una acusación constitucional que podría dejarla sin soga, cabra, corral y chacra. Si hay algo a su favor es que, a pesar de no haber tomado la prudente distancia con Castillo para ganar la confianza del resto del espectro político, hay bancadas de centro, que se preguntan a sí mismas, para que quemar la alternativa de Boluarte inhabilitándola, cuando podrían salvarla ahora, y, llegado el momento sucesorio, tener dos alternativas: soportar a Boluarte por poco tiempo, vacándola o forzándola a renunciar; o negociar a la vez con ella y con la cabeza del Congreso, los términos de la transición. A ver quién ofrece más votos por el futuro del Perú.