Dina Boluarte: las reuniones que prueban la injerencia de la presidenta en el Eficcop

El origen del Caso Los Waykis en la Sombra, por el que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, fue detenido el viernes en el operativo Valkiria-Jericó, es parte de una historia que empezó dos meses atrás, cuando el también detenido Mateo Castañeda, abogado de la mandataria en el Caso Rolex, se contactó con policías que apoyan al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Castañeda, con el aval de la presidenta, según fuentes consultadas por El Comercio y las pruebas que el Eficcop tiene en su poder, buscaba principalmente que se archivara la investigación abierta a Nicanor Boluarte en noviembre del 2023 por los delitos de colusión agravada y tráfico de influencias. La pesquisa está a cargo del equipo que dirige la fiscal Marita Barreto.

En los contactos establecidos por Castañeda no solo se evidencian las injerencias de Boluarte para beneficiar a su hermano, sino también cómo intentó entorpecer el trabajo del Eficcop y los policías que lo apoyan, así como la labor de la Fiscalía de la Nación, donde la mandataria es investigada por el Caso Rolex.

Castañeda buscó que se archivara la investigación del Eficcop a Nicanor Boluarte “ofreciendo acuerdos ilícitos” a los coroneles PNP Walter Lozano y Harvey Colchado, quienes eran parte del equipo de policías que apoyaba al equipo especial, señala la resolución judicial del operativo Valkiria-Jericó. A cambio, les ofreció beneficiarlos en sus carreras policiales.

De acuerdo con las fuentes de este Diario, a inicios de febrero Castañeda se comunicó con alguien que conocía a Lozano, con quien el abogado quería reunirse. Según conoció este Diario, la cita se concretó el 6 de ese mes en el restaurante La Terraza del Pardo, en Miraflores. Allí le pidió a Lozano que la indagación al hermano de la presidenta pasara del Eficcop a la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima. A cambio, se le ascendería al grado de general. Lozano le dijo a Castañeda, para despistar, que no creía que hubiera problemas. El abogado también pidió que le diga a Colchado, quien dirigía el grupo de policías del Eficcop, que “lo iban a cuidar”.

Lozano comunicó al Eficcop sobre la solicitud, por lo que se optó por convertirlo en agente encubierto.

En este punto, desde el Eficcop decidieron abrir una carpeta secreta del caso, que derivó en el operativo Valkiria-Jericó.

La indagación a Nicanor Boluarte no se movió del Eficcop, así que Castañeda buscó contactarse con Colchado. La aproximación se dio a través del exministro del Interior, el general PNP en retiro Carlos Morán, quien concretó el nexo.

Entre Castañeda, Morán y Colchado hubo más de un encuentro. Según las fuentes de El Comercio, en las citas Morán y Colchado actuaron como agentes encubiertos del Eficcop.

Existe un chat de WhatsApp, del 12 de marzo, en el que Morán coordina con Colchado un almuerzo en el restaurante Pescados Capitales de Miraflores. Se realizó el jueves 14 y la reserva estuvo a nombre de “Mateo”.

En el almuerzo participaron los tres. En un momento, según las fuentes, Morán se retiró y Castañeda y Colchado se quedaron solos. Ahí, el abogado le pidió que se “cuidara” a Boluarte. También le preguntó por qué no se había trasladado la investigación al hermano de la mandataria a una fiscalía anticorrupción (el abogado Ronal Cabrera Tejada presentó un escrito con ese requerimiento). Colchado contestó que la indagación todavía estaba en fases iniciales, pero que creía que podía archivarse. “Eso se le dijo para seguirle la corriente”, dijo una fuente de El Comercio.

Después, Castañeda le pidió a Colchado, a través de Morán, que le dé una prueba de que se podría “cuidar” a Nicanor Boluarte, ya que la presidenta Dina Boluarte no confiaba en el coronel PNP. Por esto se pactó una nueva reunión, esta vez en el estudio de Castañeda, de la avenida Pardo, en Miraflores. En esa cita estuvieron Castañeda, Morán, Nicanor y Dina Boluarte.

Según fuentes de El Comercio, Morán llamó a Colchado en el encuentro. Lo puso en altavoz para que la mandataria lo escuchara. Colchado repitió que la pesquisa a su hermano estaba en fases iniciales.

Este Diario pudo conocer que el exministro del Interior declaró de manera reservada al Eficcop como parte de la investigación del caso.

En el documento policial del operativo Valkiria-Jericó se indica que Castañeda le informó “al agente encubierto Carlos que se encontraba en representación de la presidenta Dina Boluarte y manifestó, como pedido expreso de la mandataria, el archivamiento de la carpeta fiscal 11-2023, a cargo del Eficcop, en la cual se investigaba a su hermano Nicanor Boluarte”. A cambio, “utilizando el poder como máxima autoridad del Estado y jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ofrecía protección”.

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Semanas después del encuentro en su estudio, Castañeda volvió a pedir una reunión con Morán y Colchado, la cual se efectuó el 26 de abril en el Centro Aeronáutico del Perú, ubicado en la cuadra 10 de la avenida Javier Prado Oeste, en San Isidro.

En la cita, Castañeda fue más allá del caso de Nicanor Boluarte. De acuerdo con las fuentes, pidió un “intercambio de figuritas”. A Colchado le solicitó información “personal y laboral” sobre el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y del fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza. A cambio de encontrar algo que pudiera “perjudicar” a Villena y Mendoza, Castañeda le dio a entender a Colchado que podían mantenerlo en actividad, ya que en diciembre se dan los pases al retiro en la PNP.

Al momento de la cita, la Fiscalía de la Nación ya investigaba a Boluarte por el Caso Rolex. Por la pesquisa, el 29 de marzo se allanó su casa, operativo en el que Colchado participó como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP.

A mediados de abril, Colchado fue separado como jefe de la Diviac y del grupo de policías del Eficcop por un proceso disciplinario que Inspectoría PNP le abrió.

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Al respecto, en su declaración del 29 de abril, el testigo protegido 05-2024 del Eficcop declaró que sabía que el teniente general Jhonny Veliz, jefe de Inspectoría PNP, conversó con la presidenta Boluarte y ella le habría dado órdenes expresas de “buscarle la sin razón, la falta, para que le abran procesos administrativos al coronel Colchado y lo tumben”. Asimismo, Boluarte habría indicado que “le abran procesos y que, si no tiene, que le creen, y en diciembre de este año le den de baja de la policía”.

Contra el Eficcop hay otra decisión de Boluarte: un día antes de la detención de su hermano, la mandataria desactivó el grupo policial que lo apoya. Por esta decisión, la Fiscalía de la Nación le abrió una nueva investigación a ella.

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Para Miguel Pérez Arroyo, abogado de Colchado, los ofrecimientos de Castañeda a su defendido y al coronel Lozano son hechos que “están conexos con la presidenta”.

“Él hace un ofrecimiento para que, a partir de las conductas de obstrucción, de manipulación o incluso de archivo de una investigación, puedan ascenderlos a generales [...]. El único que nombra un general no es el ministro del Interior, ni el director de la Policía, es la presidente de la República, con lo cual obviamente aquí hay una dirección sumamente concreta en lo que significa el ejercicio del poder delegado en este abogado”.

“La sanción a Colchado por el tema de la torta [de cumpleaños], la manipulación de los procesos o desactivar el apoyo de los policías al Eficcop, así como la convocatoria el día martes del jefe de la Diviac a Palacio de Gobierno, el coronel Franco Moreno Panta, quien felizmente no se dejó amilanar por el poder [...], son la clara demostración de manipulación, entorpecimiento y obstrucción a la justicia que obviamente el Ejecutivo tendrá que responder”, agregó Pérez.

La agenda de la presidenta Dina Boluarte no registraba actividades oficiales ayer, pero sí tuvo una extraoficial. Según conoció este Diario, ayer acudió al estudio de su abogado Mateo Castañeda, en Miraflores, aunque no se conoce el motivo. En el lugar, la mandataria se sorprendió al encontrar a policías y fiscales, por lo que optó por retirarse rápidamente. La oficina de Castañeda, detenido el viernes, fue allanada como parte de una orden judicial del juez Richard Concepción.

Hasta el cierre de esta edición, la mandataria no había declarado sobre el hecho.

Castañeda y Nicanor Boluarte estuvieron en la audiencia de control de identidad del Poder Judicial.

Tras la audiencia, Castañeda dijo: “Rechazo todos los cargos. Si hay algo que investigar, se investigará, pero esto ha sido una emboscada del coronel Harvey Colchado. [...] Soy un daño colateral de una pelea por el poder”. Además, pidió que un médico lo examinara por sus problemas de salud.

Nicanor Boluarte solicitó lo mismo. Si bien este último no declaró ayer, el viernes, tras ser detenido, negó que integrara una organización criminal, como el Eficcop le atribuye.

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