La presidenta Dina Boluarte fue incluida en investigación del Ministerio Público por financiamiento prohibido de organizaciones políticas agravado. (Foto: El Comercio)
La presidenta Dina Boluarte fue incluida en investigación del Ministerio Público por financiamiento prohibido de organizaciones políticas agravado. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

El tercer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos abrió investigación a la mandataria , al expresidente y al empresario por presunto financiamiento prohibido.

Según la disposición fiscal a la que accedió El Comercio, se imputa a la jefa de Estado el presunto delito de lavado de activos, a título de autora, por la comisión de “actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia” de dinero ilícito.

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Asimismo, Boluarte Zegarra se le imputa el presunto delito de organización criminal, en calidad de coautora, pues habría recibido dinero en efectivo a través de transferencias o depósitos bancarios, a fin de financiar sus gastos personales o de campaña.

Por su parte, a Castillo Terrones se le imputa el delito de organización criminal, pues habría tenido la función de colíder y de ser beneficiario del dinero presuntamente obtenido de manera ilícita.

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Al vacado expresidente también se le imputa el delito de lavado de activos por la comisión de “actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia” de dinero, el cual habría sido recabado, entregado o transferido a favor de Arturo Cárdenas Tovar.

En el caso de Henry Shimabukuro, se le imputa el delito de organización criminal agravado, en calidad de financista, por la presuntas transferencias y entregas de dinero en efectivo a la campaña de Dina Boluarte.

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Del mismo modo, a Boluarte Zegarra, Castillo Terrones y Shimabukuro se les acusa del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas agravado. El documento fiscal también exhibe las contradicciones de las declaraciones de la presidenta, quien niega haber recibido dinero del empresario.

Entre las diligencias a realizar figura consultar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) si los investigados han efectuado aportes a la campaña de Perú Libre o a favor de los candidatos de ese partido entre el 2020 y 2021.

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También se solicitará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que remita las hojas de vida de Pedro Castillo y Henry Shimabukuro, y que la Contraloría General de la República haga lo mismo con sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, entre otras.

Igualmente, se programó la declaración testimonial de Maritza Sánchez Peralta para el 10 de abril a las 9:30 a.m., donde deberá detallar los aportes económicos y su vínculo o relación con los investigados.

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Se requirió que Pedro Castillo y Henry Shimabukuro presenten, dentro de los siguientes 30 días hábiles, diversa documentación contable (flujos de caja de ingresos, egresos e inversiones).

La fiscalía precisa que el periodo de investigación de este caso abarca del 1 de enero del 2008 hasta el 10 de setiembre del 2021. En ese lapso, según el Ministerio Público, fundó Perú Libre y creó la organización criminal dentro de dicho partido.