Dina Boluarte marcó distancia respecto del rol de las fuerzas del orden durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023. (Foto: El Comercio)
Dina Boluarte marcó distancia respecto del rol de las fuerzas del orden durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

La congresista (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) y la exprimera ministra cuestionaron las declaraciones de la presidenta sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.

Tras el informe de la CIDH, la mandataria marcó distancia respecto del rol de las fuerzas del orden. “Yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA., pero no tengo comando”, dijo el viernes a El Comercio.

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Al respecto, la parlamentaria de izquierda indicó en su cuenta en Twitter de que Boluarte Zegarra “cae bajo” al responsabilizar a otros de sus decisiones políticas.

“Siempre se puede caer más bajo, responsabilizando a otros de las decisiones políticas que toma. Seguiremos exigiendo verdad y justicia señora Dina Boluarte. Las graves vulneraciones a derecho humanos no quedarán impunes”, señaló en la red social.

Por su parte, Mirtha Vásquez también indicó en Twitter que el Gobierno de Dina Boluarte y sus aliados políticos le causan un “daño grave” a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al “deslegitimarlos ante todo el país” con dichas afirmaciones.

“Espero que ahora sí las FF.AA y la PNP estén convencidos q ni este gobierno ni sus ‘representantes políticos’ en el Congreso de la República son sus aliados ni los van a proteger. Instigarlos a cometer excesos y luego culparlos, deslegitimándolos ante todo el país, es el daño más grave que les han causado”, remarcó.

Como se recuerda, la CIDH concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero.

La organización de derechos humanos agrega que esos hechos deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos, y luego juzgados por jueces independientes, competentes e imparciales.

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De acuerdo con la comisión, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales al ser perpetradas por agentes del Estado. “Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, subrayó.