No prosperó denuncia contra la presidenta Dina Boluarte en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por víctimas que dejaron las protestas sociales tras el golpe de Estado de Pedro Castillo y su posterior vacancia. (Foto: Presidencia)
No prosperó denuncia contra la presidenta Dina Boluarte en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por víctimas que dejaron las protestas sociales tras el golpe de Estado de Pedro Castillo y su posterior vacancia. (Foto: Presidencia)
/ Melina Mejia
Redacción EC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia presentada contra la presidenta y algunos ministros y exministros por los muertos y heridos que dejaron los enfrentamientos y el accionar de la Policía y las Fuerzas Armadas durante las protestas tras el fallido golpe de Estado de y la posterior sucesión presidencial.

Con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones se aprobó, por mayoría, el informe de calificación que propone declarar improcedente la Denuncia Constitucional 333 presentada contra Boluarte Zegarra.

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Previamente la subcomisión rechazó una cuestión previa presentada por Edgar Reymundo (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) que planteaba que el informe vuelva a ser evaluado por su equipo técnico.

El legislador alegaba que el documento no tomó en cuenta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero.

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Sin embargo, la cuestión previa fue rechazada por la mayoría de la subcomisión al recibir solo 6 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones.

Como se recuerda, la denuncia por infracción constitucional alcanzaba a Pedro Angulo (expresidente del Consejo de Ministros), Alberto Otárola (exministro de Defensa y actual primer ministro), César Cervantes (exministro del Interior) y José Tello (exministro de Justicia y Derechos Humanos).

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Luque también había presentado una denuncia de contenido penal en contra de Angulo, Otálora Peñaranda y Cervantes Cárdenas en su condición de autores mediatos por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y de lesiones graves.

“Consideramos que la conducta en la que habría incurrido la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra y los ministros Pedro Angulo Arana, Alberto Otálora Peñaranda, César Cervantes Cárdenas, José Tello Alfaro atenta, de forma evidente, contra lo dispuesto por los artículos 44 y 118, inciso 1 de la Constitución en conexión con los artículos 1 y diversos apartados del artículo 2 de la Constitución, con especial atención en lo referido a os derechos fundamentales a la vida e integridad física y psicológica”, indicaba Luque.

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“Los denunciados, por su condición de presidenta, ministro del Interior, ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros, están dentro del aparato del Estado en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de la fuerzas policiales y militares, por lo que las órdenes que emitan o dispongan serán de obligatorio cumplimiento por las personas que estén en esferas más bajas y por los propios agentes policiales y militares que ejecutaron el operativo”, agregaba.