Andrés Hurtado empezó a hablar: nuevos involucrados y la posibilidad de ser colaborador eficaz
1. El regreso de las valquirias
En la madrugada del martes, el Eficcop nos sorprendió con otra carga masiva: una centena de policías y una treintena de fiscales se desplazaron por todo Lima para detener preliminarmente a 7 presuntos miembros de la organización criminal que dirigía Patricia Benavides y allanar casas y oficinas de otros tantos implicados. Las historias de Jaime Villanueva y su celular incautado han permitido desarrollar nuevas tramas que se suman a las que ya conocíamos del canje de votos por archivo de investigaciones.
Pero, esta vez, hay otros testimonios y pesquisas que atrapan al propio Villanueva en casos de corrupción que no había delatado a plenitud. Resulta que, además de sondear a congresistas para tumbarse a Zoraida Ávalos y a la JNJ, Villanueva y sus colegas Miguel Girao y Abel Hurtado, también se habrían involucrado en el direccionamiento de compras para el Ministerio Público (MP). Las coimas, según un testimonio citado en la resolución judicial que autorizó el mega operativo, habrían llegado hasta los bolsillos de Benavides.
“Las coimas, según un testimonio citado en la resolución judicial que autorizó el mega operativo, habrían llegado hasta los bolsillos de Patricia Benavides”.
Dos nuevos personajes destacan en las subtramas de esta semana coral: José Luis Castillo Alva y su pareja, la empresaria Mirtha González Yep. Este par habría operado a favor de los Cuellos Blancos del Puerto logrando que Benavides nombre algunos fiscales funcionales a sus intereses y, a cambio, proporcionándole a un policía que declararía a favor de ella ante la JNJ, negando que tuviese comunicación con ‘cuellos blancos’. El toque polémico fue incluir como un operador del clan al periodista y director del portal Sudaca, Juan Carlos Tafur (allanado más no detenido), citando como indicios artículos severos contra Barreto y supuestamente favorables a los intereses de Castillo Alva. Los operadores de justicia también se enervan y se exceden. El TC dio a conocer el jueves dos fallos, uno a favor de cada bando: le dio la razón a la JNJ ante la demanda competencial que le interpuso Benavides y, por otro lado, se validó la decisión del Congreso de inhabilitar a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez hasta que la Corte Suprema decida el fondo de la cuestión.
“Cuando no hay mucho que anunciar respecto a la seguridad y a la crisis de los relojes; y no hay estabilidad o fuerza política para emprender reformas; el destrabe de obras y de megaproyectos es el discurso recurrente”
2. La vida y la muerte también se judicializaron
Ana Estrada se convirtió en la primera peruana que accedió al derecho a la muerte asistida. Tuvo que dar una larga batalla legal para que su caso llegara hasta la Corte Suprema y Essalud tuviera listo un protocolo para que pudiera contar con un médico de cabecera dispuesto a asistirla. Murió el fin de semana pasado, según me contó su abogada Josefina Miró Quesada, en paz, cumpliendo los detalles que había planificado, como, por ejemplo, oyendo “Alfonsina y el mar” en versión de Tania Libertad. Se cumplió la voluntad de Estrada pero aún no se cumple, a pesar de que ya cuenta con sentencia favorable y protocolo, la de María Benito, víctima de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) que solo puede comunicarse con movimientos de sus ojos y con ellos envía a su familia y médicos continuos mensajes para que la desconecten y la muerte acabe con su sufrimiento.
La pandemia nos dejó peligrosamente tolerantes a la normalización de las muertes por otras enfermedades. Que haya alrededor de 150 fallecidos (hubo ciertas discrepancias en las cifras oficiales del Minsa) por dengue, cuando cifras superiores morían cada día de Covid, es parte de esa indulgencia ante la fatalidad. La Salud casi no ha logrado abrirse espacio en la agenda; pero la inseguridad sí lo hace, con el candente frente de la minería ilegal. El flamante ministro Walter Ortiz está presentando un nuevo plan de seguridad, lo que envía nuevas señales de improvisación en el sector.
3. Destrabe a la chancayana
"Según mis fuentes cercanas al CF, Arista sí estaba de acuerdo con la renovación, pero la presidenta le habría hecho cambiar de opinión, presumiblemente, porque oyó las réplicas airadas del alcalde Rafael López Aliaga contra la opinión del CF sobre sus bonos metropolitanos"
Cuando no hay mucho que anunciar respecto a la seguridad y a la crisis de los relojes (el miércoles la fiscalía de la nación anunció que se ampliaban las investigaciones contra la presidenta por cohecho pasivo impropio y contra el gobernador ayacuchano Wilfredo Oscorima por cohecho activo genérico); y no hay estabilidad o fuerza política para emprender reformas; el destrabe de obras y de megaproyectos es el discurso recurrente. En la habitual conferencia de prensa tras el consejo de los miércoles, el primer ministro Gustavo Adrianzén y el MEF Arista, hablaron de medidas para reducir la tramitología y el ministro de ambiente anunció las que tomaría su sector, que es el dolor de cabeza de mineros y agroexportadores. También tuvieron que hablar de una baja politizada: la del presidente del Consejo Fiscal (CF), Carlos Oliva, a quien no se le renovó el mandato.
Según mis fuentes cercanas al CF, Arista sí estaba de acuerdo con la renovación, pero la presidenta le habría hecho cambiar de opinión, presumiblemente, porque oyó las réplicas airadas del alcalde Rafael López Aliaga contra la opinión del CF sobre sus bonos metropolitanos. Ahora, según la ley del CF, a los consejeros les queda plantear una terna de candidatos de los que el gobierno tiene que elegir forzosamente a uno que -esto es casi un hecho- tendrá opiniones similares a Oliva.
