A pocos días de debutar, Dina Boluarte cayó en cuenta de que había escogido mal a su premier. Debió convencer a Alberto Otárola, de saque, en aceptar ese encargo en lugar de Defensa. Pedro Angulo no tenía ni muñeca ni aplomo. El entorno de Boluarte primero estaba extrañado y luego molesto. Se habían fajado para mantenerla en el MIDIS aislada de la mugre castillista; y habían logrado la hazaña de librarla de la acusación constitucional por hacer gestiones impropias para el Club Apurímac.
Pensaban que Otárola, el abogado que la defendió con éxito ante esa acusación, era el premier natural, un hombre de centro izquierda (exhumalista) lejos del radicalismo de Perú Libre. Es cierto que siendo ministro de Defensa de Humala renunció a punto de ser censurado, como responsable político de una operación fallida en el VRAEM que tuvo bajas lamentables de soldados; pero luego volvió a la jefatura de Devida y lució, como ahora, dotes de comunicador político y ejecutivo. Los ‘dinos’ estaban tan molestos con el intruso Angulo que apenas pudieron filtraron a la prensa —me consta— que sería reemplazado por Otárola.
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El anhelo de los ‘dinos’ demoró en concretarse por una trágica razón. La muerte de 5 jóvenes en Ayacucho el 15 de diciembre por disparos de una patrulla del Ejército a una turba que los atacó –según versión que recogió la defensora del pueblo, Eliana Revollar, del comando de las FFAA- convirtió a Otárola en responsable político de la decisión de involucrar a los militares en los disturbios que en total han provocado 26 muertos (10 en Ayacucho). De ahí que Boluarte se puso a buscar un premier fuera de su entorno. Conversó y sondeó a varios, aunque algunos de los sondeados no están seguros de si Boluarte realmente los quería o quienes les decían que hablaban por ella se tomaban atribuciones que no le correspondían. Para solo citar a dos sondeados, consten aquí los nombres de la ex congresista de izquierda, Rosa Mavila, y del saliente gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara.
Los candidatos del centro progresista, como Jorge Nieto, quien sí habló con Boluarte como lo delató el registro de visitas palaciego, ponían condiciones que pasaban por la salida de Otárola; los de derecha eran vetados por el entorno de izquierda y por el propio izquierdismo de la presidenta. Hasta que, cancelada la búsqueda, ascendió a su leal Alberto, asumiendo que el precario gobierno de transición se apoyará en las fuerzas del orden y de las bancadas de centro y derecha. Fue un sinceramiento. A tragar saliva y no dar más vueltas al asunto, se dijo Boluarte. Y también quedó muy claro que la resistencia del sur andino y de la izquierda, no cesará. Vayamos a Huamanga para comprender –siquiera arañar- algunas claves de lo que nos pasa. Allí están confluyendo muchos procesos, reales y simbólicos.
Ay Ayacucho
“No solo están indignados, están con miedo”, me dice una periodista huamanguina sobre sus paisanos. No puedo citar su nombre, porque es una de tantos ayacuchanos que padeció el terror décadas atrás, quedó con heridas que no acaban de cerrar y teme por su familia si firma lo que piensa. Me pide que veamos el cuadro completo en sus dos dramáticas dimensiones: la furia y el miedo.
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El pasado jueves 15, Huamanga revivió las dos dimensiones de la tragedia de 30 atrás. Hubo furiosa indignación ante las fuerzas del orden que tiraron bombas lacrimógenas desde helicópteros y dispararon al cuerpo para repeler a una turba que los atacó pretendía tomar el aeropuerto. Y hubo mucho miedo ante los radicales que han tomado la dirección de gremios populares como el Fredepa (Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho), hijos y nietos de esa violencia que con solo recordarla hace callar a la gran mayoría ayacuchana que está en el medio. Por eso, la marcha por la paz del sábado 17, fue relativamente rala y cauta. Detengámonos en el miedo, porque mi colega tiene mucho que poner en orden, con nombres y apellidos.
El primer nombre lo conocen: Íber Maraví, ex ministro de Trabajo de Pedro Castillo, dirigente magisterial del Conare (vinculado al Movadef) en Huamanga, que tuvo que renunciar al gabinete antes de ser censurado y tras la acumulación de denuncias sobre sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso. Se difundieron, incluso, atestados policiales que lo señalaban como parte de acciones terroristas. Pues Maraví es una suerte de eminencia gris del Fredepa, y visitó a Castillo en la noche del 6 de diciembre, víspera del golpe y vacancia. ¿Participó en la decisión del golpe? Probablemente no. Quizá Castillo aún no había tomado la determinación esa noche; pero sí es probable que conversaran sobre acciones de resistencia en caso triunfara la vacancia. El congresista Héctor Valer ya ha contado cómo Guillermo Bermejo expuso, en la bancada de Perú Democrático, un plan de revuelta popular desde el VRAEM para tomar el Congreso, en caso se rechazaran dos cuestiones de confianza. El Fredepa, según mi colega, se reunía y se preparaba para algo grande en los días previos al 7 de diciembre.
Quien preside el Fredepa, Rocío Leandro, tiene antecedentes tan o más ominosos como los de Maraví. En 1993 fue procesada por supuestamente haber participado del crimen del ex líder sindical Pedro Huilca. Años después, fue absuelta, pues el proceso se llevó hasta la Corte IDH, como muchos otros en aquella época convulsa, pues se la condenó sin las necesarias garantías. Sin embargo, el informe final de la CVR, en su detallado capítulo sobre el caso Huilca, consigna el testimonio de un testigo que la sindica como la camarada ‘Cusi’ que habría seleccionado a quienes reglaron y asesinaron a Huilca. Por supuesto, no podemos señalar responsabilidades a partir de este testimonio en un informe, pero sí prender todas las alarmas respecto de quienes lideran el frente que busca encabezar las protestas en Huamanga. Sumemos a Alan Tapia Robles, ex líder estudiantil, cuyo nombre aparece en panfletos del Movadef y que, en el 2012 declaró en “Caretas”: “Sendero Luminoso fue el movimiento más grande de transformación del siglo pasado”. Tapia es actualmente asesor del Fredepa y dialogó con la Defensoría local, según un comunicado de esta. Todos ellos simpatizan con Castillo. Leandro recibió alborozada al ex presidente en una visita a la región el 11 de setiembre del 2021.
¿Son las prolongaciones del terrorismo ochentero la causa de las protestas? Por supuesto que no. El 82% de los ayacuchanos votó por Castillo y es comprensible que muchos ciudadanos se arrebataran ante la rápida sucesión presidencial y salieran a la calle espontáneamente, sin importar quien convocaba las marchas. Ni siquiera podemos establecer si el intento de asaltar el aeropuerto local fue planificado o fue la espontánea imitación de lo que ya había sucedido en Andahuaylas, Cusco y Arequipa. Más indicios de planificación parecen encontrarse en las caravanas dirigidas hacia Lima desde el VRAEM. Pero valga lo expuesto sobre el Fredepa, para saber quiénes estarían interesados en alentar hechos violentos antes, durante y después del 15 de diciembre. Valga lo expuesto, también, para medir el impacto que tienen las acciones, reveses y excesos de las fuerzas del orden en una región como Ayacucho.
Hay más datos, casuales o atados por esas corrientes subterráneas que convierten a Ayacucho en epicentro de grandes sucesos, buenos o malos. Una protagonista destacada en estos tiempos convulsos, la defensora del pueblo, Eliana Revollar, es ayacuchana y trabajó antes en la sede de la defensoría en su región. También es ayacuchano el magnate de las bebidas gaseosas, Carlos Añaños, cuya posible candidatura presidencial ya se empieza a insinuar en un reciente mensaje bilingüe, en español y quechua, llamando a la paz. Ayacuchana también es la familia de Antauro Humala, el candidato antisistema que ya abrió fuegos de campaña y cuyo pensamiento ‘etnocacerista’ se inspira en la épica partisana del expresidente ayacuchano Andrés Avelino Cáceres. Ayacucho seguirá en nuestra mente por buen tiempo.
Diplomacia en ascuas
Martes 20 de diciembre. Una promoción de la Academia Diplomática se gradúa. Son dos años de estudio, complementando una carrera previa. A veces, los presidentes van a estos eventos tan protocolares que las mujeres usan el mismo saco que los hombres. La presidenta, a pesar de sus tribulaciones, no podía perderse la ceremonia porque uno de los graduados era su hijo David Gómez Boluarte. La promoción del graduado lleva el nombre del embajador José Boza Orozco y este hecho, que parece secundario, marca el debut de David en el mundo de las controversias diplomáticas que ya abruman a su madre.
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Boza, ex profesor de la academia, falleció de cáncer a fines de agosto pasado y sus alumnos han querido homenajear a quien, sin duda, fue un buen profesor. Sin embargo, Boza había sido sancionado con suspensión por haber alentado un complot contra el embajador Fortunato Quesada, que incluyó grabaciones clandestinas expuestas con gran escándalo en los medios, a expensas de la imagen de su institución. Los chats del cuerpo diplomático –me han llegado algunos mensajes- hierven criticando el desatino de los alumnos y del director de la academia, el ex canciller Gustavo Meza Cuadra, quien, ante Boluarte y la canciller Ana María Gervasi, hizo un panegírico de un embajador sancionado por traicionar los valores de la cancillería.
Vayamos a las controversias diplomáticas de mamá Boluarte, que son las que más nos atañen. La pelea del joven y precario gobierno por legitimidad internacional cuenta con el reconocimiento de la Unión Europea, EE.UU., Canadá, Reino Unido, Japón, Australia, Israel, entre otros estados. Pero en la región, destaca el embrollo con México, que escaló desde que Perú comunicó su extrañeza por las primeras declaraciones impertinentes e ‘injerencistas’ de AMLO hasta llamar a consulta a nuestro embajador en el Distrito Federal. Hasta allí, hubo un escalamiento más o menos ordenado de medidas de protesta, respondiendo a las ofensas crecientes de AMLO. Sin embargo, en 48 horas, sin que medie alguna nueva declaración impactante de AMLO, subimos a un escalón temerario: declarar persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, y darle 72 horas para abandonar el país.
Entre un escalón a otro, lo único resaltante que había pasado respecto de México, era la concesión de asilo a la ex primera dama Lilia Paredes y a sus dos hijos, que viajaron inmediatamente al DF (la cuñada Yennifer Paredes no estuvo incluida en la partida). Sería contradictorio e hipócrita que la razón de escalar la protesta fuese el asilo, pues se concedió el salvoconducto a los viajeros (quienes, por cierto, no tenían impedimento de salida) y, según mis fuentes, Boluarte quería a la familia lejos, pensando que así Castillo la molestaría menos. Desde el punto de vista de Boluarte, AMLO le ha hecho el servicio de llevarse a los Castillo Paredes.
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Consulté con fuentes de Torre Tagle y me aseguraron que la decisión de escalar la protesta diplomática fue ajena al asilo. Me contaron que incluso evaluaron rechazar la entrega del salvoconducto, considerando que México no había cumplido con las reglas de la Convención de Caracas, que regula el asilo. Estas obligaban a México a comunicar al Perú su intención de conceder el asilo dando chance a nuestro gobierno de que entregue información sobre el caso. Así sucedió, por ejemplo, con Alan García en la residencia del embajador de Uruguay. El gobierno uruguayo comunicó al Perú su intención y el gobierno peruano fundamentó por qué lo consideraba impropio. Uruguay decidió no conceder el asilo e invitó a García a abandonar la embajada. México, en cambio, comunicó a posteriori que ya había dado el asilo, quemando una etapa fundamental.
A pesar de ello, se prefirió dar el salvoconducto y seguir, según mi fuente, con el escalamiento de la protesta pues AMLO había seguido profiriendo impertinencias de las que muchos ya habíamos perdido la cuenta. Es posible, aunque mi fuente se abstiene de comentar o presumir los anhelos de Boluarte, que esta, ante la disyuntiva de negar el salvoconducto o permitir que Torre Tagle siguiera en su pelea con AMLO, optara por lo segundo. Esto, a pesar de que en su entorno hay quienes desaprueban la bronca pues creen que el gobierno es muy débil y el frente interno está muy complicado, como para distraerse en ese frente externo. Contra la habitual cautela de Torre Tagle, se percibe ahora cierta pasión nacionalista contra las ofensas de un majadero izquierdista mexicano.
En el registro opuesto, presidenta y cancillería han coincidido en invitar a la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), antes de que esta se invite para investigar las muertes en los disturbios. Es lo menos que podía hacer, me comenta un amigo del gobierno, ya que Dina se ahorró el gesto político de la renuncia de Otárola y del relevo de otros mandos. Más bien, el primer ministro, mostrando que tiene la muñeca de la que carecía Angulo, declaró en su primera conferencia de prensa, que sería el primer funcionario en entrevistarse con los comisionados. Por su lado, según me contó otra fuente palaciega, Boluarte llamó a Ginebra a Volker Turk, sucesor de Michelle Bachelet en la cabeza de la ACNUDH (Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), para explicarle en sus propias palabras lo que pasaba en el Perú.
Dina Boluarte ha prometido dialogar con quien pueda hacerlo en las regiones calientes, pero el reto es difícil. Las protestas se han dado a sí mismas una tregua para no perjudicar en demasía la campaña navideña de los comerciantes; pero volverán y usarán también armas legales contra los mandos militares y policiales. Por ejemplo, ya la fiscalía ayacuchana –siempre Ayacucho- especializada en Derechos Humanos, abrió investigación contra un mando militar (Gral. EP Jesús Vera Ipenza) y otro policial (Gral. PNP Antero Mejía) de la región. ¿Osaría hacerlo y no ser célere o severa ante la presión de la oposición local a Boluarte? El gobernador electo de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se negó a atender a su llamado, por temor a que le hagan bullying. Antes había saludado la sucesión. A última hora, fue a Palacio y salió a declarar contra los radicales. Con ese tipo de ‘oposición’ tambipen tendrá el reto de negociar el gobierno.
Solo la pasión electoral, que demorará en calentar, podría aliviar la presión sobre el precario gobierno de Boluarte y Otárola. Pero recién cuando el Congreso lo vote por segunda y última vez, se podrá tener la certeza del adelanto. La actual legislatura acaba a fines de enero y la siguiente se estima que empezará en marzo. Si no se alcanzan los 66 votos, el adelanto se va al agua; si queda entre 66 y 86 votos, va a referéndum. Las protestas también buscarán asegurar el adelanto. Seguiremos caminando al borde del abismo, en carrera contra el tiempo.