Dina y un ticket para Machu Picchu, el resumen de la semana por Fernando Vivas

Dina no quería hacer olas ante el incidente ayacuchano con dos señoras arrebatadas. Así lo contó el gobernador Wilfredo Oscorima, que estuvo a su lado en el jaloneo: “Ella no le dio importancia, después la llevamos a comer su puka picante”, me dijo en RPP. Mientras duró el incidente, salvo el momento del jalón artero por la espalda, la presidenta mantuvo esa sonrisa congelada que enseñan en el media-training. Mientras haya cámaras, nunca, pero nunca, dejes de lucir los dientes. Dina respetó el manual.

"El abrupto cese de una cabeza policial no solo hizo más ruidoso el jaloneo, sino que mostró la improvisación y precariedad de una decisión autoritaria"

Horas después, ya con la crucial información de que las dos agresoras eran deudas de las víctimas (Ruth Bárcena, viuda de Leonardo Hancco; e Ilaria Ayme, madre de Christopher, menor de edad que murió abatido por balas militares); era evidente que debía enfriar el incidente. Las declaraciones de autoridades policiales y de Alberto Otárola que en “Punto final” insinuó acciones contra las agresoras y los responsables del descuido, no sirvieron para pasar la página y demoraron que Dina hiciera su gesto de perdón.

Pasó todo lo contrario: la fiscalía –sin que el Ejecutivo tenga que saberlo- abrió investigación contra Bárcena. El lunes, Dina y el ministro Víctor Torres, cesaron al comandante general de la PNP, Jorge Angulo (esto lo veremos en crónica aparte). Dina no pudo avanzar con la cabellera al viento, posando como noble estadista que perdona a un par de opositoras furibundas. El abrupto cese de una cabeza policial no solo hizo más ruidoso el jaloneo, sino que mostró la improvisación y precariedad de una decisión autoritaria. Recién el jueves la presidenta envió una carta al fiscal del caso, Brechman Espinoza, solicitando el archivo de las investigaciones. Este ya la había citado para que dé su declaración. Si hubiera reaccionado a tiempo, de pronto evitaba que se abra investigación.

El receso del Congreso en verano ha enfriado los temas que quemaban el 15 de diciembre, cuando su presidente Alejandro Soto cerró abruptamente la legislatura. Le convenía hacerlo: su partido APP no quería involucrarse en una masacre a la JNJ que podía resultar un bumerán y, de paso, evitó que sus colegas arrebatados discutieran su censura. Quedó, eso sí, un malestar en sus aliados naranjas: ellos también querían dejar la papa caliente de la JNJ pero cambiándola por una comisión de alto nivel que discutiera una reforma del sistema de justicia. Soto también frustró eso.

La agenda pro reforma de la justicia la tomó el Ejecutivo y la enfrió. El Congreso se quedó sin tema de batalla, pues la preocupación central de los peruanos, la inseguridad, fue una facultad delegada al Ejecutivo. La economía suele ser una suerte de delegación/negociación que se cierra todos los fines de año entre el MEF y la Comisión de Presupuesto. El Congreso tenía que meterle el diente de alguna forma al tema de la inseguridad y lo hizo el martes pasado convocando a los ministros Víctor Torres y Jorge Chávez Cresta, de Defensa, a la Comisión de Defensa. Parte de la sesión fue reservada pues se trataron temas de seguridad nacional. Torres convenció a algunos congresistas pero más parecen ser quienes lo ven con apetito de interpelación.

Y si de interpelaciones se trata, pues los congresistas cusqueños se pusieron de acuerdo en apuntar contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, por entregar a la plataforma Joinnus las ventas de entradas a Machu Picchu. ‘Machu Picchu no se vende’ es la consigna de los interpeladores. Narrativas de la joya de la corona.

La Junta Nacional de Justicia solicitó el miércoles al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, que convoque al concurso de méritos para nombrar a sus nuevos integrantes. Según el art. 80 de su ley orgánica, esta solicitud se puede hacer entre 12 y 9 meses antes de que cese el mandato de los actuales magistrados. Podían esperar hasta abril, pero lo hacen de una vez con una premura cuyas razones se pueden adivinar: dejar en evidencia que sería políticamente obtuso bregar por la defenestración de magistrados que, de todos modos, se van en unos meses. Si el pleno congresal lograra los 87 votos para cortar la cabeza de todos o de algunos, estos serían reemplazados por accesitarios solo por este año. ‘No nos boten que ya nos vamos’ es el tácito subtexto de esa solicitud de la Junta.

Patricia Benavides ya es una figura fantasmal en el Congreso, que solo importa a quienes pudieran ser involucrados en los tratos que establecieron con ella a través del asesor Jaime Villanueva. Sin embargo, es difícil probar las hipótesis fiscales que tengan a un voto como indicio de una relación ilícita. Más aún en un congreso de bancadas débiles que respetan la ‘libertad de conciencia’ de sus miembros para votar por lo que les acomode. Y para canjearse, como sucedió en los días de diciembre previos al cierre de legislatura, sus apoyos entre causas mutuas. Yo voto por la tuya, tu votas por la mía. Este sistema no solo se aplica para los dictámenes y proyectos de ley, también se aplica para las interpelaciones. La moción de interpelación contra Leslie Urteaga, por ejemplo, podría canjearse por el ánimo de censura a Torres u otro ministro. Así es nuestro equilibrio de poderes débiles.