Cuando a fines del año pasado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó en Lima su estudio sobre desarrollo productivo, hubo una escena que llamó la atención de varios de los presentes en la cita.
Los tres investigadores habían terminado de explicar qué políticas y modelos de institucionalidad se habían implementado en países exitosos en diversificarse productivamente y de describir cómo, además de medidas de carácter transversal, era posible identificar experiencias positivas de intervención sectorial, y dieron pase a los comentarios del público.
Dos de los primeros en tomar la palabra fueron empresarios del sector agroexportador. Grande fue la sorpresa cuando ambos, con diferente énfasis, manifestaron su preocupación por la posibilidad de que en el Perú el Estado comenzara a elegir sectores productivos “ganadores” hacia los cuales dirigir incentivos específicos. ¿Por qué decimos sorpresa? Porque desde fines de los 90 el sector agroexportador cuenta con un régimen especial en lo tributario y en lo laboral.
En ese momento idílico de la economía de libre mercado se había decidido apostar por una actividad que con el tiempo ha demostrado el potencial productivo y de generación de empleo que tiene. Por entonces, el gobierno de Alberto Fujimori también había dictado medidas para mejorar el entorno para las inversiones mineras, que incluían beneficios tributarios específicos para esta actividad.
¿Por qué entonces mientras eso ha sucedido en las últimas dos décadas, desde el sector empresarial con mayor poder económico y mayor capacidad de influencia se ha cuestionado la implementación de políticas similares para otros sectores o zonas del país?
A pesar de esta inconsistencia, es este grupo el que ha liderado la opinión en los medios de comunicación y el que ha tenido la mayor capacidad de influencia en los gobiernos de turno. Por eso llama la atención que ahora que la economía se ha desacelerado, este sector no asuma responsabilidad alguna en la complacencia que se instaló en el país en medio del ‘boom’ de las materias primas. No solo eso, sino que pretenda desconocer que la mayor parte del crecimiento económico de la última década se debió a los vientos favorables que soplaban de la economía internacional. Esta afirmación no pretende negar que hay cosas que hicimos bien, pero sí que es más lo que debimos y lo que nos queda por hacer.
Ahora, como ha señalado el director de “Perú21”, si bien la hora loca del tono se terminó, la fiesta no necesariamente. Según la mayoría de proyecciones, los precios de las materias primas aún se mantendrán en niveles históricamente altos pese al retroceso que han experimentado, lo cual debería dar al Perú un piso desde el cual emprender las reformas políticas, económicas, sociales, institucionales, que necesita.
No será el mejor momento, pero tampoco el peor. Las condiciones para lograrlo son muchas y no todas están presentes. Una por la que podríamos comenzar es por desprendernos de los paradigmas que nos han llevado hasta este punto, por reconocer en su total dimensión aquello que estuvo bien, pero también en su real dimensión aquello que estuvo mal. Habrá resistencias, sin duda. En todos los países hay sectores conservadores y cómodos con el statu quo. El punto está en que no sean la mayoría o que tengan la capacidad de influir como si lo fuesen.
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