“Que sea el pueblo el que decida a quién le da la razón”, dijo Vizcarra. (Foto: Giancarlo Ávila / Grupo El Comercio)
“Que sea el pueblo el que decida a quién le da la razón”, dijo Vizcarra. (Foto: Giancarlo Ávila / Grupo El Comercio)
/ Giancarlo Ávila
Paolo Benza

Desde que (PPK) instaló su gobierno, el 28 de julio del 2016, quedó claro que la polarización alcanzada en las elecciones configuraría un escenario de referencia constante al artículo 134 de la Constitución (el que faculta al presidente a cerrar el Parlamento). Tras su renuncia –una confianza denegada y dos pedidos de vacancia de por medio–, asumió el puesto y tuvo que enfrentar la misma narrativa de confrontación, pero ya no con la consigna de esperar, sino con la de pegar primero.

Los golpes al se convirtieron, así, en una búsqueda constante de impulso a su aprobación. En setiembre del 2018, con 45%, Vizcarra anunció su primera cuestión de confianza, por los proyectos de reforma del sistema de justicia. Subió a 61%. En mayo, la cifra bajó a 42%. Ese mes, el presidente anunció un nuevo pedido, esta vez por los proyectos de reforma política. Subió a 50%.

Pero en julio el respaldo estaba nuevamente en 44%. Entonces, en su discurso de Fiestas Patrias, le dijo al Parlamento que presentaría un proyecto para adelantar las elecciones. Creció a 57% en agosto y en setiembre volvió a caer, a 48%. El terreno, sin embargo, ya era fértil para dar el golpe final. El respaldo al Congreso era de solo 19%.

—Disolver—

Dos meses tardó la mayoría parlamentaria en devolver el golpe del adelanto de elecciones: el 26 de setiembre, la Comisión de Constitución presidida por archivó el proyecto. Esa misma tarde, el primer ministro Salvador Del Solar advirtió que el gobierno no se quedaría “con los brazos cruzados”. Lo hizo con el mismo tono con el que, cuatro días después, a las 11:44 de la mañana, diría frente al pleno del Congreso: “hago cuestión de confianza, en este mismo momento”.

Vizcarra lo adelantó el 27: buscaba cambiar el proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC). El Congreso estaba a punto de elegir nuevos magistrados, pese a que algunos candidatos tenían –como reveló El Comercio– vínculos con personajes del Caso Cuellos Blancos del Puerto. “Pensábamos que cerraba el Congreso”, fue la reacción del vocero alterno de Fuerza Popular, Juan Carlos Gonzales, al nuevo pedido de confianza.

Y no le faltó espíritu premonitorio. El 30 de setiembre fue uno de esos días largos que se convierten en fechas ancla porque resumen procesos políticos. “Estamos haciendo historia”, dijo Vizcarra a las 5:40 p.m., pocos minutos después de que el Congreso votara una apurada confianza para su Gabinete. Él, a la par, ordenaba disolverlo. Había advertido días antes que elegir a un nuevo miembro del TC, más allá de la votación formal, sería tomado como una “denegación fáctica”.

—Portazos—

Todo eso ocurrió luego de una mañana agitada. Tras enterarse de que la Junta de Portavoces había decidido patear su intervención para la tarde, Del Solar intentó irrumpir en el hemiciclo a las 10:40 a.m. Se topó con una puerta trancada. Tras varios minutos de escándalo, recién pudo entrar para hablarle al Congreso.

A la 1:32 p.m., con los congresistas de izquierda protestando en el centro del hemiciclo, el Congreso alcanzó los 87 votos para elegir a Gonzalo Ortiz de Zevallos como miembro del TC. La bancada de Acción Popular, que había asegurado que se abstendría, votó aduciendo que era su candidato.

Por la noche, el Congreso aprobó suspender a Vizcarra (no alcanzó los votos para vacarlo) y tomó juramento a la única vicepresidenta, Mercedes Araoz, como “presidenta encargada”. El gesto le duró unas horas. El 1 de octubre, renunció asegurando que no había querido jurar.

“El Congreso perdió porque la ley no vive en el vacío sino en un contexto. Y ese contexto señala que desde hace tres años, para la mayoría legislativa la ley no es sino la codificación de la criollada”, escribió pocos días después el politólogo Alberto Vergara sobre la interpretación heterodoxa de la “denegación fáctica”. El 85% de peruanos apoyó la decisión del presidente.