El diablo se viste de cobre. Una crónica de Fernando Vivas sobre las amenazas a Cuajone

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Por su lado, los directivos de la comunidad Tumilaca Pocata Coscore Tala (TPCT es una sola y comprende cuatro anexos), no dan su brazo a torcer respecto a reclamar un abrumador monto -$5 mil millones por el pasado y 5% de las utilidades brutas anuales en adelante, según consta en el acta de su asamblea del pasado 12 de febrero- como compensación a lo que llaman el “usufructo de terrenos comunales por la empresa”. Un día antes, la empresa empezó la construcción de una línea hidráulica, y el movimiento de maquinarias motivó la formulación de la propuesta que ya llevaba larvada un tiempo.

Conversé con Iván Mendoza, primer vocal de la junta directiva de la comunidad. El discurso ha tenido algunos ajustes respecto del acta de febrero. En primer lugar, ante lo fantástico del monto, que invoca codicia y delirio, me repite más de una vez que “eso no es lo más importante, que es un punto de partida para negociar”. En efecto, fuentes de SPCC, me contaron que ahora se habla de 2 mil millones, lo que ellos siguen calificando de extorsivo. En un chat con Dionilde Flores, la presidenta de la comunidad, le pregunté si era cierto ese ajuste de 5 a 2 miles de milones y me contestó: “Independientemente del monto, lo que se busca es la reparación por daños y terrenos ocupados por años”.

He aquí otro concepto, que no está destacado en el acta del 12 de febrero como motivo de la protesta: reparación o compensación por afectaciones socioambientales. Mendoza me dijo, en ese mismo sentido, “queremos que la empresa nos compense por tantos años que han devastado y afectado nuestros terrenos para la agricultura”. Sin embargo, las afectaciones específicas no aparecen a flor de boca en el discurso de los dirigentes. En un video explicativo de la posición comunal, hay un listado de 12 presuntos daños, sin jerarquía, que incluye acumulación de desmontes, derrame de relaves y emisión de polvo contaminante, además de la construcción de carreteras e instalación de cables de alta tensión en lo que consideran su territorio. Le pregunté por estas afectaciones a Jacob y me dijo que la autoridad ambiental, la OEFA, no les ha abierto expedientes al respecto. Mendoza me refirió una denuncia hecha por un comunero, pero el resultado judicial no fue favorable al demandante.

Le pregunté a Mendoza si tenía una explicación de cómo así después de tanto tiempo, se despertó en la comunidad esta intensa conciencia de reclamo. “Ah, es una buena pregunta”, me dijo y, tras unas divagaciones sobre el pasado, concluyó: “nuestros antecesores tenían miedo de reclamar”. Le pregunté, también, si la comunidad recibía la asesoría o influencia de personas ajenas a ella. Me dijo que no y, además, que no conocía a nadie del movimiento fundamentalista Inkarri Islam ni a su líder Edwar Quiroga, que algunos medios de Moquegua mencionaron como posible influencia. A Inkarri Islam, asentado en Apurímac, se le ha detectado en el conflicto vecino de Las Bambas, pero no conocemos información precisa de su presencia en Moquegua.

Mendoza me contó que casi todos los comuneros votaron por Pedro Castillo, como en la mayoría de comunidades campesinas del sur; pero no son afines al gobierno. Por el contrario, están molestos por la declaración del estado de emergencia el 20 de abril, que fue la razón por la que liberaron el reservorio y se replegaron hasta hoy. El dirigente estuvo afiliado unos años al Partido Nacionalista y ahora lo está a Acción Popular, aunque asegura no tener intención de candidatear a nada. Ya bastante ocupación es –este comentario no es suyo, sino mio- liderar la expectativa que tiene su comunidad de manejar lo que sea que pague SPCC para el fondo de la Empresa Comunal de Servicios Ecoserv TPCT. Escoserv, por cierto, fue formada con asesoramiento de Anglo American, según se lee en la página de esa empresa minera. Anglo American es dueña de Quellaveco, la mina aún más grande que Cuajone, que pronto entrará en operaciones en la misma zona y distrito moqueguano de Torata.

Cuando le digo a Mendoza que sus reclamos se han vuelto cada vez más complejos, pues han pasado del asunto de la propiedad a los daños ambientales, me dice a modo de resumen preliminar: “Lo que queremos es que después de tantos años, la empresa respete a la comunidad. Si no quieren reconocer ninguna compensación, entonces que se vayan y dejen nuestros terrenos como estaban”. Este sarcasmo no puede abstraerse del todo, de la vecindad de Quellaveco. Este gran proyecto viene trabajando años en sus relaciones comunales previas a su puesta en marcha; mientras Cuajone se instaló en una época en la que la consulta e interacción con las comunidades vecinas no era costumbre ni mandato de ley. Incluso, Ecoserv ya provee algunos servicios a Anglo American.

A tono con la minería moderna, SPCC tiene un área de relaciones comunitarias y conversé con su gerente Felipe Gonzales, que ha desarrollado 37 programas sociales para proponer a los comuneros en la mesa de diálogo; que incluyen inversiones de alrededor de S/. 80 millones en obras por impuestos y proyectos de impacto para ampliar la cobertura de educación y salud. Sin embargo, al evocar lo que pasó entre febrero y abril y que amenaza repetirse; pareciera que estamos ante una actualización brusca y distorsionada de lo que no se hizo en las primeras décadas, cuando el Estado concesionaba minas sin que la consulta e interacción con las comunidades fuese costumbre y mandato de ley.

El mapa de 1894

Para sustentar la propiedad comunal del terreno, la defensa de los comuneros se remonta a un plano de 1894, cuando sus antepasados, durante el gobierno de Andres Avelino Cáceres, compraron terrenos a Blas Coayla. En 1929, una resolución del gobierno de Manuel Odría, reconoce linderos que involucran a terrenos hoy usados por la minera y en 1993, en la Sunarp (registros públicos) –sigo el relato de un video comunal- se recogió, con observaciones parciales, a esa demarcación. En 1987, ya con la mina en funcionamiento, el primer gobierno de Alan García dio una ley que facilitaba la inscripción de predios comunales, con la salvedad de que se respetaran derechos de servidumbre para la minería y otros negocios.

En conclusión, para la comunidad, la mina usurpa terrenos suyos y, según me dijo Mendoza, cuando el Estado habla de servidumbres, solo se refiere al subsuelo (esa es una interpretación muy peculiar del concepto, pues la servidumbre se refiere, por definición, a derechos de paso y similares, por terrenos ajenos).

Conversé sobre este punto con Jacob, y su relato es más sencillo. Los terrenos no son de la SPCC sino del Estado y fueron concesionados como tales antes de que la mina arrancara a operar en 1976. Me proporcionó un comunicado de la empresa en el que se remiten a una mesa de diálogo del 22 de junio en la que el representante de la Dirección General de Minería, Elvis de la Cruz, reconoció las concesiones mineras de Southern y las servidumbres otorgadas por el Estado para construir sus instalaciones. Asimismo, según leo en el comunicado, “la representante de la Dirección Regional de Agricultura, Elsa Pacora Mamani, reveló que en el acervo documentario de Cofopri de 2011, no figura el plano de deslinde ni titulación en favor de la comunidad”, es decir, el plano que se exhibe en el video comunal. Lo que sí figura son “terrenos por una extensión solo de 38,011 has, lo que concuerda con la ficha 022 [la de 1993 en la Sunarp]”. En conclusión, SPCC, en boca de Jacob, dice que “no hay base legal para el reclamo de la comunidad”.

El lío de propiedad y demarcación lo tiene que resolver el Estado con la comunidad y puede demorar. Mientras, SPCC ha hecho una contrapropuesta, que es una actualización de una oferta que ya se había hecho desde el 2017, que estuvo cerca de concretarse en el 2019 y fue dejada de lado antes de la pandemia. ¿De qué se trata? De la compra de terrenos que sí coinciden con la ficha registral de 1993 y, por lo tanto, son comunales sin lugar a dudas. Esta compra saldría en paquete con el compromiso de llevar adelante los 37 programas sociales que ya mencionamos.

Ahora bien, el precio que SPCC puso para esos terrenos en su oferta de compra años atrás fue de S/. 8 millones, lo que provoca un matiz irónico en Iván Mendoza, cuando los menciona luego de haber hablado de los $5 mil millones. Pero Raúl Jacob me aclaró que la contrapropuesta actual, hecha como respuesta al reclamo de la comunidad, no se basa en montos, sino que su peso principal radica en los programas sociales. Por otro lado, nos enteramos que en la mesa de diálogo la oferta de compra, subió a S/. 13 millones y se circunscribe a los terrenos donde está el reservorio y la línea férrea, lo que, cree SPCC, ayudaría a poner distancia sobre los ejes del conflicto. Al respecto de la compra, Dionilde Flores es tajante en el chat: “La comunidad no considera vender terrenos en ningún momento”. Mendoza lo fue más en la conversación: “No queremos vender ni alquilar nada, queremos una compensación por tantos años”.

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Le pregunté a Mendoza, por qué, si lo que buscan es un aporte sustantivo de la empresa para bien de la comunidad, no se concentran en discutir montos y programas sociales, sin trabarse en el tema de la propiedad. Su respuesta tuvo un hálito de negociación: “Cuando hemos hablado de ‘compensación’ por daños, la empresa no quiere usar ese nombre; pónganle el nombre que quieran”. Jacob, con quien volví a conversar brevemente luego de hablar con Mendoza, insiste en que no hay una razón legal para que la empresa haga un aporte económico directo a la comunidad, pero ve la compra de terrenos como una oportunidad para que los comuneros satisfagan esa expectativa monetaria. Ya antes han vendido terrenos a Quellaveco.

Cuando le digo a Jacob que la comunidad ha adoptado una posición contraria a la venta de terrenos, me repite que para la empresa son más importantes los programas sociales, que allí hay en juego más dinero y más impacto. Me contó esta anécdota: “alguien me dijo por qué no suman los programas, lo convierten en un monto, y se lo dan a la comunidad; pero no se trata de eso”. La empresa rechaza ese razonamiento y la obligación de dar una compensación que considera no tiene base legal, pero está dispuesta a aportar sobre lo que Jacob llama “una base solidaria, que mejore la vida de la gente”. Entre la negativa rotunda de los comuneros a vender terrenos y la negativa rotunda de la empresa a aceptar una obligación económica ajena a un paquete social voluntario, hay márgenes de conciliación.

En la comunidad hay 477 comuneros inscritos y alrededor de 850 habitantes, una población menor que los aproximadamente 5 mil, entre trabajadores, sus familias e independientes que habitan el campamento de Cuajone. La mina que produce el 7% de las exportaciones nacionales de cobre y que, según sus propias estimaciones, ha perdido alrededor de S/.200 millones por el conflicto; tiene que entenderse con una sola comunidad de menos de mil habitantes. No parece demasiado difícil pero lo es cuando el Estado es un carrusel de autoridades inestables.

Y el gobierno, ¿qué?

La inestabilidad del gobierno y, en especial, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), complicó todo. El 8 de febrero, pocos días antes del estallido, habían jurado como primer ministro, Aníbal Torres, y como ministro del Minem, Carlos Palacios, propuesto por Vladimir Cerrón. Palacios reemplazaba a Eduardo González Toro, que tuvo una caótica gestión. El área de gestión social del Minem, amplia y descentralizada como la minería manda, estaba devastada por el cambio de manos. Guillermo Bermejo, amigo de González Toro, había puesto a bases de su partido Voces del Pueblo; y ahora Palacios desmontaba esa influencia en beneficio de Perú Libre. En esas circunstancias, fue el área de gestión social de la PCM, la que atendió, como pudo, el conflicto.

El 16 de marzo, con más de dos semanas de paralización, el premier Aníbal Torres recibió a funcionarios de SPCC que pedían una acción decidida del estado para liberar el reservorio y la línea férrea. Torres estuvo acompañado del ministro Palacios, de Alfonso Chávarry del Interior y de Guillermo Bermejo. Al grupo le preocupó, más que la paralización en sí, que los ejecutivos de SPCC les contaran del hartazgo del sindicato de Cuajone y de los 6 otros sindicatos del grupo solidarizados con este, que querían resolver el tema a la fuerza, pues temían los efectos de la paralización sobre sus empleos. Miles de trabajadores contra unas cuantas decenas de comuneros que rodeaban el reservorio en las alturas, sin duda, podían liberar el terreno, pero con un riesgo de fatalidades que asustaba a empresa y gobierno. Incluso, esa arista del conflicto provocó que Bermejo y Betssy Chávez, entonces ministra de Trabajo, viajara a la zona a hablar con trabajadores y comuneros, pero no los pudieron conciliar.

En una de las frecuentes marchas y contramarchas del gobierno, el 10 de marzo la empresa había conseguido apoyo policial para recuperar el reservorio y lo logró por unas horas. Pero la policía recibió la orden de retirarse y los comuneros volvieron a la carga. Recién el 20 de abril, con la declaración del estado de emergencia, se puso fin a la toma. “El gobierno nos puso una pistola en la cabeza”, me dijo Iván Mendoza sobre ese día.

Le he escrito a José Muro, el jefe del área de gestión social de la PCM, pero no contesta mis mensajes. Logré hablar brevemente con Jesús Quispe, viceministro de Gobernanza, en cuyo sector está el área de Muro, y me dijo que sentía que las mesas de diálogo estaban bien encaminadas e, incluso, pensaba presentar esta experiencia de negociación en la próxima convención de Perumin en setiembre. Tras hablar con Raúl Jacob y con los dirigentes comuneros, no puedo compartir el optimismo del vice ministro.

Los temores de Jacob sobre una vuelta al punto cero de negociación son justificados. Ya hubo una mesa, de 12 horas, en la que se llegó a una serie de acuerdos. Sin embargo, como suele suceder cuando los dirigentes no están convencidos de lo acordado, estos pidieron un día adicional para consultar los acuerdos en una asamblea. Esta se hizo y se rechazó el acuerdo. El domingo pasado, según me contó Mendoza, hubo otra asamblea en la que ratificaron, en esencia, los mismos reclamos previos al conflicto.

No se ha detectado, como en uno de los múltiples conflictos de Las Bambas, la presencia de abogados como los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, expertos en maniobras extorsivas y que fueron detenidos por ello. Los comuneros de TPCT cuentan con dos abogados, independientes el uno del otro: Guido Maquera, de Moquegua y Fredy Bernedo, de Tacna. Bernedo fue candidato al Congreso por UPP en la última contienda, y coloca en su Facebook videos de sus intervenciones encendidas pero no incendiarias en defensa de los comuneros.

No sabemos si de los abogados, de otros actores en la sombra o de los propios comuneros salió el monto astronómico de $5 mil millones. Dividido entre 850 habitantes, resultaría en más de 5 millones por cabeza. Más fantasía que codicia. Aunque ahora insistan en que es tan solo un punto de partida, el exceso se ha prestado para estigmatizar sus complejos reclamos y recibir el rechazo rotundo de SPCC. Sumado el largo episodio de la toma del reservorio; el conflicto amenaza volverse crónico como en Las Bambas. Razón imperiosa para que el gobierno mantenga sentados a empresa y comunidad en la mesa, evite que alguien la patee, y los inste a un acuerdo digno.