El Estado es el principal “agresor” de los periodistas en el Perú, según estudio

El Estado peruano es el principal “agresor” de los periodistas en el país, según un estudio realizado por Compemedia y que fue presentado en el I Encuentro por la Libertad de Prensa, realizado el último lunes en un hotel de Miraflores. El diagnóstico advirtió que existe acoso y hasta violencia en contra de los hombres y mujeres de prensa.

Remarcó que estas acciones vienen desde políticos vinculados a grupos radicales, así como las fuerzas del orden.

El informe, además, alertó que desde el Parlamento existe “una multiplicación de proyectos de ley” en contra de la prensa. Uno de ellos es el presentado por la bancada de Perú Libre a mediados de diciembre último, que tiene como objetivo incrementar de tres a cinco años de prisión el delito de difamación.

En declaraciones a El Comercio, el abogado Andrés Calderón, quien dirigió el estudio, afirmó que este documento confirma que existe un “deterioro institucional de la libertad de prensa en el Perú”, principalmente porque se “mal utiliza” el aparato estatal para hacer más inseguro o más difícil el ejercicio del periodismo.

“¿Por qué se considera al Estado como principal agresor? En el contexto de las protestas, los periodistas reportaron que las agresiones vinieron de las fuerzas del orden. Por otro lado, [la Policía] no cumple con su deber de proveer protección a ataques que sufren periodistas, hemos visto casos de acoso afuera de domicilios o en las calles de Las Resistencia y de Los Combatientes”, manifestó.

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Calderón también alertó que en los últimos tiempos operadores del sistema de administración de justicia, principalmente desde el Ministerio Público y el Poder Judicial, se están convirtiendo “en armas de silenciamiento” por parte de quienes quieren “entorpecer la labor periodística, especialmente con la desprotección de las fuentes”.

El encuentro, organizado por el PNUD, Unesco y la OACNUDH, contó con varios paneles, uno de ellos, dedicado a los mecanismos de protección a periodistas, fue moderado por Juan Aurelio Arévalo, director de El Comercio y presidente del Consejo de la Prensa Peruana. Arévalo lamentó que instituciones que antes denunciaban ataques ahora guarden silencio, como la Defensoría del Pueblo.

“El escenario se ha degradado”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Jornet, consideró el escenario del periodismo en el Perú “se ha ido degradando”. Agregó que la situación política del país continúa siendo “compleja” y expresó su preocupación por las 119 agresiones que han sufrido reporteros en los primeros cuatro meses del 2024.

Jornet remarcó que se debe proteger a los periodistas porque si se le censura o su se le procesa, se corta el derecho que tiene el ciudadano a acceder a información.

A modo de autocrítica, indicó que la credibilidad del periodismo en la región se ha visto afectada y se ha perdido la confianza de un sector de la ciudadanía.

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Por ello, agregó, existe un menor interés de la sociedad civil a salir en defensa de la libertad de expresión, porque cree que esta solo afecta a los periodistas.

“La gente cree que la libertad de presa es de los periodistas, pero es la llave que abre otras libertades, [que si son restringidas] pueden afectar a los ciudadanos”, finalizó.

“No es recomendable que los parlamentos tengan una actividad regulatoria del periodismo tan intensa”

“Actividad parlamentaria atípica”

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, calificó como “una actividad parlamentaria atípica” el hecho de que en el Congreso peruano se haya presentado más de 90 proyectos de ley desde el 2006 que amenazan las libertades informativas.

“Creo que hay un paradigma de que a la prensa hay que aleccionarla, ciertamente muchos antecedentes de estos proyectos de ley son publicaciones incomodas. Y ante publicaciones incomodas no se requieren leyes, lo que se requiere es deliberación pública, [que las autoridades] respondan a las críticas desde la prensa”, dijo a El Comercio.

Vaca, además, sostuvo que “no es recomendable que los Parlamentos tengan una actividad regulatoria del periodismo tan intensa”, como la que se observa en nuestro país.

“Muchos de los deberes de los estados pasa por un deber de abstención, de no intervención, la regulación muchas veces puede dirigirse a esa dirección”, expresó.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH alertó que existe “un retroceso” en la confianza hacia la democracia y a los derechos y libertades civiles no solo en el Perú, sino en todo el mundo.

“En el caso peruano hay un fenómeno de estancamiento de las conversaciones, yo vine en el 2022 a una visita y el presidente de entonces [Pedro Castillo] no daba entrevistas. Incluso vi agresiones a la prensa ante mis ojos”, cuestionó.

Vaca recordó que, en ese momento, los periodistas no podían acceder a las sesiones del pleno del Congreso, y remarcó que se ha pasado de eso a “iniciativas muy polémicas”.

Los testimonios

Durante el encuentro, el periodista Manuel Calloquispe, corresponsal de El Comercio en Madre de Dios, dio un impactante testimonio sobre los riesgos de la cobertura informativa en esa región y advirtió que entre el 2011 al 2024 se han contado más de 152 cadáveres en La Pampa, víctimas de organizaciones criminales. También se escucharon los testimonios de Rosa María Palacios, Paola Ugaz y Liubomir Fernández.

Calloquispe contó que entre noviembre de 2016 y marzo de 2017 acudió a una zona liberada por la minería ilegal llamada “El quemadero”, donde “Los Guardianes de la Trocha” asesinaron a ciudadanos de los que sospechaban les robaban o que podían delatarlos antes las autoridades. Sus cadáveres eran incinerados en ese lugar.

“El padre de uno de los desaparecidos me dijo que al ingreso del campamento estaba ‘El quemadero’ y que si yo quería podíamos ir, porque a su hijo lo habían matado semanas atrás ahí. Yo me armé de valor, porque sabía que la zona estaba controlada, y fuimos, llevamos un celular. Encontramos troncos quemados, restos de prendas de vestir y huesos”, expresó.

Calloquispe indicó logró reunir más testimonios y tras varios meses de investigación, armó una nota que fue difundida en “Punto Final” y en El Comercio. Pero que él no puso su nombre, “porque si [en ese momento] me vinculaban con esa información, yo no estaría acá contando este testimonio”.

Además, señaló que en una oportunidad fue a cubrir una protesta de los mineros ilegales en Puerto Maldonado y que fue reconocido por una de las operadoras que estaba en el escenario. “Ella era de La Pampa y dijo, señalándome, ‘este es el periodista que graba cuando llega la Policía, que habla mal de la minería’ y me agarraron a golpes, en la plaza había 10 mil mineros. Mi hija estaba sola en mi casa y vio lo que pasó, ese recuerdo me queda en la mente” acotó.

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A su turno, Palacios señaló que “La Resistencia” la ha acosado hasta en siete oportunidades en el último año en las afueras de su casa.

“La Municipalidad de Miraflores tiene una ordenanza que prohíbe el uso de megáfonos en la vía pública, la sanción es el decomiso del equipo y la multa. Se lo he dicho varias veces al alcalde [Carlos Canales] … Si yo subo el volumen [de una radio] viene el serenazgo a quejarse. La Policía está presente, los observa y no hace nada”, expresó.

Palacios advirtió que este tipo de grupos “va a pasar a la violencia física” y remarcó que estos actúan como “los búfalos apristas”.