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Cuando Sada Goray, el 4 de diciembre, apareció en varios medios posando como extorsionada, se condenó a sí misma. Nadie la tomó en serio como víctima; pero sí, muy en serio, como alguien que admitía haber pagado hasta S/. 4 millones a Salatiel Marrufo para que el Ministerio de Vivienda se alinee con sus intereses. En realidad, Sada intentó poner un parche, pues, de hecho, tenía que saber que Marrufo, preso desde el 11 de octubre, había cantado todo y no tardarían en difundirse sus confesiones.
En efecto, dos noches después, el 6 de diciembre, trascendieron las declaraciones de Salatiel en las que afirmaba que parte de la coima fue a manos de Castillo. A la mañana siguiente, en vivo y en directo, Marrufo cantó lo mismo ante la Comisión de Fiscalización. Al mediodía, Castillo pronunció su golpe de Estado. El desenlace se precipitó y el escándalo Goray pasó a segundo plano. Pero quedaron los cabos sueltos.
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Sada, la imponderable, el 4 de diciembre estaba, en realidad, improvisando desde el extranjero (donde aún reside) una suerte de colaboración eficaz para una fiscalía que, hasta hoy, ha sido generosa con ella. Pero ese mismo día se le complicó otro frente, no precisamente penal, sino comercial y arbitral. Sucede que, tal como lo denunció un reportaje de “Cuarto Poder”, su relación con Marrufo no solo sirvió para cambiar el directorio del Fondo Mivivienda a su medida. Aprovechó a Marrufo para que le facilitara otro negocio millonario.
La inmobiliaria Centenario cursó una carta notarial a Sada Goray comunicándole que resolvían el contrato. Actualmente ambos se enfrentan en un arbitraje.
En el 2019, Goray y 3 socios más, compraron un terreno en Chilca, al sur de Lima, por $18′520,000. En diciembre del 2019 el grupo inmobiliario Centenario les compró a Goray y a 3 socios, 30has por $15 millones. En junio del 2021 se totalizó la compra de las 60has restantes por $32.6 millones. Todo esto sucedió antes del arribo de Castillo y de que Goray hiciera migas con Marrufo y a sabiendas de que el predio, originalmente propiedad de la Comunidad de Chilca, tenía una superposición con un registro a nombre del Estado que la vendedora debía sanear. Por lo tanto, esta debía lidiar con la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales) para que revise el tema y, de acuerdo a su reclamo, reconozca el registro más antiguo.
El director de gestión del patrimonio estatal de la SBN, William de la Vega, negó de plano el pedido a pesar de las presiones de Marrufo, tal como cuenta en el citado reportaje de “Cuarto Poder”. El 7 de diciembre del 2021 le pidieron su renuncia. Sin embargo, recién en abril y junio del 2022, con nuevos funcionarios se pudo zanjar el tema definitivamente a favor de Goray. La SBN contrato a una abogada supervisora, Flor Olivera, para que resolviera el tema. Lo hizo, por supuesto, a favor de Sada. Era su amiga y había sido su socia.
No sabemos cuál fue la coima exacta que pagó Goray por conseguir que la SBN se alinee con ella. Pero, en las declaraciones de Marrufo, se suman más de S/. 9 millones (entre pago en efectivo y un departamento en San Isidro), que recibió fuera de los primeros S/.4 millones que, en sus únicas entrevistas, Goray admitió que pagó durante el 2021. En su testimonio, Mauricio Fernandini cuenta que él fue testigo de que Marrufo le dijo a Goray que cambiar el directorio de Mivienda iba a costar S/. 4 millones. He conversado con fuentes ligadas a él, y Fernandini se ha ratificado en ese punto y en que su participación en las andanzas de Goray, de su intermediaria Pilar Tijero (la prima del periodista) y de Marrufo, se limitó al tema de Mivivienda. Por otro lado, los S/.4 millones se pagaron durante el 2021 y difícilmente hubieran podido incluir un tema que recién se resolvió meses después, durante el 2022.
Salatiel Marrufo tendrá ahora comparecencia con restricciones.
He hecho estas precisiones cronológicas y mezquinas; para que tengan una idea de que la trama corrupta entre el emporio constructor de Goray y el Ministerio de Vivienda fue sostenida durante todo el castillismo, va mucho más allá de los S/.4 millones iniciales e involucra a más áreas, intereses y personajes de los que se creen. Es muy probable que, desde el punto de vista corruptor, Vivienda funcionó mejor que el MTC (Ministerio Transporte y Comunicaciones), donde los escándalos se poncharon muy temprano en el 2021, al seguir la pista de Karelim López y de su amigo Bruno Pacheco, el primer secretario de Castillo. Ello hizo prender todas las alarmas y se frustró la licitación del Puente Tarata. Mientras ello pasaba en el MTC, Sada, Salatiel y el ministro Geiner Alvarado, pasaban piola en el sector Vivienda.
Muchos personajes tendrán que asumir la responsabilidad de haber hecho negocios con Goray, a sabiendas de que tenía influencias non sanctas en el gobierno. Hay líneas de investigación poco exploradas, como la designación de Luis Mesones Odar, ex pareja de Sada, como viceministro de MYPE e Industria en el Ministerio de la Producción (Produce). Los esfuerzos de Goray de su abogado, el ex fiscal Telmo Zavala, por mantener perfil bajo y aspirar al status de colaboración eficaz (CE), le granjearon la extraordinaria ventaja de que la excluyan del cargo de organización criminal, que sí pesa sobre personajes secundarios como Fernandini y Tijero. Zavala me confirmó que apuesta a la CE y me dijo que “lo importante es reconocer y enmendar”. Pero ni él ni trascendidos de la fiscalía han mostrado señales visibles de la colaboración. La procuraduría anticorrupción ha metido sus narices en tema tan maloliente, y está pidiendo que se revise el trato a Goray.
¿Y los árbitros?
Volvamos al frente comercial. Como les empecé a contar, el terreno que desesperada y corruptamente saneó Goray había sido comprado por Centenario, una inmobiliaria que, entre sus accionistas principales cuenta a dos de los mayores grupos económicos en el Perú, Credicorp con 15.7% y Breca Inmobiliaria con 13.8%. Cuando los directivos de Centenario vieron el reportaje de “Cuarto Poder” del domingo 23 de octubre del 2022, según cuentan en un comunicado difundido el pasado martes 6, “al día siguiente, CDU [Centenario Desarrollo Urbano, subsidiaria de la matriz Centenario], aplicó la cláusula anticorrupción contenida en el contrato de compraventa, lo que supuso dejar sin efecto la adquisición de 60has”.
Esta es la cláusula anticorrupción del contrato entre Centenario y Goray; que permitió al primero llevar el tema a arbitraje.
La mentada cláusula implicaba que, ante cualquier evidencia de que una de las partes haya empleado métodos corruptos en su accionar, se resuelve el contrato (ver el documento adjunto). En su comunicado, Centenario dice que el 23 de octubre “se conoció en los medios que la señora Sada Goray reconocía haber usado métodos ilegales para obtener beneficios con el Estado”. Hay nervios en Centenario, pues aquí cometen un error. Fue recién el 4 de diciembre que Goray apareció entrevistada y admitiendo culpas. Sin embargo, las revelaciones del 23 de octubre, son suficientes para enfangar cualquier trato.
La inmobiliaria, salvo su comunicado, mantiene silencio por una razón en especial. Siguiendo la ruta de la cláusula de corrupción, han llevado su discrepancia contractual con Goray a un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima. Centenario no ha querido declarar para esta crónica pero mis fuentes me cuentan que el arbitraje es millonario pues involucra el pago de los S/. 32.6 millones por las 60 has. La inmobiliaria ya vendió predios a varios compradores, a los que tiene que responder devolviéndoles el dinero o trocándolos de lugar. Sin embargo, hay muchos que se quieren quedar. A este paso, considerando que hay varios afectados de los proyectos que se empezaron a construir gracias a la corrupción de Mivivienda, podría fundarse una asociación de víctimas de Sada Goray.
La resolución del arbitraje no tendrá efecto sobre la controversia originada por la superposición. La SBN la resolvió a favor de Goray pero de una forma tal que vició todo el proceso. Centenario, como deja entrever en su comunicado, mantiene su expectativa por recuperar el terreno, cuando se llegue a “la conclusión de la controversia”. Mucho tendría que pasar para eso, considerando que la opinión pública pondrá una bandera sobre el predio.
