En marzo de este año, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el entonces ministro de Trabajo Alfonso Adrianzén y el presidente ejecutivo de Essalud, Aurelio Orellana, por el pago de S/41 millones que el seguro social hizo a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C. La indagación incluye a Grika Asayag, quien hasta febrero laboró como asistenta de la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno.
Semanas antes, el ente estatal había hecho el desembolso del millonario monto a Aionia por la compra de más de un millón de pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19, contrato cerrado en el 2020, durante el gobierno de Martín Vizcarra.
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Este pago se había suspendido hace dos años y medio, luego de que un informe de la contraloría señalara que hubo direccionamiento en la contratación de la compañía. Sin embargo, Aionia acudió al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que resolvió que Essalud abonara los S/41 millones, un trámite en el que Adrianzén y Orellana estuvieron pendientes.
El Comercio ha revelado chats de WhatsApp y declaraciones de funcionarios de Essalud a la fiscalía que evidencian el rol de Adrianzén y Orellana. Además, otros personajes han sido implicados en el caso. ¿Por qué?
El jefe de Essalud
Como parte de su testimonio a la fiscalía, Publio Román, gerente central de Gestión Financiera de Essalud, entregó capturas de chats de WhatsApp que muestran las conversaciones que tuvo con Orellana en el mes de febrero.
Orellana, médico cirujano, fue nombrado presidente ejecutivo del seguro social en noviembre del 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo. Dina Boluarte lo mantuvo en el cargo tras asumir el Ejecutivo, en diciembre del año pasado.
El 8 de febrero, Orellana llamó a Román para preguntarle cuándo se iba a concretar el pago (se hizo dos días después). En la misma conversación, el titular de Essalud le pidió al gerente que le escribiera por WhatsApp para reenviarle el mensaje al entonces ministro Adrianzén, quien le había solicitado información sobre el asunto. Essalud está adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
El 10 de febrero, día en el que se concretó el pago a Aionia, Román le informó a Orellana, también por WhatsApp, que el gerente general de la compañía (Carlos Valdivia Montoya) ya había recogido los cheques. El titular de Essalud agradeció que le avisara.
Dos días después, Román recibió una nueva llamada de Orellana, pero con un tono distinto. Le indicó que la presidenta Dina Boluarte se había comunicado con él para preguntarle por qué se había hecho el pago a Aionia.
Según Román, Orellana le dijo: “La presidenta de la República me ha llamado, del porqué he hecho el pago a Aionia, parece que el ministro de Trabajo está involucrado”.
Entrevistado por El Comercio, Orellana reconoció la conversación por WhatsApp. “Sí, recuerdo esta comunicación. El ministro [Adrianzén] me dijo que, si había alguna novedad sobre el pago a proveedores, específicamente eso, que se le informe. Entonces como jefe inmediato superior, porque [Essalud] depende del Ministerio [de Trabajo], se le trasladó la información de [Aionia]”.
El exministro de Trabajo
Otros chats de WhatsApp revelan la injerencia del entonces ministro de Trabajo Alfonso Adrianzén en el asunto. Estas comunicaciones, todas con Orellana, se dieron entre el 8 y 9 de febrero, antes de que se concretara el pago de S/41 millones.
Adrianzén es una persona de confianza del primer ministro Alberto Otárola, alguien a quien considera su amigo y que conoció cuando estudiaban Derecho en la Universidad San Martín de Porres.
El abogado asumió la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo el 13 de enero de este año, tras la renuncia de Eduardo García. Antes de asumir el MTPE, Adrianzén laboró con Otárola como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa y secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros.
En una de las conversaciones con Orellana, Adrianzén le manifestó su incomodidad porque el área de “finanzas [de Essalud] le ha parado el trámite [a Aionia] pidiendo informes a [la] gerencia central de asesoría jurídica y gerencia central de operaciones […], que viene paralizando la acción; existe esta vez un tercero, no vinculado que está llamando para solicitar lo que no corresponde. [Por] favor, indaga y salgamos de esta incomodidad”.
Al parecer, Adrianzén se refería a las consultas hechas por la Gerencia Central de Gestión Financiera a la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe) y a la Gerencia Central de Asesoría Jurídica de Essalud sobre la penalidad de S/4,1 millones que había contra Aionia, la cual se encontraba en el sistema de la entidad.
El entonces ministro volvió a manifestarle a Orellana su malestar por la demora en la ejecución del laudo arbitral de la CCL a favor de Aionia. “[…] Pese a tus indicaciones el área financiera quiere fraccionar el reconocimiento del laudo distorsionando su verdadero sentido. Ya no te pido que continúes sancionando a esos funcionarios, pero me parece que este tipo de acciones fuera de libreto dan en la práctica una mala señal”, escribió.
En otro mensaje de WhatsApp, Orellana le avisó a Adrianzén que el gerente general de Aionia ya había recogido los cheques del pago de S/41 millones, adjuntándole imágenes de las órdenes de pago.
En conversación con El Comercio, Adrianzén justificó su intervención en el asunto, pero no reconoció todos los chats con Orellana. “Recuerdo haberme comunicado con él [Orellana], pero el sentido era inverso. Yo no lo estoy haciendo para que les paguen a estas personas [de Aionia], sino para que no exista un tema de coima que estas personas están diciendo que puede estar ocurriendo ahí. Era una presunción, una preocupación mía. Es un tema muy delicado”.
El miércoles 21, Adrianzén asistió a la Fiscalía de la Nación para declarar por la investigación del pago.
El jefe de la PCM
Este Diario también hizo público otro chat de WhatsApp entre Adrianzén y Orellana, en el que el entonces ministro le dice al jefe de Essalud que hiciera una llamada “tripartita con PCM”. El diálogo se dio el 28 de enero, según quedó registrado en el chat. Para entonces, Aionia ya había enviado una comunicación al Ministerio de Trabajo para solicitar el pago de S/41 millones.
De acuerdo con la exasistente presidencial Grika Asayag, Otárola estuvo al tanto del pago a Aionia. “[La llamada] es [entre] PCM, el ministro de Trabajo y el presidente de Essalud, eso es lo que dice el chat”, dijo a El Comercio cuando se le preguntó quiénes habían participado en la llamada “tripartita”.
“Se entiende que es el premier [el jefe del Gabinete Alberto Otárola]. El presidente de Essalud no va a hablar con la secretaria [de la PCM]. Ellos están en el nivel de premier, [del] ministro”, afirmó después la exasistente de Dina Boluarte en Palacio de Gobierno.
Otárola asumió la presidencia del Consejo de Ministros el 21 de diciembre del año pasado. Antes había sido ministro de Defensa del gobierno de Dina Boluarte, cargo en el que solo estuvo 11 días.
Cuando Boluarte era vicepresidenta y ministra, en el gobierno de Castillo, Otárola fue su abogado en la denuncia constitucional que ella afrontó ante el Congreso. El titular de la PCM también ha sido abogado del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia. En el gobierno del líder del Partido Nacionalista Peruano (2011-2016), Otárola fue jefe de Devida y ministro de Defensa. Además, en el 2021 postuló al Congreso y a la segunda vicepresidencia por la misma agrupación política, en la que incluso estuvo afiliado.
Otárola negó a El Comercio que haya sido parte de alguna “llamada tripartita”. Afirmó que esa comunicación nunca ocurrió.
“En ninguno de los chats entre Adrianzén y Orellana existe una preocupación de mi parte para que Essalud agilice el pago a la empresa Aionia. Nunca escribí ni una sola palabra sobre ello”.
Alberto Otárola , jefe del Gabinete Ministerial
El titular de la PCM comentó que la conversación con Adrianzén se limitaba a “temas estrictamente de gestión en el ejercicio de las funciones. […] Su salida es una expresión plena de mi indignación y la de la presidenta Boluarte por este asunto”.
No obstante, Adrianzén recién dejó el sector Trabajo el 23 de abril último, un mes después del inicio la investigación fiscal del caso y dos meses luego de que se conociera del pago a la empresa.
Sobre la llamada “tripartita”, Orellana contestó a este Diario: “El mensaje se relaciona con una intención de coordinar con la PCM por temas relacionados con la escala salarial, nada relacionado a Aionia. Esta nunca se concreta”.
La exasistenta presidencial
Grika Asayag fue implicada en el caso del pago por una supuesta reunión que tuvo con Aurelio Orellana en el restaurante Delibakery de San Isidro, cuyo dueño es el empresario Félix Rosenberg, amigo de Alberto Otárola, quien fue su abogado.
“Él [Orellana] me dijo que yo no estaba comprometida en este proceso, en este trámite que han hecho, que el trámite venía de otro lugar y en mi nerviosismo le he exigido que me diga de dónde. Es por eso que conozco el contenido de los chats”, contestó Asayag a este Diario cuando se le preguntó sobre el asunto.
Sobre el restaurante Delibakery de San Isidro, la Fiscalía de la Nación investiga una presunta reunión en la que habrían participado Orellana, Asayag, Marco Valdivia Montoya (gerente general de Aionia) y el abogado Miguel del Castillo. Hace unas semanas, la fiscalía fue al local para recoger boletas y videos, pero en el restaurante no tenían comprobantes ni registro visual de la supuesta reunión entre las cuatro personas, según el acta de la diligencia.
Asayag aseveró que en la reunión solo estuvieron ella y Orellana. Afirmó que la cita se realizó el viernes 3 de febrero.
Sobre Rosenberg, Asayag señaló a este Diario: “Sí, lo conozco. [¿Es amigo del señor Otárola?, le preguntamos] Claro, él es su abogado [de Rosenberg]. Yo lo conozco por el primer ministro”.
Asayag, amiga de Dina Boluarte, fue apartada de su cargo como asistenta del Despacho Presidencial en febrero de este año por presuntamente haber presentado certificados falsos para acceder a sus puestos.
El miércoles 21, Asayag declaró ante la fiscalía por la indagación del caso.
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El gerente general de Aionia
Carlos Alberto Valdivia Montoya es el gerente general de Aionia, empresa que el 20 de enero envió la documentación al Ministerio de Trabajo para solicitar el pago de S/41 millones ordenado por el laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Lima.
Hasta antes de lograr el contrato con Essalud, en el 2020, durante la gestión de Fiorella Molinelli en la entidad, Aionia solo había obtenido órdenes de compra con el Estado por S/133.388.
En octubre del 2020, este Diario reveló que Essalud contrató de forma directa a Aionia para comprar 1′174.800 pruebas rápidas a S/34,9 cada una, cuando en esa misma época Perú Compras había adquirido grandes cantidades del mismo producto con precios unitarios que estaban entre S/16 y S/29.
Además de ser empresario, Valdivia postuló tres veces a la alcaldía de Bellavista (Callao), aunque lo hizo por diferentes agrupaciones: en el 2006 por Unidad Nacional (alianza de la que el PPC fue parte), en el 2010 por Mi Callao y en el 2022 por el movimiento regional Más Callao (del que es parte Ciro Castillo Gálvez, actual gobernador).
En el 2018, Valdivia también intentó postular a la alcaldía de Bellavista por el partido Vamos Vecino, liderado por el exalcalde del Callao Juan Sotomayor, quien cumple prisión preventiva por delitos de organización criminal y cohecho.
Su nombre fue mencionado en uno de los audios del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en el cual el entonces miembro del CNM Julio Gutiérrez Pebe solicitaba al juez César Hinostroza que ayudara a Carlos Valdivia para que se consolidara como candidato a la alcaldía de Bellavista.
Valdivia dijo a El Comercio que no hubo ninguna irregularidad en el pago de S/41 millones a su empresa. “Si Essalud no pagaba día a día, seguía sumando intereses a favor de nuestra empresa en perjuicio de Essalud”, respondió.
El pago a la empresa no incluyó la penalidad de S/4,1 millones que estaba en el sistema de Essalud. Por esta razón, pudo cobrar los S/41 millones por el contrato de las pruebas rápidas.