Un total de 13 partidos políticos presentaron sus respectivas listas de precandidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana para las próximas Elecciones municipales y regionales 2022 que se realizarán en octubre.
La nómina del Jurado Nacional de Elecciones registra a 14 precandidatos que aún deben esperar los comicios internos de sus agrupaciones políticas para definir quiénes se postularán al sillón de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Entre los que aspiran a la alcaldía de Lima se encuentran conocidos políticos, algunos investigados por lavado de activos o implicados en procesos administrativos sancionadores.
¿Quiénes son los 14 precandidatos?
Omar Chehade Moya - Alianza Para el Progreso
Abogado especialista en derecho penal y constitucional, entre el 2005 al 2008 trabajó en la Procuradoría Ad Hoc Anticorrupción para los casos Fujimori – Montesinos.
Estuvo afiliado a Fuerza Democrática y al Partido Nacionalista. A través de este último fue elegido congresista y en el 2011, segundo vicepresidente en la lista de Ollanta Humala.
Tras el escándalo de su reunión en el Restaurante “Las Brujas de Cachiche” con mandos policiales -donde se conversó sobre un proceso de desalojo en la azucarera Andahuasi para favorecer a un tercero- dimitió al cargo de vicepresidente.
Luego, se afilió al Partido Alianza por el Progreso (APP) por el que fue elegido congresista en el 2020 para un periodo complementario tras la disolución del Congreso.
Según el registro de proveedores ha prestado servicios para el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) por S/711 mil.
Además, registra dos infracciones vehiculares calificadas como “graves” que se encuentran pagadas.
Omar Chehade Moya fue investigado por la Fiscalía de la Nación por su participación en una reunión junto a tres generales de la Policía en el restaurante Las Brujas de Cachiche, en octubre de 2011.
Por ese mismo caso, su hermano Miguel Chehade Moya fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de corrupción en la administración pública-Cohecho.
El caso se vinculaba a las gestiones para materializar el desalojo de la Azucarera Andahuasi a favor del Grupo Wong.
El exvicepresidente fue investigado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propuso denunciarlo constitucionalmente por patrocinio ilegal e inhabilitarlo por cinco años.
No obstante, con el apoyo de la Bancada de Gana Perú logró que dicha denuncia sea archivada en el pleno del Parlamento en enero del 2012.
Un año después, el exfiscal de la Nación José Pelaez Bardales archivó la investigación que seguía en contra de Chehade.
Yuri César Castro Romero- Perú Libre
Es bachiller en derecho. Desde octubre del 2017 se encuentra afiliado a Perú Libre (PL). Postuló para regidor de Lima en 2018 y en las elecciones congresales complementarias del 2020, pero no tuvo éxito.
Videos publicados por Perú Libre y su fundador Vladimir Cerrón, lo muestran impartiendo “clases magistrales” para los militantes de dicho partido.
Durante la campaña electoral conducía junto a otro integrante de Perú Libre el espacio “Palabra de Maestro” a favor del ahora presidente Pedro Castillo. Además, fue su asesor de comunicaciones.
Es por ello que, luego de que Castillo ganó las elecciones generales, Castro Romero acudió a Palacio de Gobierno, según portal de Transparencia. También registra visitas a congresistas de Perú Libre entre el 2021 y 2022.
El 9 de diciembre del 2021 visitó al exministro del Ambiente Rubén Ramírez Mateo y un día después, según el registro nacional de proveedores se expidió la orden de servicio a favor de Yuri Castro Romero por el valor de S/2.500 por “Servicio de locución en off para los materiales comunicacionales sobre los temas de interés del Ministerio del Ambiente”.
El portal Piensa.pe difundió un audio en el que Yuri Castro afirmaba que acudía a Palacio de Gobierno para darle clases a los hijos del jefe de Estado.
Junto a su hermano Fidel Castro Romero, informaron ante el Congreso ser directivos de la Casa de la Amistad Peruano-Cubano de Barrios Altos.
Luis Alfonso Molina Arles-Avanza País
Abogado de profesión, con experiencia en gobernabilidad y gerencia. Fue elegido alcalde de Miraflores para el periodo 2019-2022 por el partido Solidaridad Nacional. No obstante, renunció a dicha agrupación en 2019, tras conocerse presuntos aportes ilícitos de la empresa brasileña OAS a la campaña del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.
Militó en Renovación Popular y actualmente se encuentra afiliado a la agrupación Avanza País.
Antes de ello se desempeñó como regidor de la Municipalidad de Miraflores por 12 años (tres elecciones consecutivas) y fue presidente de la Comisión de Regantes Subsector de Riego Surco.
Luis Molina Arles, en su condición de regidor, fue denunciado por el exprocurador de la Municipalidad de Miraflores por el presunto delito de concusión por presuntamente estar interesado en una demanda de indemnización contra dicho municipio.
El caso se siguió ante la 31 Fiscalía Provincial Penal de Lima que el 11 de abril del 2006 declaró no ha lugar a formalizar denuncia penal.
Un año después, la Séptima Fiscalía Superior Penal de Lima declaró infundada una queja presentada por el procurador y archivó el caso de manera definitiva.
En ese momento, Molina había cuestionado la designación del procurador por no cumplir con los requisitos requeridos.
En marzo del 2020, la Contraloría advirtió a Luis Molina Arles, en su calidad de alcalde de Miraflores, tras detectarse “situaciones adversas” en el “Servicio de Mantenimiento, Conservación, Tratamiento y Limpieza de Áreas Verdes Públicas”.
Según el informe de vista de control Nro 011-2020-OCI/2161-SVC el contratista venía “incumpliendo sus obligaciones en el servicio de mantenimiento, conservación, tratamiento y limpieza de áreas verdes públicas en el distrito de Miraflores, ocasionando que se pague actividades no realizadas y que se venga generando penalidades que no se le está aplicando por dichos motivos”.
En ese momento, la Contraloría dispuso que el entonces alcalde Molina comunique al órgano de control de la municipalidad a fin de que, vía un plan de acción, tomen las medidas correctivas.
Álex Gonzales Castillo-Demócrata Verde
Tiene estudios en administración, gerencia municipal y conciliación extrajudicial. Fue electo alcalde de San Luis por el Partido Aprista (1986). Luego, postuló a diversos cargos de elección por Perú Posible, Movimiento Acción Social, Movimiento Regional Voz Verde, Siempre Unidos, Cambio Radical, Democracia Directa y Fuerza Popular. Todos sin éxito.
Gonzáles Castillo fue conocido por proponer el uso de helicópteros para combatir la delincuencia durante su postulación a la alcaldía de Lima en el 2010.
En el 2018, fue electo alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho por el partido Podemos.
El precandidato registra una infracción vehicular calificada de “grave” que ya se encuentra pagada.
Según el registro de visitas a Palacio de Gobierno se reunió con el presidente Pedro Castillo en noviembre del 2021 y con el entonces presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, en setiembre del 2021.
Álex Gonzáles Castillo ha sido vinculado a la investigación que abrió la Fiscalía de la Nación contra el congresista de Perú Libre. Edgar Tello Montes, por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado en perjuicio de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.
El parlamentario es investigado ya que “habría ejercido influencias en el alcalde para que el Consorcio Casa de la Mujer obtuviera la buena pro para la construcción de la obra de la casa de la mujer en ese distrito, por más de S/ 15 millones”.
Según conversaciones del congresista Tello halladas por el Ministerio Público, este se habría reunido con Gonzáles con la intensión de solucionar los problemas que presenta un consorcio que no cumplía con los requisitos para adjudicarse la buena del proyecto.
El actual alcalde de San Juan de Lurigancho negó estar vinculado al congresista Tello y afirmó que se pondrá a disposición de la Fiscalía.
Álex Gonzáles Castillo fue sometido a un proceso de vacancia en el 2019 ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras denunciarse que había incurrido “en la causal de restricciones de contratación” por aprobar el pago de una deuda a una empresa a cargo de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos por más de S/3 millones.
En octubre del 2019, el Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho rechazó la solicitud y luego, declaró nulo dicho acuerdo y analizó nuevamente el pedido en octubre del 2020. Una vez fue rechazado.
En agosto del 2021, el JNE declaró infundado el recurso de apelación y confirmó el Acuerdo de Consejo de 2020 que desestimó la solicitud de vacancia.
Álvaro Paz de la Barra - Fe en el Perú
Abogado de profesión con estudios de derecho constitucional, Paz de la Barra fue electo alcalde de La Molina para el período 2019-2022.
Mantuvo un proceso judicial por agresiones físicas y sicológicas con su esposa. El Poder Judicial otorgó medidas de protección para ambos.
Según el registro de proveedores desde el 2016 es accionista con el 20% del Estudio de Abogados Paz De La Barra Abogados SAC, que ha logrado adjudicarse diversos procesos hasta el 2017 por un monto de S/2.5 millones aproximadamente.
También figura como accionista de PBF Servicios Generales SAC (RUC 20600511107), PBF Gestión Ambiental Sociedad Anónima Cerrada (RUC 20600511484) y PBF Obras SAC (RUC 20600511689) que no presentan contratos con el Estado.
El precandidato a la alcaldía de Lima registra siete infracciones vehiculares entre “graves” y “muy graves” que se encuentran pagadas.
En marzo del 2021, el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este intervino la sede de la Municipalidad Distrital de La Molina, al investigar presuntas irregularidades del alcalde Álvaro Paz de la Barra en el uso de bienes del Estado.
Según las pesquisas de ese momento, Paz de la Barra habría utilizado drones destinados a la seguridad ciudadana y personal de Serenazgo, para asuntos particulares relacionados con su cónyuge Sofía Franco Ayllón.
La Contraloría detectó presuntas irregularidades durante la gestión de Paz de la Barra que habrían producido que la Municipalidad de La Molina desembolse de manera innecesaria S/145,421.
Así se determinó en los informes de control Nro. 012-2021-2-2178-SCE para la “Contratación de la ejecución de la obra-Creación de la ciclovía y la Av. Alameda del Corregidor entre la Av- Raúl Ferrero y la Av. La Molina” y el Nro. 014-2021-2-2178-SCE para la “Convocatoria, contratación de servicio de traslado de personal”.
En el primer caso, la Contraloría detectó que el postor que tuvo mayor puntaje y ofrecía un monto menor al de su competidor, fue descalificado. Con ello, se favoreció a la empresa cuya oferta era mayor con lo que se perjudicó a la Municipalidad de la Molina con el pago adicional de S/109,429.
Mientras que, de similar forma, la Contraloría detectó que el municipio contrató con una empresa cuya oferta era mayor a la de su competidor que quedó descalificado sin fundamento, lo cual perjudicó a dicha comuna con el pago de S/35,992.
En ambos casos, la Contraloría dispuso que se abran investigaciones administrativas para los responsables (que no comprendían a Paz de la Barra) y autorizó a su procurador para que realice las acciones legales penales por las irregularidades detectadas.
Carlos Manuel Torres Garagundo-Frepap
Estudia economía política en Universidad de San Martín de Porres desde el 2017. Según el registro de organizaciones políticas ha pertenecido al Frente Popular Agrícola Fia del Perú (Prepap) desde el 2011.
Además, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registra 14 infracciones vehiculares entre “leves”, “graves y “muy graves” que se encuentran pagadas.
Eduardo Sebastián Liu Palacios - Juntos por el Perú (lista 1)
Capitán en retiro del Ejército. Según su hoja de vida, desde el 2016 se desempeña como jefe de seguridad de la empresa Los Andes Gold S.AC. Además, se desempeñó como sub gerente de Serenazgo de la Municipalidad de Los Olivos y sub gerente de la Municipalidad de Castilla (Piura).
Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registra dos infracciones calificadas como “graves” que se encuentran pagadas.
En octubre del 2020 se vio implicado en una denuncia por departir junto a otros trabajadores del Serenazgo de la Municipalidad de Castilla. Según un video difundido, fue captando bailando y cantando en pleno estado de emergencia sanitario, según reportó La República.
Gonzalo Ricardo Alegría Varona - Juntos por el Perú (lista 2)
Es doctor en economía y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Fue director de Relaciones y Cooperación Internacional de la Universidad César Vallejo, gerente general de Editora Perú, asesor de despacho de alcaldía y gerente municipal de San Juan de Lurigancho, entre otros.
El hijo del escritor Ciro Alegría también formó parte del equipo técnico de Perú Libre durante la campaña electoral del entonces candidato Pedro Castillo.
Estuvo afiliado a Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Victoria Nacional y ahora a Juntos Por el Perú. En el 2011 fue electo parlamentario andino por Perú Posible.
La fiscalía lo investigó y acusó por presuntamente haber sido uno de nueve “donantes” del condenado ex presidente regional de Áncash, Waldo Ríos, para el pago de un millón de soles por concepto de reparación civil tras una condena de cuatro años.
Ríos Salcedo, quien en el 2015 postuló por el Movimiento Puro Áncash, debía realizar el pago de la reparación civil para que el Poder Judicial lo declare rehabilitado y el Jurado Nacional de Elecciones le entregue sus credenciales tras ser electo presidente regional.
Según se reportó en ese momento, Alegría Varona publicó una foto en su cuenta de Facebook. “Celebrando en familia, en mi casa, después de que Waldo Ríos pagó la multa”, se leía en la publicación.
En el 2019, la fiscalía solicitó 10 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos para Alegría al considerarlo cómplice de este ilícito, pero dicho extremo de la acusación no prosperó.
George Patrick Forsyth Sommer - Somos Perú
Es bachiller en administración de empresas. En el 2010 fue electo regidor distrital de La Victoria por el Partido Popular Cristiano.
Fue electo alcalde de La Victoria en el 2018 por Somos Perú para el período 2019-2022. Sin embargo, en el 2020 renunció para postular a la Presidencia en el 2021.
El ahora precandidato a la alcaldía de Lima también ha sido futbolista profesional.
En junio del 2021 se reunió con el entonces candidato presidencial Pedro Castillo, tras la segunda vuelta electoral.
Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registra seis infracciones vehiculares entre “leve”, “grave” y “muy grave” que han sido pagadas.
En el registro nacional de proveedores Forsyth figura como accionista de tres empresas, dos de ellas en funcionamiento. Se trata de GFS TEC. S.A.C., donde aparece con el cien por ciento de las acciones.
También está la G.R.T. Seguridad y Control S.A.C. donde aún figura con el 75% de las acciones y su socio Renzo Navarro con el 25%. Con esta última empresa logró contrarar por el monto de S/ 401.850 mil con la Municipalidad Provicincial de Huaral entre 2013 y 2014.
Ante el Jurado Electoral Especial en 2021, Forsyth aseveró que sus acciones en G.R.T. Seguridad y Control S.A.C fueron transferidas a Jhon Carrillo Cerna, el 16 de marzo del 2017.
Durante el proceso electoral del 2021 fue inicialmente excluido por no haber declarado ingresos de su empresa Inversiones FBG S.A.C (actualmente con suspensión temporal). No obstante, tras una apelación, el pleno del JNE le permitió continuar en carrera.
En enero del 2021, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación contra Georfe Forsyth por el presunto delito de negociación incompatible luego que El Comercio informara que, durante su gestión como alcalde de La Victoria, había realizado diversos contratos a favor de su amigo y socio Renzo Navarro.
Navarro, quien no tenía estudios en gestión pública, ni experiencia logró contratar por S/107 mil desempeñando servicios de gestión, administración y comunicación para el exalcalde.
En mayo del 2017 fue procesado por violencia familiar tras la denuncia de su entonces esposa Vanessa Terkes por “maltrato psicológico, económico y moral”.
Pese a que solicitó medidas de protección, en junio del 2019, el Poder Judicial declaró “no ha lugar al otorgamiento de medidas de protección” contra del exalcalde.
En diciembre del 2020 el caso fue archivado por el 17 juzgado de Familia de Lima. Esto fue confirmado por la jueza.
El Comercio informó en febrero del 2021 que durante la gestión de George Forsyth como alcalde de La Victoria, cinco empresas vinculadas a una sola familia lograron contratar con dicho municipio por S/3’032.126,23 millones.
En ese momento se informó que tres de dichas compañías fueron proveedores únicamente de la Municipalidad de La Victoria y sus contratos fueron sin concurso público y en plena emergencia sanitaria.
Elizabeth León Chinchay - Frente de la Esperanza
Es ingeniera civil de profesión. Ha sido consultora independiente entre 2008 y 2011. Luego, fundó la empresa E.L. Asesores y Consultores. Fue candidata para el decanato del Colegio de Ingenieros de Áncash.
Estuvo afiliada al Frente Independiente Moralizador. Ahora, bajo el manto del Partido Frente de la Esperanza liderado por el exministro Fernando Olivera, postula para la alcaldía de Lima.
Según el registro de proveedores ha contratado con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la Municipalidad de Ventanilla, la Autoridad Nacional del Agua, el Banco de la Nación, entre otros.
De otro lado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registra dos infracciones de tránsito “grave” y “muy grave” que se encuentran pagadas.
Mientras que mantiene una infracción vehicular registrada en Huancayo con la calificación “G29″ (cuando los conductores de vehículos de transporte público y privado realizan maniobras peligrosas) que es sancionado con S/352 soles y 20 puntos menos en la licencia de conducir.
Guillermo Edinson Flores Borda - Partido Morado
Abogado especializado en derecho económico internacional. Figura como abogado del Estudio Muñiz donde se especializa en procesos vinculados a mercado de capitales y regulación bancaria, financiamiento de proyectos y sindicaciones, adquisiciones corporativas y finanzas corporativas. Además, es profesor universitario.
Según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE se encuentra afiliado al Partido Morado desde setiembre del 2020.
Julio Alberto Lingán Padilla - Partido Patriótico del Perú
Es abogado de profesión. Tiene estudios de postgrado en la Escuela Nacional De Marina Mercante.
Es sobrino de Alfonso Barrantes Lingán, líder de la organización Izquierda Unida que llegó a ser alcalde de Lima entre 1984 y 1986.
Según el registro de proveedores es accionista de la empresa JL & ASOCIADOS S.A.C. con el 50% de las acciones.
Según el registro del JNE encuentra afiliado a Partido Patriótico del Perú y fue personero legal de dicha agrupación desde julio del 2020 hasta abril del 2022.
El registro de visitas electrónicas señala de Lingán Padilla ha visitado el despacho de congresistas de Perú Libre, Renovación Popular, Juntos por el Perú y el despacho de la ministra de Trabajo, Betssy Chávez Chino.
Se vio implicado en un proceso de la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de La Libertad contra Marco Leoncio Rubio Otiniano, en su actuación como juez de paz del Juzgado de Segunda Nominación de El Porvenir (Trujillo).
Según el proceso, el juez certificó un documento firmado por Pilar Silva Tinedo de Berguer en el que otorgaba poderes a Julio Alberto Lingán Padilla en octubre de 2014.
No obstante, según las investigaciones “la presunta otorgante del poder no se encontraba en el territorio nacional en la fecha en que supuestamente se apersonó junto con el señor Julio Alberto Lingán Padilla a su despacho, para certificar su firma”.
El proceso terminó con la destitución del magistrado al haberse determinado su responsabilidad y se le inhabilitó por cinco años en el ejercicio de cargo público.
En julio del 2021, la Oficina Nacional de Procesos Electorales inició un proceso administrativo sancionador por no haber reportado los aportes e ingresos recibidos por su candidatura al Congreso en el 2021 por el Partido RUNA.
“Mediante Informe N° 170-2021-JAVC-SVC-GSFP/ONPE, se comunicó la relación de los candidatos al Congreso de la República que incumplieron con presentar su primera entrega en el plazo establecido por la ONPE, encontrándose a Lingán Padilla Julio Alberto, identificado con Documento Nacional de Identidad, como uno de los candidatos que incumplieron con la presentación de la referida información financiera al 19 de marzo de 2021”, señaló la Onpe.
En julio del 2021 y fuera del plazo establecido, Lingán Padilla reportó gastos de campaña por el monto de S/7,887.
Daniel Belisario Urresti Elera - Podemos Perú
General del Ejército en retiro. Durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala fue designado como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería y Interdicción de la Minería Ilegal de la PCM y luego ministro del Interior.
En el 2015 fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacionalista, pero su postulación fue retirada por la organización política debido a su poca aceptación.
Postuló a la Municipalidad de Lima por Podemos Perú en el 2018, pero no tuvo éxito. En el 2019 se desempeñó como gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos.
Fue electo congresista de la República durante las elecciones extraordinarias del 2020.
En el 2021 postuló una vez más a la presidencia de la República por Podemos Perú, pero tampoco logró el cargo.
Daniel Urresti actualmente viene afrontando el juicio oral por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
La Fiscalía lo acusa de asesinato con la agravante de gran crueldad y represión en agravio del periodista Hugo Bustíos Saavedra y tentativa de asesinato de Eduardo Rojas Arce, ocurrido en Ayacucho (1988).
La fiscalía ha pedido 25 años de cárcel y el pago de S/500 mil como reparación civil.
En 2018, la Sala Penal Nacional lo absolvió, pero la Corte Suprema anuló dicha decisión y ordenó un nuevo juicio oral por no haberse analizado adecuadamente las pruebas.
El 27,28 y 29 de abril de este año, el Tribunal que juzga a Urresti viaja hasta Huanta (Ayacucho) para tomar personalmente la declaración de los testigos clave. Además, se tiene previsto que realicen una inspección al cuartel de Castropampa donde laboró Urresti y que según testigos, era conocido como “Capitán Carlos”.
En el 2018 fue condenado a un año de pena suspendida por el delito de difamación agravada.
El caso se remonta al 2014 cuando, en su actuación como exministro del Interior, calificó de “inepto” al ex jefe de la Región Policial Sur Oriente Rodrigo Prada Vargas.
El 17 Juzgado Penal de Lima lo halló responsable del delito por afectar el honor de Prado por lo que le impuso una condena suspendida.
En marzo de este año, la Primera Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho reabrió una investigación contra Daniel Urresti, por los presuntos delitos de violación sexual y abuso de autoridad en perjuicio de Ysabel Rodríguez Chipana y Jesús Gálvez Ruiz, respectivamente.
Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a El Comercio el reinicio de dicha investigación contra el exministro.
El caso había sido archivado en diciembre del 2021 por la Primera Fiscalía Penal Provincial Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho.
Según reportó La República, la investigación preliminar sería por 45 días hábiles y se deberá tomar las declaraciones de todos los implicados.
Rafael López Aliaga Cazorla - Renovación Popular
Es magíster en Administración y bachiller en Ciencias de la Ingeniería. En el 2020 inscribió el partido Renovación Popular por el que postuló para las elecciones presidenciales del 2021, sin éxito.
Durante este proceso fue sancionado por el Jurado Electoral Especial (JEE) por vulnerar normas de propaganda electoral.
También fue excluido de la contienda electoral en primera instancia por ofrecer donar su sueldo si fuese electo. Sin embargo, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones le permitió continuar en carrera tras interponer una apelación.
Entre los años 2007 y 2010 se desempeñó como regidor provincial por Unidad Nacional.
Entre sus activos empresariales figuran Perú Rail, Hoteles Belmond y el centro comercial Compupalace.
Actualmente, Rafael López Aliaga viene siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos juntos a otras dos personas.
El caso lo inició el cuarto despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal Corporatova Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en el 28 de agosto de 2017.
El 30 de marzo del 2022, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el recurso de control de plazo interpuesto por López Aliaga contra la investigación por haber excedido los 36 meses de investigación preparatoria. En consecuencia, el juzgado ordenó que el Ministerio Público dé por concluido esta etapa y emita “pronunciamiento en el plazo de 15 días hábiles en atención a la complejidad del caso”.