Elvia Barrios se pronunció en contra del proyecto de ley que planteó el Ejecutivo. (Foto: archivo GEC)
Elvia Barrios se pronunció en contra del proyecto de ley que planteó el Ejecutivo. (Foto: archivo GEC)
Redacción EC

La presidenta del Poder Judicial,, se pronunció en contra del proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso de la República con el propósito de sancionar la difusión de información reservada en una investigación.

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Barrios señaló que existe una norma que sanciona al fiscal o juez que revele esta clase de información, pero se mostró en desacuerdo con que se convierta en una ley la criminalización de estos actos.

Disciplinariamente se sanciona al magistrado, tanto al juez o fiscal, que revela información sensible, eso está previsto en la norma. El tema de que se criminalice este comportamiento no los consideramos adecuado. Yo lo he dicho, la pregunta que habría que hacerse es: ¿qué hay tras esta norma? Si no es una limitante a la libertad de prensa”, declaró en diálogo con Exitosa.

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En ese sentido, la titular del Poder Judicial resaltó la labor de los medios de comunicación al revelar y esclarecer hechos, por lo que instó a que no se les limite el acceso a la información mediante una norma.

Ha habido muchos actos de investigación de la prensa que han contribuido a esclarecer los hechos y esto hay que ponerlo de relieve y darle valor, no limitar a través de una norma”, sostuvo.

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Proyecto de ley

El último viernes 24 de junio, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que se presentó el proyecto de ley que busca sancionar, en algunos casos, la difusión de información reservada hasta con 4 años de prisión efectiva.

Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal, en su etapa preliminar, inicial, es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa a juicio oral, allí es público, no hay ninguna reserva”, sostuvo durante una conferencia de prensa.

El primer ministro argumentó que el planteamiento del Ejecutivo se basa en que la información reservada de estas investigaciones se dan a conocer rápidamente al público, lo cual tendría el objetivo de imputar la comisión de delitos.