Empresa que construyó la “carretera del presidente” ganó obra de S/102 millones con Sedapal

Unidad de Investigación

Desde que empezó el gobierno de Pedro Castillo, la empresa Grupo Constructor Parasol ha sido parte de consorcios que lograron contratos con el Estado por millones de soles, pese a que la compañía tiene poca experiencia en los rubros en que se adjudicaron obras. Constituida en el 2016, hasta antes de que Castillo asumiera el gobierno había ganado contratos por S/7,7 millones. Pero a partir de julio del 2021, en un solo año, la empresa, a través de consorcios, se ha adjudicado contratos por más de S/155 millones.

Uno que ya es conocido, como parte del Consorcio Vial MDJH, que Parasol integra con Ibérico Ingeniería y Construcción S.A., obtuvo la construcción de la vía de 22 kilómetros que transcurre por varias localidades de Chota (Cajamarca). Esta carretera, adjudicada de manera directa por la Municipalidad de Anguía en octubre del 2021 pasa por la casa del presidente Castillo en su caserío natal de Chugur.

MIRA: La “carretera del presidente” Pedro Castillo bajo sospecha

El miércoles pasado, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que el presupuesto para la construcción de esa vía, de S/19 millones, se aprobó en solo 13 días a través de Provías Descentralizado, unidad que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La rapidez con la que se logró el monto es sospechosa, ya que ese tipo de procesos tarda seis meses, en promedio.

Pero hay otro contrato que Parasol obtuvo con el Estado recientemente, que tiene un presupuesto seis veces mayor que el de la denominada “carretera del presidente”. Como integrante del consorcio La Milagrosa, en junio de este año logró que Sedapal le adjudicara una obra de S/102′200.582: la reparación de una bocatoma del sistema Huachipa, en Lima Metropolitana (licitación pública 0028-2021-Sedapal). En el proceso de adjudicación, que se inició en noviembre del 2021, La Milagrosa fue el único postor.

Además de Parasol, cuyos accionistas son Rocío del Pilar Pintado Cruz y Rubén Obregón Herrera, La Milagrosa está conformada por otras dos compañías: Corporación Nueva Esperanza S.A.C., que tiene como accionistas a los hermanos Humberto, Manuel y Alfredo Pérez Bustamante, naturales de la provincia de Celendín (Cajamarca); y Ecuatoriana de Servicios, Inmobiliaria y Construcción Eseico S.A., sucursal Perú, representada por Carlos Lima Bacellar Filho. Si bien Nueva Esperanza y Ecuatoriana han obtenido algunos contratos con municipalidades y gobiernos regionales, antes ninguna de las tres empresas había contratado con Sedapal, es decir, no tenían experiencia con el sector de servicio de agua potable y alcantarillado.

Un documento que Sedapal remitió a La Milagrosa señala que el domicilio legal del consorcio está en la calle auxiliar Av. Néstor Gambetta, manzana E1, lote 02-A, zona industrial Asociación Microempresarios Inca Pachacútec , en el distrito de Ventanilla (Callao). Esta dirección, una vivienda de un piso a medio construir y sin tarrajeo [ver foto], es la misma que Parasol consignó a la Municipalidad de Anguía en el contrato de la carretera que pasa frente a la casa del presidente Castillo.

Para Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, “definitivamente” hay una “inconsistencia llamativa” entre el nivel del contrato con Sedapal y la precariedad del domicilio legal de un consorcio que ha ganado un proceso de S/102 millones. “Si es un capital grande no debería tener una casa a medio construir como local, más allá de que el local sea un tema formal, pero, digamos, no tienes oficina. ¿Dónde está tu gente administrativa?”, comentó a este Diario.

Herrera también consideró que un proceso con un presupuesto de S/102 millones debería haber tenido más de un postor. “Uno solo no me parece razonable por el monto alto. Si fuera un monto pequeño, te diría sí, pues han hecho un análisis costo-beneficio y no va, pero uno solo es llamativo con esas características de un consorcio cuya empresa podría ser medio de fachada”, agregó.

En el mismo sentido opinó Roberto Benavides, especialista en contrataciones públicas, quien dijo que en una convocatoria de esa magnitud siempre hay varias empresas que buscan postular y se requieren compañías formales.

—Carta sospechosa—

El 12 de julio, luego de que ganó el contrato con Sedapal, esta entidad le envió una carta a La Milagrosa, respecto a documentos entregados como parte de los “requisitos para perfeccionamiento del contrato”. Su observación se centra en la carta-fianza que el consorcio presentó para garantizar el cumplimiento del proceso de licitación.

En el documento, al que El Comercio accedió, Sedapal precisa que la clasificación de riesgo de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A., que otorgó la carta-fianza, “contaría con clasificación de riesgo B-”, de acuerdo con información que la entidad estatal obtuvo de la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Por eso, Sedapal indica al consorcio que “deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento que cumpla con lo establecido en el artículo 148 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”, que dispone que las cartas de garantía “cuenten con clasificación de riesgo B o superior”.

Según una fuente de la SBS, la caja Raíz tiene una clasificación de riesgo C-; es decir, menor que la que Sedapal mencionó en su carta a La Milagrosa.

Raíz emitió su carta-fianza el 5 de julio pasado a nombre del consorcio, ante un pedido de Corporación Nueva Esperanza, una de sus integrantes. El monto de la garantía fue de S/10′220.058,22, una cifra 12 veces menor que la del contrato por la obra. Está vigente hasta el 30 de junio del 2023.

En otra carta, del 21 de julio, Sedapal informa a La Milagrosa que, al no haber subsanado las observaciones antes descritas, automáticamente perdió la buena pro.

No obstante, el consorcio apeló la decisión por la vía judicial. El 3 de agosto, el juez Javier Jiménez Vivas, del Tercer Juzgado Civil de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Lima Este, admitió una demanda de amparo presentada por el consorcio La Milagrosa contra Sedapal. Con esta decisión, de acuerdo con las consultas hechas por este Diario a especialistas, el proceso ha quedado congelado y nadie puede presentarse a la licitación hasta que el caso judicial se resuelva.

Este Diario intentó comunicarse con las tres empresas parte del consorcio La Milagrosa, pero no hubo respuesta.

Durante el proceso de adjudicación del contrato de Sedapal a favor del consorcio La Milagrosa, hubo hechos inusuales, como el cambio de los miembros titulares del comité de selección de la obra.

La lista de integrantes del comité, que se conoció el 8 de noviembre del año pasado, estuvo compuesta por seis funcionarios: tres titulares y tres suplentes.

Los titulares fueron Julio Federico Ramírez Ruiz (presidente), Celia Nely Vásquez Matta (miembro 1) y Dan Souza Paredes (miembro 2).

El proceso se inició el 17 de noviembre, pero en mayo de este año, con la licitación en marcha, Ramírez dejó el comité. El 25 de ese mes, el funcionario fue nombrado gerente de Obras y Proyectos de Sedapal (antes, entre el 2017 y 2021, había sido jefe del equipo de estudios preliminares de Sedapal). Según la legislación, el cargo de miembro de un comité de selección es irrenunciable, salvo por conflicto de intereses.

En el caso de Ramírez, durante el proceso también visitó en numerosas ocasiones el Ministerio de Vivienda en representación de Sedapal (ver línea de tiempo).

Además, el 27 de mayo pasado, a través del documento 021-2022-GPO, se reconformó el comité de selección de la obra en Huachipa. Fueron elegidos tres nuevos integrantes, cuando lo habitual es que los titulares sean sustituidos por los suplentes. Consultado por este Diario, el abogado Alberto Retamozo, especialista en contrataciones y adquisiciones con el Estado, afirmó que esa modificación es observable y preocupante.

Descripciones de obras

Según la licitación pública de Sedapal, la descripción de obra que ganó La Milagrosa es “reparación definitiva de la bocatoma del sistema Huachipa, adecuación y corrección de vicios ocultos, averías o defectos del proyecto, lotes 1, 2 y 3, bocatoma, PTAP Huachipa y Ramal Norte”.

El Grupo Constructor Parasol, en consorcio con Ecuatoriana de Servicios, también ganó una obra en Juliaca (Puno) por S/33,7 millones. Parasol tuvo el 80% de participación en el contrato.

Horas después de la publicación del reportaje, Sedapal difundió este comunicado en su cuenta oficial de Twitter, en el que confirma los principales aspectos revelados por el informe periodístico.

Respecto a la versión oficial de la entidad, se debe precisar que en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) figura registrado que el proceso tiene la condición de “apelado” y no ha sido declarado “desierto”.