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Al cumplir un año en la clandestinidad, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, celebró este hecho calificándolo como un tiempo de “resistencia, disciplina y lealtad” en X (antes Twitter), donde también posteó una foto, donde se le observa con el cabello largo. Desde el 6 de octubre de 2023, la Policía Nacional ha ejecutado 50 operaciones, pero no ha logrado dar con su paradero.
Según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, el 66% cree que Cerrón Rojas será capturado cuando la presidenta Dina Boluarte concluya su mandato, mientras que solamente el 4% piensa que será aprehendido antes de que termine el actual gobierno.
El estudio de opinión, realizado entre el 4 y 8 de octubre, también indica que el 22% opina que el exgobernador regional de Junín nunca será capturado.
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Sobre Cerrón Rojas pesa una sentencia, en segunda instancia, de tres años y seis meses de prisión efectiva por colusión. Esto por las irregularidades en la concesión del Aeródromo Wanka. Y deberá pagar- junto con los otros condenados, Aldrin Zárate Bernuy (en calidad de autor), así como Luis García Morón y Serafín Blanco Campos (en calidad de cómplices)- una reparación civil de S/800 mil a favor del Estado.
El 52%, de acuerdo con el sondeo, refiere que el dirigente perulibrista ya fugó al extranjero, mientras que el 38% cree que aún está en el Perú. El 10% no sabe, no opina.
El respaldo del poder político
El analista político Enrique Castillo consideró que las cifras revelan que la población “tiene muy clara la idea de que el gobierno protege a Cerrón” y que no existe “ninguna voluntad” del Ejecutivo para capturarlo.
“La ciudadanía, por las noticias, por los operativos fallidos o por las declaraciones de las autoridades que parecen ser alertas para Cerrón, percibe que no existe una orden real para capturarlo, sino, al contrario, que existe algún tipo de relación entre la presidenta y el exgobernador regional de Junín. Y esto ha llevado al tema del cofre”, manifestó a El Comercio.
A inicios de setiembre, los dominicales Punto Final, Cuarto Poder y Panorama emitieron un audio que comprometía al Ejecutivo. En la grabación una voz atribuida al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, refirió que el “cofre”, vehículo asignado a la presidenta, habría sido usado para transportar al perulibrista cuando ya estaba en la clandestinidad.
En comunicación con El Comercio, Castillo sostuvo que la administración de Boluarte no solo tiene poca credibilidad en este tema, sino en otros, principalmente en las políticas que aplica para intentar reducir la inseguridad.
También remarcó es probable que el gobierno le esté dando a Cerrón “el tiempo suficiente” para que logre traerse abajo la condena de prisión efectiva que registra y sus inhabilitaciones. Añadió que el exgobernador regional “tiene el apoyo y la ayuda” del poder político para no ser capturado.
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Mabel Huertas, socia directora de la consultora 50 más 1, indicó que en las últimas semanas se ha conocido diferentes elementos, entre ellos los audios atribuidos a Santiváñez, que “llevan a que la ciudadanía sospeche que existe una complicidad” entre el prófugo secretario general de Perú Libre y la mandataria.
“Lamentablemente, la presidenta no ha sabido dar explicaciones concretas a ciertos cuestionamientos. Más bien se ha dedicado a insultar a la prensa y a tratar de desacreditarla en vez de rendir cuentas”, expresó.
En diálogo con este Diario, Huertas sostuvo que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional han quedado “muy desacreditados”, a raíz de la no ubicación y captura de Cerrón y los altos índices de criminalidad.
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La analista política, además, subrayó que Cerrón es un prófugo que cuenta con un brazo político en la bancada de Perú Libre en el Parlamento.
“Al tener una bancada en el Congreso tiene ciertos contactos, no olvidemos las conversaciones que mantenía con la congresista Kelly Portalatino. Él probablemente tenga acceso a información privilegiada. ¿Se cree intocable? Bueno el señor debe tener un ego muy grande, pero tarde o temprano, todos caen”, acotó.
Más información
El último 25 de setiembre, la Fiscalía de la Nación dispuso el inicio de una investigación preliminar por el plazo de 90 días contra la presidenta Dina Boluarte y el titular del Mininter, Juan José Santiváñez. A la primera se le imputa el presunto delito de encubrimiento personal, mientras que al ministro omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y omisión de denuncia.
Según la tesis fiscal, el vehículo oficial que traslada a la mandataria- que fue identificado en un peaje al sur de Lima en febrero- habría sido usado para la fuga de Cerrón.
A mediados de setiembre, El Comercio informó que el 55% cree Cerrón Rojas continúa prófugo, porque cuenta con la protección del gobierno de Dina Boluarte, de acuerdo con una encuesta de Datum Internacional de entonces.
La presidenta no solo fue militante de Perú Libre, sino también tesorera de la agrupación fundada por el exgobernador regional de Junín.
El punto de vista
Una muestra más de la ineficiencia del Estado
Por Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional
Luego de un año de haberse dictado condena, Vladimir Cerrón sigue prófugo. Los peruanos se muestran bastante escépticos sobre el tema y en el corto plazo no ven viable su captura. La desconfianza es doble. Por un lado, hay quienes creen que el gobierno lo estaría protegiendo, pero por el otro se cuestiona el sistema de justicia. Según la última encuesta de Datum-El Comercio, el 52% de los encuestados cree que Cerrón habría huido del país y se encuentra en el extranjero, mientras que el 66% opina que será capturado una vez que Dina Boluarte deje de ser presidenta.
Si bien para la población no es un tema prioritario, sí lo ven como una muestra más de la ineficiencia del Estado e incluso especulan respecto a una posible complicidad entre Cerrón y las autoridades actuales. Este tipo de situaciones no solo debilita la confianza de los ciudadanos en el gobierno, sino que también cuestiona la capacidad del Estado para responder de manera eficiente y efectiva a las demandas de la sociedad. El escepticismo se refuerza por la falta de avances en la localización del líder de Perú Libre, lo que para muchos simboliza la ineficacia del sistema judicial y evidencia la falta de independencia de poderes.
Este clima de desconfianza hacia el sistema judicial y las instituciones en general no es un fenómeno aislado, sino que refleja una percepción que se ha ido acumulando con el tiempo. La encuesta de Datum en marzo sobre el sistema de justicia, registró que el 84% de peruanos cree que no hay justicia en el país y 59% cree que siempre gana el que tiene dinero (o poder).
