“Al PJ le toca defender el Estado de derecho y nunca permitir injerencia externa o interna”

La jueza suprema Mariem de La Rosa ha estado al frente de la Oficina del Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial desde finales del 2019 y a pocos días de dejar el cargo, habla sobre las dificultades que ha pasado su institución y de la lucha contra la corrupción en entrevista con El Comercio.

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Además, se pronuncia sobre la coyuntura tras el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, enfatizando que el rol del Poder Judicial en estas circunstancias es defender siempre el Estado de derecho.

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-¿Cuál es la situación actual de la OCMA?

Recibí el encargo de la Sala Plena de la Corte Suprema el 30 de noviembre del 2019 y lo primero fue hacerle frente a la abundante carga procesal. Aceleraramos las resoluciones que estaban por resolver en jefatura suprema y los procesos pendientes en los demás órganos jurisdiccionales. Ahora, por ejemplo, estamos pendientes de resolver en jefatura 402 expedientes, todos ingresados en este año 2022, frente a los más de 1600 que recibimos en 2019. Ahora, como a todos, la pandemia nos afectó, pero eso no impidió que hagamos visitas judiciales contínuas. Hemos hecho 1,567 visitas.

-¿Qué se ha encontrado en esas visitas?

Bueno, hemos dado énfasis a la costa, sierra y selva. Hemos ido a Huánuco, Pasco, Puno, Huancavelica, Arequipa, Cusco, San Martín, Madre de Dios y otros. En esas visitas hemos detectado malas prácticas, hemos dado oportunidad para mejorar y en los casos que se necesitaba iniciar un proceso disciplinario, lo hemos acogido. La alta productividad de los órganos contralores ha sido beneficioso, hoy por hoy tenemos una carga manejable, y hemos sabido darle la mirada oportuna a los casos que los medios de comunicación han dado a conocer. Incluso, se han implementado las quejas verbales para que la población vea que se les escucha y de eso hemos recogido 85,165 solo este año. Hemos resuelto 67,593 casos.

-¿Cuántos casos se han sancionado y/o tuvieron propuestas de destitución en la OCMA?

Al primer año (de su gestión), en el 2020, las cifras eran abultadas porque teníamos una carga fuerte, pero han ido disminuyendo. Ya para el 2022, en el caso de jueces y juezas se dieron 159 amonestaciones, 471 multas, 49 suspensiones y 71 propuestas de destitución que están en la Junta Nacional de Justicia. Los auxiliares de justicia, no han sido ajenos a nuestras sanciones y se han impuesto 124 amonestaciones, 82 multas, 46 suspensiones y 29 propuestas de destitución.

-En el caso de Los Cuellos Blancos ¿Cuántos jueces han sido sancionados y sobre cuántos hay propuestas de destitución?

En el caso de Los de Cuellos Blancos, acuérdese que se iniciaron las investigaciones en julio del 2018. Cuando llegamos a la gestión (fines 2019) había 65 expedientes en investigación preliminar, a pesar que había pasado tiempo. Entonces, se les dio celeridad al 2021 y quedaron pendientes 45. Al 2022, solo quedan 7 expedientes para resolver en jefatura suprema y que corresponderá al nuevo jefe de OCMA.

-¿Quiénes son estos jueces que fueron procesados y sancionados?

Hemos sancionado con propuesta de destitución a Walter Ríos, Carlos Chirinos Cumpa, Julio César Mollo, Ana Patricia Bouanchi, Orestes Vega Pérez, Lidia Farfán Espinoza, Mariella Hidalgo Fausto, Luis Fernández Saavedra, Oswaldo Espinoza López, Víctor Quinte Pillaca, Carlos Huerta Ortega y Juan Ulises Salazar Laynes ¿Quién son los siete que están pendiente? Wilder Moisés Arce Córdova y por otros procesos Walter Benigno Díaz Montalvo y Carlos Chirinos Cumpa, Ramiro Vila Oré, Juan Medrano Sánchez, Ana María Zapata Huertas, Rafael Ugarte Mauri, quien hace poco ha renunciado al Poder Judicial. Ese es el universo, donde varias de nuestras propuestas han sido acogidas por la Junta Nacional de Justicia, lo cual ha sido satisfactorio para evitar la prescripción, la impunidad y darle la celeridad pertinente a estos casos de Los Cuellos Blancos.

-¿Cómo ha sido el trabajo de la OCMA con la Junta Nacional de Justicia?

Ha sido bastante buena, cuando nos han pedido informes adicionales se los hemos proporcionado y como mencioné, casi la mayoría de nuestras propuestas de destitución no solo en Los Cuellos Blancos; sino de otros casos, han sido atendidas. Por ejemplo, en el caso de acoso sexual laboral, han merecido el respaldo de nuestras propuestas y eso es satisfactorio porque creemos que refuerza nuestra postura inicial de hacer un régimen disciplinario objetivo. No hay amigos, ni enemigos, simplemente hay actuación frente a una inconducta funcional debidamente comprobada.

¿Habrá una diferencia entre el trabajo de la OCMA y lo que será la jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial?

La ley ha dispuesto que se cree una autoridad de control externo y lo saludamos, ya que obedece al malestar que tenía la ciudadanía y hay que comprenderlo, pues eran necesario ajustes. Pero veo preocupación sobre esto, porque el jefe será una persona externa que no conoce bien la realidad de jueces y servidores judiciales.

Además, como está sucediendo con el Ministerio Público, los que ayudarán a nivel nacional a ejercer el control son los mismos jueces contralores (que lo hacen actualmente con la OCMA) porque el nombramiento del jefe de control no se hizo simultáneamente con los “jueces contralores”, entre comillas, que serán externos, pero que la norma le ha llamado jueces indebidamente. Eso lo hicimos ver en su oportunidad, pero hace falta presupuesto de parte del Ejecutivo para convocar. Es un contrasentido, porque se tendrá un jefe externo, pero los contralores, los que van a investigar, van a seguir siendo los mismos.

-¿Cuál es la situación de la corrupción en el Poder Judicial?

La lucha contra la corrupción tiene que ver con tener recursos, los recursos hacen que se materialice las acciones. Los discursos son bonitos, son bellos, pero si no hay recursos no se puede actuar con eficacia. Ahora, si se tienen recursos y no se actúa, ahí vienen los controles civiles, penales o disciplinarios, pero mientras no se tiene es imposible que la lucha contra la corrupción pueda reflejarse en una ciudadanía contenta con su Poder Judicial.

-¿Cuál cree que es el mayor problema para que la corrupción aún no desaparezca del sistema de justicia?

El Poder Judicial a través de su titular siempre ha invocado a luchar contra esto. Nosotros lo hemos hecho a través de OCMA y la Comisión de Integridad, donde implementamos un canal de denuncias antisobornos.

Tenemos la iniciativa, pero qué iniciativa puede tener éxito cuando nos falta personal y recursos logísticos. Muchas de las Odecmas no tienen vehículos, tienen que prestarse de la presidencia (de sus cortes), pero qué acción inmediata preventiva o actuación extraordinaria se puede hacer, pues mientras piden autos, ya todos saben a dónde se irá y qué harán. Además, nadie quiere venir a los órganos de control porque inmediatamente heredamos amparos de los sancionados. Ellos interponen recursos en su mismo distrito judicial, les dan la razón y dejan sin efecto las sanciones. Además, nos demandan indemnización. Eso también es una traba en la lucha contra la corrupción.

¿Considera que la Ley Orgánica del PJ y la Ley de Carrera Judicial necesitan una reforma o actualización?

Sí, yo creo que sí, los tiempos lo ameritan. No cambiarla por otra ley, pero sí actualizarla. Por ejemplo, la elección del presidente del Poder Judicial que sea con la participación de los presidentes de las cortes superiores, como lo propusimos en su momento. Eso es democratización.

En cuanto a lo disciplinario también se ha acusado de que algunas faltas son muy genéricas y habría que precisar algunas inconductas. Por ejemplo, el acoso sexual laboral o acoso laboral ya debe de estar incluido. Nosotros (para sancionar) debemos recurrir a las leyes especiales, pero lo mejor es que esté incluidó en el catálogo de sanciones disciplinarias. Los cambios en el recurso de casación es importante, porque solo se ha modificado en el área civil y debe limitarse en lo laboral y otras áreas. No puede ser posible que a nivel mundial seamos los únicos que en la Corte Suprema tenemos 19 mil expedientes en una sala, en otra 10 mil y no baja de seis mil. Eso ya parece un juzgado de primera instancia.

En el caso de familiares del expresidente Pedro Castillo se encontraron sellos de uno o dos jueces de Cajamarca ¿Se investigó?

Pedimos informes a la Odecma de Cajamarca. Habían dos mencionados, Ernesto Chávez Rojas del distrito de Anguía en Chota y dio su informe en agosto del 2022 indicando que sus sellos los tiene en su poder y que nunca los habíA extraviado, por lo que los hallados debían de ser falsos. El juez Edwin Cabrera del Centro Poblado de San Juan, en agosto, dio su informe en el mismo sentido, diciendo que no perdió sus sellos. Entonces, como quiera que estos hechos han surgido de una intervención policial y del Ministerio Público, entonces ya corresponderá al Ministerio Público cuando terminen su carpeta fiscal de investigación y si encuentran indicios sobre un juez, se nos remitan copias y calificamos de acuerdo a ello. Por ahora no se tiene nada para abrir investigación.

El Poder Judicial es un poder del Estado y, por tanto, no puede estar ajeno a lo que ocurre en la sociedad, ¿Cómo ha tomado que nuestro país ha pasado recientemente con el golpe de estado perpetrado por Pedro Castillo?

Como integrante del Poder Judicial tenemos que defender el estado constitucional de derecho, de todas maneras, porque hemos avazando durante tantos años, con el sacrificio de la población, viviendo momentos de angustia, crisis económica brutal por efecto del terrorismo. Entonces debemos respetar ese estado de derecho que nos va a sacar del subdesarrollo. Al Poder Judicial le toca defender el Estado de derecho y nunca permitir injerencia externa o interna en nuestras decisiones. El poder no es recibir honores; sino es algo delegado por la población hacia nosotros que defendemos la ley y los derechos fundamentales de las personas.

Precisamente el Poder Judicial era uno de los poderes que habría sido intervenido por orden de Pedro Castillo, de haberse concretado lo dispuesto en su mensaje a la Nación y eso ya lo hemos visto antes en la época Fujimori…

Sí, en esa época (de Fujimori) se cercenó la cabeza de jueces y fiscales, toda la institucionalidad se vino abajo. Gracias a Dios, esta vez no ha prosperado eso, hemos estado fortalecidos y siempre creo yo, nuestro deber es incluso estar muriendo, pero defendiendo la Ley , la Constitución y los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos; sino qué vida le vamos a deparar a la gente joven.

Es preocupante que muchos jóvenes no saben nada sobre la época de terror que hemos vivido, o que no les preocupe la situación hipotética de que no tuviéramos un Tribunal Constitucional, un Jurado Nacional de Elecciones o Poder Judicial; y eso se debe reforzar, que la población conozca, además de los juicios, que conozcan sus derechos y las consecuencias de perder un estado constitucional de derecho.

Y parte de esos derechos es que el Estado y sus poderes, en sus respectivos campos, escuchen los justos reclamos de la población...

Sí, es importante la manifestación popular; y claro, ha habido manifestaciones en contra del Poder Judicial. Pero hay que decir también que destruir la ciudad no es el camino. Por ejemplo, los palacios de justicia de diferentes distritos judiciales fueron destruidos. Ahora, ¿con qué instalaciones y jueces se han quedado?. Y las muertes también se deben de lamentar, por eso, las manifestaciones deben ser pacíficas y de respeto a los demás.