“Se busca usar el sistema judicial para acompañar una estrategia de descrédito”

La abogada colombiana Raissa Carrillo- oficial legal en Media Defence, organización no gubernamental dedicada a brindar asistencia legal a periodistas- advirtió que las principales amenazas para los hombres y mujeres de prensa en América Latina son “la violencia física, las estigmatizaciones y la iniciación de procesos judiciales”.

— ¿Cuáles son las principales amenazadas que sufren los periodistas en la región?

Son principalmente la violencia física, el relator [especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca] ya nos contaba sobre las cifras alarmantes de asesinatos en los últimos años. Otra de las formas más frecuentes de violencia hacia la prensa y que generan mayor preocupación son las estigmatizaciones, muchas de estas cometidas o difundidas por parte de funcionarios públicos. Esto en particular genera una gran alerta por el potencial de daño.

Otras de las formas de violencia hacia la prensa son la iniciación de procesos judiciales, así como las amenazas. Este tema no se debe dejar por fuera, es una región convulsa, donde confluyen muchos poderes, situaciones políticas, económicas y sociales complicadas. Hay dinámicas muy propias de cada país, que es muy difícil generalizar.

— Entre el 2019 y el 2022, más de 70 periodistas y medios fueron denunciados en el Perú. ¿Le preocupa este panorama?

Por supuesto, creo que, en ese sentido, es muy acertado el informe de la relatoría que recomienda al Estado descriminalizar, eso sería un avance en el Perú si se pudiera adoptar medidas para adecuar el sistema normativo a los estándares interamericanos y, particularmente, en promover que se utilicen medidas menos lesivas cuando surja algún reclamo hacia la prensa. Siempre debe acudirse a medidas menos lesivas que sean proporcionales y que no tengan un impacto de efecto inhibidor sobre la reportería.

— ¿Cuáles son los mecanismos que tienen los periodistas para protegerse de este asedio judicial de parte de algunas autoridades?

Es una pregunta compleja, porque los mecanismos terminan siendo los que proporcionan el sistema judicial interno. Sin embargo, creo que dentro de ese sistema nacional es muy importante que tanto jueces como la defensoría del pública [Ministerio Público] puedan aplicar los estándares del sistema interamericano. El artículo 13 de la Convención Interamericana de DD.HH. ya establece básicos innegociables que deberían ser promovidos e implementados dentro del marco del proceso para darle garantías al periodista de poder ejercer su profesión sin estar expuesto a sanciones desproporcionadas, innecesarias e ilegítimas.

— Recientemente, se han dado medidas judiciales en contra de algunos periodistas. Se les ha allanado e incautado sus computadoras y celulares. ¿Se justifica este tipo de medidas?

No, porque este tipo de medidas son extremadamente delicadas y problemáticas porque ponen en riesgo la protección de la fuente, que es uno los principios y pilares básicos del ejercicio periodístico. Dentro del sistema, no solo se protege el nombre de la fuente, el contacto, sino dentro de esa categoría se entiende las notas que el periodista realizó durante las entrevistas, los aparatos, la información y los elementos donde aloja esa información. Algunas de las noticias que se han dado sobre captura de datos de los periodistas, de los medios de comunicación, incluso los allanamientos, y las revisiones o inspecciones judiciales desde los archivos periodísticos, pues precisamente ponen en jaque esa garantía básica de la prensa.

— Durante su participación en I Encuentro por la Libertad de Prensa, usted refirió que le preocupaban las cifras dadas por la ANP, en el sentido de que había 150 nuevos procesos judiciales contra periodistas. Y de estos, el 80% fue absuelto. ¿Es una estrategia para cercar a la prensa?

Justamente, parte las características de lo que se llama acoso judicial, lo que busca es entorpecer la labor periodística en un primer momento, obligar al periodista a presentarse a los estrados, a prestar atención, a desviarlo de su labor precisamente con denuncias que no necesariamente cumplen con los requisitos legales para que prosperen. Entonces, estas cifras [dadas por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú] son muy distintas, son emblemáticas, porque muestran lo que está pasando, que sí se está abusando del sistema y que son denuncias que no tienen ninguna viabilidad jurídica. Y eso debería alertar al Ministerio de Justicia peruano porque genera una carga en el sistema de administración de justicia, sobre los jueces, y que debería empezar a pensarse iniciativas ante el acoso judicial. Por ejemplo, que jueces en primera instancia puedan determinar si se trata de denuncias de tipo político y desestimarlas anticipadamente.

— ¿Es viable cuando un poder del Estado en vez de buscar la despenalización de la difamación lo que busca es aumentar las penas y que la cárcel sea efectiva?

Justamente, ahí también, en la conferencia, se hablaba de ese rol del Poder Judicial, un Poder Judicial independiente y que conozca los temas y los estándares interamericanos o internacionales sobre la libertad de expresión, que puedan generar un “check and balance” de lo que disponga el Congreso, de las leyes que adopten, y la revisión que pueda realizarse desde una óptica constitucional y convencional.

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— Usted refirió que le preocupaba que en el Perú se acuse a periodistas no solo por difamación, sino por otros delitos cuyas penas son más graves. ¿Cuáles son los riesgos que conlleva eso?

El riesgo es claro, lo que se busca es que haya una consecuencia legal por algún delito distinto al relacionado al oficio [del periodismo]. Pero más allá de eso, lo que nosotros hemos observado es que se busca usar el sistema judicial para acompañar una estrategia de deslegitimación, de descrédito, ese es el elemento que vemos con preocupación y que corresponde a las autoridades nacionales evaluar.

— ¿Por qué se debe proteger a los periodistas?

La protección a los periodistas es indispensable en una sociedad democrática, porque son entre muchos otros actores, quienes canalizan y generan el flujo de información que nos permite a todos autodeterminarnos, entender discusiones complejas a través de la información que ellos nos proporcionan y nosotros poder tomar decisiones libremente. Y permite la participación colectiva, una vida en sociedad, a través de ese oficio, nos permite acceder a otros derechos fundamentales, como género, medio ambiente, políticos, económicos y de salud.

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— ¿Cómo se puede trasladar ese mensaje a los ciudadanos?

Yo creo que es importante que desde todos los sectores se piense en la prensa como un ente articulador, pensar que la judicialización no es la manera de controlar una narrativa. La mejor manera de promover el disenso, el análisis, de promover decisiones libres desde la ciudadanía es apoyar y garantizar que haya una pluralidad de voces, la sociedad no debe ver en ello un problema, sino una oportunidad.

— ¿La libertad de prensa en la región se ha ido degradando? ¿Cuál es su reflexión?

Yo creo que desde la sociedad civil se comparte esa percepción de una desmejora del debate público, de las garantías, y creo que eso se ve reflejado en el Índice de Libertad de Expresión que publicó recientemente Reporteros sin Fronteras, donde se puede ver cómo las calificaciones de los países de América Latina han desmejorado y casi todo Sudamérica está en una situación difícil.

Más información

El I Encuentro por la Libertad de Prensa fue organizado por el PNUD, Unesco y la OACNUDH y contó con varios paneles, uno de ellos, dedicado a los mecanismos de protección a periodistas.