Entrevistas a candidatos a la JNJ: ¿Cómo se desarrolló esta última etapa del proceso de selección?

De todos ellos, siete serán elegidos como titulares -en un cuadro de méritos- para suceder a los actuales integrantes de dicho ente constitucional: Antonio de La Haza, Imelda Tumialán, Inés Tello, Aldo Vásquez, María Zavala, Guillermo Thornberry y Marco Tulio Falconí.

Durante la larga sesión en que se desarrollaron las presentaciones de los candidatos, uno a uno fueron interrogados sobre los cuestionamientos que se presentaron en su contra, así como sus propuestas para implementar en caso de ser elegidos miembros de la JNJ.

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Muchos de ellos fueron consultados por denuncias y sanciones que se les aplicó en su momento, otros no respondieron las preguntas que se le hicieron, incluso usaron sus conocimientos de filosofía para divagar en las respuestas y otros mostraron desconocimiento sobre los planes estratégicos del sistema de justicia.

Según el cronograma de la Comisión Especial, los resultados de esta etapa serán publicados el 27 de octubre. Con ello, quedarán expeditos para elaborar y publicar el cuadro de méritos con los abogados que serán nombrados miembros titulares y suplentes de la JNJ.

La juramentación de los mismos se prevé para el 30 de octubre, y empezarán su gestión en enero del 2025.

La Contraloría General alcanzó a la Comisión Especial un informe señalando un posible conflicto de interés entre Távara y el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, por haber laborado como juez en la Corte Suprema.

Sobre el punto, el exjuez señaló que no existía incompatibilidad, puesto que ya se había analizado ello a través de una tacha en su contra y la Comisión Especial la desestimó.

La fiscalía reportó que tenía diversas carpetas de investigación que se encuentran archivadas. Ante ello, señaló que el cargo que ocupó en la administración pública implica la presentación de denuncias en su contra, pero señaló que la mayoría de estas eran denuncias “malévolas”.

“No he tenido ninguna investigación que haya prosperado, que haya llegado a la etapa de preparatoria, ninguna. No tengo ninguna investigación preliminar , ni preparatoria que esté en curso o en el Congreso que esté pendiente de pronunciamiento”, aseguró.

Távara Córdova fue consultado sobre los requisitos de la JNJ, que señala que para ser integrante de dicho ente, se debe ser mayor de 45 años y menor de 75 . Al respecto, consideró que “no hay mucha claridad” y “hay ambigüedad” sobre el límite para cesar.

Recordó que en el caso del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se elaboró un precedente vinculante para sus miembros, estableciendo que la edad de 75 era para “ingresar” y por ello cumplieron los cinco años de función que establece la ley, incluso si se superaban los 75 años.

Sin embargo, anunció que de ser su caso, cesaría al cumplir los 75 años para no crear enferntamientos. Actualmente, el postulante tiene 73 años.

“En mi caso, tengo 73 años y pico, yo no crearía ese problema (…) Yo optaría por sacrificar esa permanencia en un cargo así, y dejar en tranquilidad a la JNJ para que siga cumpliendo.”

Francisco Távara, exjuez y candidato a la JNJ.

El candidato fue cuestionado también por las investigaciones que se le abrieron por un viaje a París por la Universidad Alas Peruanas, cuando era juez. Al respecto, señaló que fue investigado y el exCNM determinó que no había conflicto porque dicha universidad no tenía procesos en la sala suprema que integraba entonces, y posteriormente, el PJ también abrió un proceso disciplinario, que se archivó.

Sobre las comunicaciones con el prófugo juez supremo César Hinostroza -expresidente del PJ- confirmó que fueron dos llamadas las que se le atribuían. En una de ellas, dijo, el juez lo llamó “Panchito”, pero dijo que no hablaron de temas jurisdiccionales. Afirmó que el caso fue investigado por el Ministerio Público, pero fue archivado.

“Tengo solamente dos llamadas. Una que dice ‘Francisco, Panchito, quiero hablar contigo’, que dura menos de un minuto. Le digo, estoy ocupado, celebrando el Día de la Madre”, explicó.

Sobre sus propuestas, Távara Córdova, dijo que incidiría en la reducción de provisionalidad de los jueces y fiscales que actualmente tienen un amplio porcentaje en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Primer acto imperativo, reducir el margen de provisionalidad ¿Cómo reducir el proceso de nombramiento? La media para un proceso de nombramiento y selección de magistrados es de cuatro meses; habría que ver cómo se reduce ese margen”, sostuvo.

En esa línea, consideró que deben trabajar de la mano con otras instituciones como los colegios de abogados o las facultades de derecho.

Remarcó que en los cinco años de gestión de la actual JNJ, solo han designado a 500 jueces y fiscales, aunque indicó que los procesos fueron afectados por la pandemia y porque fueron encargados de revisar las ratificaciones del exCNM. Sin embargo, calificó el hecho de “una producción muy pobre”.

Sobre el análisis de las denuncias que lleguen a la JNJ, el exjuez supremo señaló que existen requisitos de forma para la calificación; no obstante indicó que hay denuncias “maliciosas” que se hacen a través de las redes sociales, a las que calificó “roedores sociales”.

“Las redes sociales se prestan mucho para la suplantación de personas y para hacer denuncias anónimas, entonces creo que debe ser un sistema de calificación objetivo. Si me dan una noticia criminis, un dato objetivo, se investiga”, indicó.

La exjueza de paz letrada inició su entrevista haciendo un recuento de los casos en los que intervino como secretaria de juzgado o colaboró, como “Caso Leonor La Rosa” y “Tren Eléctrico”, el “Caso Vaticano”, “Aerocontinente” y “Turbo”.

Fue consultada hasta en dos oportunidades sobre cómo volcaría su experiencia como jueza en la JNJ -de ser electa- sin embargo no respondió, recurrió a su experiencia judicial indicando que era “experta en sentencias” y aseguró que “me gusta sentenciar”.

“Para mejorar el perfil de quienes deben administrar justicia conociendo cuáles son las…porque obviamente un juez debe tener conocimientos jurídicos sólidos, pero también tiene que tener competencias y tiene que tener habilidades. No pueden ser magistrados quienes no sepan descargar una resolución, no manejan las firmas digitales.”

María Teresa Cabrera, exjueza y candidata a la JNJ.

Sin embargo, la comisionada Luz Pacheco -presidenta del Tribunal Constitucional e integrante de la Comisión Especial- le precisó que las competencias de la JNJ eran más amplias, como nombrar, destituir de ser el caso, y evaluar el desempeño de los magistrados.

Una vez más Cabrera se refirió a su carrera judicial, indicando que “para poder evaluar” tenía su experiencia de haber trabajado en la Ocma, jefa de mesa de partes y calificó conductas que eran denunciadas en temas funcionales.

En otro momento, se le preguntó qué pasos debe seguir la JNJ ante una denuncia de actos de corrupción de un juez superior o juez supremo. Ante ello, Cabrera señaló que la “Constitución no hace distingo porque todos deben seguir un tratamiento igualitario ante la justicia” y por tanto en una denuncia se debe seguir el debido procedimiento.

Pacheco le precisó que el artículo 154 de la Constitución señala que la JNJ solo aplica la destitución a los jueces y fiscales supremos; por lo que le preguntó si estaba planteando que se modifique ello y se extienda a los magistrados superiores. Cabrera señaló que no, que para ello estaba la Autoridad de Control.

Como una de sus propuestas, señaló, que las evaluaciones de los jueces y fiscales se hagan a través de su “productividad”, pero no solo por la cantidad; sino por la calidad de las resoluciones. Dicha calidad, dijo, se puede medir cuando son ratificadas por la instancia superior y no son revocadas.

Como otro aporte, señaló que propondría una “reestructuración nacional extraordinaria” y “llamar a una ratificación extraordinaria nacional”. Sin embargo, al ser consultada si ello llevaría a cambios constitucionales, indicó que no, que sería con los mismos mecanismos actuales de la JNJ.

“Sobre la ratificación nacional extraordinaria, sería convocar a todos, evaluando con tranquilidad y benevolencia, viendo la producción”, respondió.

Finalmente, sostuvo que para ella era claro que el tiempo para ser miembro de la JNJ, era “de 45 y no mayor de 75″, por lo que hacer una interpretación más allá de ello, no era lo correcto.

El abogado Víctor Chanduví, durante su entrevista, fue consultado sobre las denuncias que reportaba la fiscalía. Al respecto, sostuvo que algunas de ellas fueron hechos de su labor de docente y otras cuando fue vocal suplente en la Corte Superior de la Libertad, pero que terminaron siendo archivadas. Agregó que no sabía de otras denuncias.

No obstante, se le precisó que también tenía registrados dos procesos judiciales del 2010 y 2011, donde aparecía como imputado por delitos contra el patrimonio y asesoramiento ilegal. Chanduví aseguró que no tenía conocimiento.

Como propuesta, señaló que de ser parte de la JNJ, se tendrían que declarar en sesión permanente para analizar y acelerar los procesos de nombramiento y selección de jueces y fiscales, para reducir la provisionalidad.

Señaló que se podría contratar a una universidad para evaluar en conjunto, en el segmento de estudio de caso, a los postulantes y usar la inteligencia artificial.

La representante de las universidades estatales ante la Comisión Especial, Jerí Gloria Ramón, intervino para preguntar “¿Cuál de los libros cree que es el más importante de los que ha escrito?”, pues dijo que en estos tiempos " se habla de la administración de justicia y la prensa no para de atacar”.

Ello sirvió para que el candidato se explaye sobre sus estudios y especializaciones académicas, entre las que resaltó el “derecho indiano”.

El abogado especialista en derecho ambiental, constitucional, previsional y de la seguridad social y laboral, Jaime de la Puente, señaló que su experiencia podría aplicarla para modernizar los procesos en el Junta Nacional de Justicia (JNJ), sobre todo en la reducción de los plazos para el nombramiento de magistrados.

En su entrevista ante la Comisión Especial de Selección, aseguró que las denuncias que recibe la JNJ contra magistrados deben ser analizadas adecuadamente, pues muchas de estas son “maliciosas” y deben ser archivadas de plano; en contraposición con denuncias que sí deben ser tratadas y asumidas de urgencia, como por ejemplo, el hostigamiento sexual.

Según reportó la fiscalía en la entrevista, tuvo una investigación sobre omisión de funciones. Al respecto, señaló que la misma fue archivada.

De la Puente Parodi quedó en el cuadro de mérito como “suplente” en el primer concurso para miembro de la JNJ. Por ello, en la sesión se le recordó que en marzo pasado declinó de asumir dicha suplencia en la JNJ. En ese contexto, se le preguntó si un suplente puede adoptar la decisión discrecional de incorporarse o no a la junta.

Al respecto, De la Puente Parodi consideró que era necesaria una precisión normativa para establecer la obligatoriedad o no, para que un suplente asuma como titular. No obstante, aseguró que, en el escenario de quedar como suplente una vez más y de ser convocado, esta vez sí asumiría dicha labor.

El abogado también fue interpelado por el aporte de S/150 que hizo al partido Acción Popular. Sobre ello, explicó que fue por la compra de una tarjeta para una cena que fue registrada por el referido partido político. Aseguró que fue para apoyar a un compañero de trabajo que estaba postulando en el 2018, cuando no era funcionario.

En su intervención, el defensor del Pueblo y presidente de la comisión especial, Josué Gutiérrez, le preguntó al candidato si apoyaría que un miembro de la JNJ, permaneciera en sus funciones más allá de los 75 años.

“En el caso concreto de lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica, veo que la exigencia de interpretación es mínima (…) Para mí, esa norma establece una edad de ingreso y una edad de retiro, que es a los 75 años”, respondió De la Puente Parodi.

La candidata y ex integrante del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, Mónica Rosell Medina, quedó como también como “suplente” en el cuadro de méritos del concurso anterior para miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sin embargo declinó de asumir cuando fue convocada en marzo pasado.

Al respecto, fue consultada cuál fue el criterio para rechazar dicho deber; y si volvería a rechazar asumir el cargo de suplencia.

Rosell indicó que lo que recibió en su momento “fue una carta de invitación” donde se le consultaba la disponibilidad y que en su momento, cuando postuló la primera vez, se le dijo que la suplencia “era voluntaria”. No obstante, indicó que en ese momento la invitación requería de una respuesta en 24 horas y por entonces era funcionaria de la Contraloría y debía pedir licencia, situación que no se pudo concretar.

“La Junta es una criatura difícil, es una criatura complicada que va a tener que enfrentar una coyuntura complicada y aún así hay que presentarse, porque si no hacemos patria y no predicamos con el ejemplo, ¿en qué quedamos?”, dijo sobre sus intenciones de volver a postular.

Respecto al tiempo límite para ejercer el cargo en la JNJ, indicó que “la Constitución es clara” y que en su caso, no tendría duda, “se cumple la edad y da un paso al costado”.

La candidata también fue consultada por una empresa vinculada a su cónyuge, señalando que ella no era titular de la misma y que la misma nunca operó.

Otra de las preguntas estuvo vinculada a una denuncia que la señalaba como apoderada de la empresa Backus; no obstante, señaló que dicho poder fue única y exclusivamente para un juicio y cuando este acabó, también acabaron los efectos del poder.

Rechazó tener conflicto de interés con el integrante de la comisión y Contralor General de la República, César Aguilar Surichaqui, ya que si bien ambos trabajaron en la Contraloría, su relación era “estrictamente laboral”.

Al ser consultada sobre sus propuestas, indicó que los procesos de concursos públicos le parecían “ineficientes y costosos, además de dilatados”, lo cual explicaría que la actual JNJ solo haya llegado a un ratio de 500 nombramientos.

“Eso hay que expeditarlo dándole mejor racionalidad a estos reglamentos que son, quizás, en exceso pesados en cuanto a etapas, a plazos y demoras. Hay que racionalizar y modernizar esos plazos”, señaló.

El abogado Germán Serkovic, en su entrevista ante la comisión especial destacó que el no tener experiencia vinculada al sector justicia no sería una desventaja; sino un punto a favor de la imparcialidad para asumir el cargo como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En su presentación, señaló que “cierta prensa tiene a veces un poder exagerado” al destacar que los magistrados del Ministerio Público y Poder Judicial, deben ser personas que tengan “resistencia” a los poderes.

“Estamos acostumbrados a que cierta prensa acuse, juzgue y condene a la gente y por eso necesitamos que la Junta sea muy especial y exacta en la forma en la que escoge a los jueces y fiscales, porque un juez o fiscal además de conocer de leyes, debe ser alguien que tenga resistencia ante la prensa, que sostenga su punto de vista ante la prensa, ante el poder económico y poder político”.

Germán Serkovic, abogado y candidato a la JNJ.

Agregó que el juez o fiscal no se debe dejar “seducir” por las cámaras o las fotos, y conocer que ellos no son “operadores políticos” ya que esa no es su función.

Entre las propuestas, señaló que se debe incidir en revisar el perfil del juez y fiscal para controlar la corrupción. Esto es, que conozcan no solo la ley, su interpretación, la doctrina y jurisprudencia; sino que también deben saber expresarse, además de ser personas honradas y justas.

“Yo no creo que existan normas que impidan actuar al pillo, no creo que la inmoralidad y la corrupción sean un asunto de control de las normas, es un asunto mucho más extenso y complicado que viene de la educación de casa (…) pensamos que las leyes son la solución para todo y no lo son”, sostuvo.

Aseguró que “vemos que la criminalidad se nos va de las manos” y se piensa en legislar incrementando leyes y penas, cuando eso no resuelve el problema.

El abogado Iván Lino señaló ante la comisión especial que la obligación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), es ceñirse a su rol técnico, que es designar magistrados estrictamente por méritos.

Al ser consultado sobre el tema, dijo estar de acuerdo en que los jueces y fiscales deberían tener conocimiento en gestión publica, antes de asumir el cargo.

Consultado sobre la sanción que le aplicó la Academia de la Magistratura por haberse inscrito a un curso cuando no cumplía los requisitos, Lino Vasquez adujo que ello era “un mal entendido”. Aseguró haber apelado la sanción hace tres años -que lo separaba del curso- pero que hasta la fecha no recibió respuesta de la Amag.

En diversas ocasiones, el candidato ingresó a explicar sus conocimientos en filosofía, citando a Karl Marx y Friedrich Engels para sustentar la variabilidad del Derecho, incluso se apoyó en los postulados de Friedrich Hegel, sobre la dialéctica.

“La dialéctica de la vida nos gobierna de una u otra manera, nadie escapa a la dialéctica de la vida y eso aplica en el trabajo, en la casa. La Junta Nacional de Justicia es un órgano que se encuentra en un momento crucial; o existe o no existe: Si yo estoy acá, es porque es necesario salvar a la Junta, porque el Congreso tiene dos proyectos que plantean su eliminación”, dijo en un momento.

Explicó que su sola postulación implica que la JNJ “sobreviva”, independientemente de que sea elegido titular o no de la misma. Luego de ello, tuvo que ser interrumpido por los auditores para continuar su entrevista.

El presidente del Poder Judicial e integrante de la comisión especial, Javier Arévalo, le preguntó si los jueces y fiscales deberían tener redes sociales.

“Los jueces y fiscales son magistrados, el juez está obligado a una imparcialidad absoluta, el fiscal a una objetividad; no deberían tener redes sociales. Porque eso se puede mal interpretar, muchas veces se puede pensar que por ser ciudadanos pueden opinar libremente, pero un juez tiene que ser muy reservado en el trato social.”

Iván Lino, abogado y candidato a la JNJ.

El candidato concluyó que como funcionarios deben tener la capacidad de renunciamiento y no” aferrarse” o “atornillarse” a los cargos públicos.

El abogado Tito Esteves reconoció haber tenido un proceso por alimentos, pero que fue solucionado en su momento.

También fue consultado sobre un proceso por violencia familar que tuvo en su momento, respecto de lo cual indicó que se le consultó sobre el tema en el concurso pasado -en el que también participó- pero que nunca tuvo conocimiento de ello.

El candidato, quien fue sometido a un proceso disciplinario y sancionado con suspensión por el Colegio de Abogados de Lambayeque, aseguró que fue una “venganza” de la directiva de dicho órgano. Aseguró que por ello fue descalificado en el concurso anterior, pero que posteriormente dicha sanción fue revocada y anulada.

También fue consultado sobre la edad para ejercer como miembro de la JNJ e indicó que la Constitución es clara y deben cesar a los 75 años.

Sobre sus propuestas señaló que por su experiencia como abogado litigante conocía “qué tipo de jueces y fiscales requiere la población” y que se le debe exigir a los postulantes a magistrados que cuenten con capacitaciones constantes.

Ante ello, el integrante de la comisión especial y fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, le preguntó si conocía las políticas publicas de la reforma del sistema justicia. “Sí lógicamente, pero voy a ser muy claro, solamente tenemos esa política en el papel, no aterrizamos”, respondió.

Al ser repreguntado sobre cuáles eran los nueve objetivos prioritarios de dichas políticas y cuáles se habían o no aterrizado, reconoció que “desconocía los puntos”.

La candidata y exjueza suprema, Iris Pacheco Huanca, fue consultada sobre su actuación como integrante de la Segunda Sala Penal Suprema, que presidió el prófugo juez César Hinostroza, y los cinco casos donde se absolvieron a procesados por presunto abuso sexual a menores.

Al respecto, la magistrada señaló que no conocía a Hinostroza y que su designación en el referido tribunal fue regular, y que en los referidos casos se aplicaron los parámetros del Código Penal.

“En el fondo, quieren vincular a mi persona con el señor Hinostroza, pero mi persona no tiene nada que ver. Después de que este señor se fue, he tenido la confianza de la Corte Suprema donde he permanecido siete años”, indicó.

Sobre sus propuestas para la JNJ explicó que actualmente la Ley de Carrera Judicial y Fiscal contempla que el concurso para el ascenso de jueces y fiscales debe ser de 30% para el segundo y tercer nivel para personas fuera de la carrera fiscal, pero para el primer nivel el concurso es abierto, lo cual debe ser replanteado.

Ello, dijo, porque los jueces y fiscales que puedan ser nombrados titulares deben ser de carrera, pues ya tienen conocimiento de cómo funciona un despacho; mientras a los que vienen “de afuera” les cuesta trabajo familiarizarse con los casos y eso genera que se acumulen las carpetas.

El abogado Gino Ríos Patio, durante su entrevista, fue consultado sobre las denuncias respecto a su actuación como exprocurador, por el uso de un vehículo asignado a él para uso personal y disponer que un abogado que trabajaba como procurador en su despacho, presente documentos en un proceso judicial privado.

Al respecto, el candidato señaló que el vehículo le fue asignado “para su uso personal” por lo que la investigación que abrió la fiscalía en su momento, fue archivada. Y, respecto al abogado que trabajaba en la procuraduría, señaló que no fue considerado peculado de uso ya que no era un bien; sino una persona contratada que no dependía del Estado; sino que era contratado como tercero.

También se pronunció sobre dos procesos por violencia familiar, indicando que fue por el proceso de divorcio que atravesó y que en ambas fue el denunciante.

Sobre la edad para ejercer como miembro de la JNJ, aseguró que llegados a los 75 años de edad, “ipso facto” deben de retirarse y cesar en sus funciones.

Finalmente, aseguró que sus conocimientos en criminología ayudarían a la JNJ. “La criminología me ha dado las competencias y habilidades para poder entender como es que se criminaliza a una persona, de los actos concretos de los magistrados. La criminología me ayuda a entender eso y a sancionar de manera razonable y compatible con la dignidad humana”, sostuvo.

Al cierre de este informe, la comisión concluyó con las entrevistas a los postulantes Jorge Balarezo Rengifo, Rafael Ruíz Hidalgo, Cayo Galindo Sandoval, Freddy Hernández Rengifo y Roque Bravo Basaldua.