Ernesto Blume: “El TC tiene una responsabilidad histórica”

Ernesto Blume nos recibe el día de su cumpleaños en un salón del Tribunal Constitucional (TC). Sigue en silla de ruedas, aunque unas muletas apoyadas contra la pared indican signos de mejoría. Afuera, el Señor de los Milagros se pasea por las calles del Centro de Lima. Adentro, tal vez por el ánimo del onomástico, tal vez por la fiesta santa, Blume trata de poner paños fríos a la complicada coyuntura política en la que se encuentra el tribunal.

—Usted fue uno de los cinco magistrados que votó en contra de la incorporación de Ortiz de Zevallos al Tribunal Constitucional. ¿Nos podría contar por qué?

Porque considero que el caso de la elección del doctor Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, a quien respeto y aprecio, fue una elección peculiar, si se quiere. Y como usted comprenderá si esa es la peculiaridad fáctica de esta situación, yo no puedo dejar de conocerla. He votado en esa línea porque creo que, en puridad, el procedimiento en general no está terminado. Primero porque se han planteado recursos impugnatorios que han debido merecer una decisión del pleno del Congreso. Y segundo porque la resolución legislativa del nombramiento no está publicada.

—Dentro de esta peculiaridad de la que hablamos, ¿cuál es la situación actual del Congreso?

No me atrevo en este momento a dar una opinión porque hay un proceso en giro que es un proceso competencial promovido por el Congreso de la República contra el Poder Ejecutivo. Si yo señalara ya un derrotero, estaría incurriendo en un adelanto de opinión y lamentablemente no puedo hacerlo porque estaría incurriendo en una infracción.

—Pero mientras el TC no se pronuncie, ¿es como un Congreso de Schrödinger, que está vivo y no está vivo al mismo tiempo?

Es una situación especial que vive el país, indiscutiblemente. Pero justamente nosotros vamos a analizar esa situación. Yo creo que aquí en este proceso el Tribunal Constitucional tiene una responsabilidad histórica. Tenemos que hacer un análisis muy ponderado, muy prolijo, en orden a establecer si el acto de disolución es constitucional o no.

—¿Qué se va a decidir en el pleno del 29 de octubre?

Lo primero que vamos a ver es lo que se llama el auto de calificación. Es decir, se va a determinar si admite a trámite la demanda o si no se admite. En el caso de admitir la demanda, [se] va a correr traslado, o sea va a comunicar la demanda a la parte demandada, la que tiene 30 días para contestar. Y con contestación o sin ella, el tribunal tiene 30 días para señalar fecha para la vista de la causa. Estoy hablando de días hábiles. El día de la vista de la causa el tribunal convoca a las partes o sus abogados para que puedan hacer el uso de la palabra y puedan esgrimir los argumentos que a su derecho convenga. Y una vez que esto se produce, el tribunal tiene 30 días para resolver. Esto es en el diseño del Código Procesal Constitucional, pensando en días hábiles.

—¿Cuánto tiempo en total podría tomar?

Sería, digamos, entre tres y cuatro meses porque solamente se contabilizan días hábiles. Ahora, en el supuesto de que la demanda sea admitida, el Poder Ejecutivo puede contestar antes, no tomarse los 30 días. Y puede el tribunal, obtenida la respuesta, citar prontamente a audiencia.

—También está la medida cautelar.

El pedido de medida cautelar es una solicitud que se formula al Tribunal Constitucional para que, en tanto se tramita la demanda, se dicte una medida de carácter provisional que evite que la lesión competencial.

—¿Qué tan rápida se resuelve?

Depende del tribunal. Teóricamente, debe comunicar a la parte emplazada, darle unos tres días para que conteste, y luego el tribunal analiza el caso y puede resolver de inmediato o en los próximos días.

—¿Tomaría alrededor de una semana?

Una medida cautelar se podría dictar en una semana. Pero eso depende de la complejidad del caso, de la argumentación esgrimida, de la carga procesal que tenga el Tribunal Constitucional, etcétera. Y en este caso también tenemos que evaluar si ese pedido de medida cautelar lo admitimos o no.

—¿Cuál es el procedimiento?

Para entrar a revisar el pedido de medida cautelar, antes tenemos que verificar si la demanda cumple los requisitos y es admisible. Si la demanda se admite se dicta un auto admitiéndola y corriendo traslado, o sea, comunicando a la parte demandada para que conteste a la demanda. A partir de ese momento podríamos entrar al tema de la medida cautelar. Pero eso no es obligatorio tampoco, o sea, el tribunal podría desestimar de plano la medida cautelar, o podría decir escucho a la parte demandada, y luego resuelvo la medida cautelar. Y en qué términos y en qué condiciones.

—Respecto a la demanda competencial, ¿usted considera que deberían tomarse todo el plazo de ley o que lo ideal sería que se resuelva en el menor tiempo posible?

Mire, desde mi punto de vista particular como magistrado, no hablo a nombre del Tribunal Constitucional, yo creo que, dada la coyuntura, el tribunal debe tratar de emitir rápidamente un pronunciamiento, para disipar cualquier situación y poder marcar un derrotero.

—Si es que se toma todo el plazo que la ley les permite y traslapan el fallo con las elecciones del 2020, ¿usted cree que es factible que se ejecute una sentencia del tribunal que no le dé la razón al Ejecutivo?

Mire depende de los términos de la sentencia y depende de los alcances de la decisión que adopte el tribunal. Yo no quisiera especular sobre eso porque es muy difícil hacerlo. Lo que sí me parece es que dada la coyuntura, debemos en el tribunal tratar de pronunciarnos lo antes posible en este caso.

—Si el 29 de octubre la ponencia del magistrado Ramos propone el rechazo de la demanda, ¿es posible que la votación lleve a su admisión?

Si la posición del ponente gana, ya hay resolución, para lo cual se requieren cuatro votos de siete. Pero si esa posición es rechazada, el ponente pierde la ponencia y se debe nombrar otro ponente, el cual tiene que elaborar una ponencia ya acorde con la posición de mayoría.

—O sea, no necesariamente esto terminaría el 29.

No necesariamente esto terminaría el 29.

—Hace unos días se conoció un documento que en principio había partido de su despacho en el que se recomendaba que se admita la demanda ¿Podría aclararnos qué ocurrió?

El trámite de los expedientes acá es interno y reservado, no debe trascender y, por tanto, en este caso ha habido filtraciones de información, que a mí me parecen totalmente censurables.

Ese trámite implica lo siguiente: llega el expediente y va a una comisión, sin perjuicio de la designación del ponente. Cada comisión tiene un coordinador y tiene una labor: elaborar un proyecto de ponencia. Independientemente de si el ponente está nombrado o no. En el caso de procesos de inconstitucionalidad y competenciales, el coordinador es el doctor Omar Sar. Entonces este expediente ha ingresado, ha llegado a la comisión de referencia y el coordinador, cumpliendo su obligación, porque no necesita mandato, él teniendo en cuenta de que hay un plazo para pronunciarse, ha elaborado un proyecto de ponencia. Yo no le ordené que elaborara ese proyecto. Inclusive cuando él elabora el proyecto, yo estaba internado en la Clínica Javier Prado. Simplemente él me comunicó ‘ya tengo el proyecto’. Cuando he llegado, teniendo en cuenta que el jueves había pleno, he pedido que se distribuya encriptado a los magistrados para que lo tengan en cuenta al momento de que empezáramos a ver la designación del ponente. Cumpliendo mi deber.

Ahora, ese es un proyecto de ponencia que una vez que se nombra el ponente, puede tomarlo como insumo o puede rechazarlo [y] decir ‘yo no estoy de acuerdo’. O sea simplemente es un borrador de trabajo elaborado por la comisión respectiva. Y eso es lo que ha ocurrido.

—¿Le preocupa la filtración?

Lamentablemente, alguien del tribunal, incurriendo en gravísima responsabilidad… El correo electrónico del secretario general encargado, que es el doctor en ese momento era el doctor Sergio Ramos, es filtrado a la prensa. Y la prensa, o algún medio, no digo todos, construye la teoría totalmente falsa de que yo estaría interesado en ir impulsando un proyecto de admisibilidad. Cuando, como le estoy explicando, yo era ajeno a eso, yo llegué [y] simplemente cumplo con poner en conocimiento. Eso es todo lo que ha ocurrido.

—Entiendo que más que una invención de la prensa fue una invención de la fuente. Creo que la historia llegó así a las redacciones.

Bueno, lamentablemente, estamos presenciando un fenómeno muy curioso que es general, pero que no había afectado tanto al tribunal y ahora sí lo está afectando, que hay filtraciones. Y filtraciones que perturban la administración de justicia. Que crean confusión en la opinión pública, y que tienen a un fenómeno muy preocupante en una democracia, que es la politización de la justicia. Y la judicialización de la política. Y entonces resulta que pues en lo que es un trámite reservado, que los magistrados tenemos que respetar como reserva bajo sanción de vacancia, porque eso dice la ley, magistrado que viola la reserva incurre en causal de vacancia, yo no sé de dónde se filtra esta información a la prensa.

—Hay filtraciones anónimas, pero también hay expresiones públicas de parte de los magistrados. ¿Qué opina sobre la presencia de los magistrados en los medios de comunicación?

Yo respeto mucho el criterio de cada uno de los miembros del TC, creo que todos tienen un denominador común, gente honesta, bien intencionada, comprometida con su función, que está pensando en el país. Pero cada uno tiene sus puntos de vista. Y yo respeto a cada magistrado; y es más, yo defiendo a mis magistrados. Por lo tanto, si uno de los magistrados va a un medio y declara, está ejerciendo su derecho de opinión. Ahora, yo en lo particular considero que si uno analiza cada caso, no ha habido adelanto de opinión. Porque para que haya adelanto de opinión tiene que haber un caso concreto en giro. Y el magistrado tiene que decir, respecto a la demanda de fulano contra zutano en donde se reclama tal cosa, yo voy a resolver así. Pero si ello no se produce, el hecho de que un magistrado que es además un experto en la materia o que tiene experiencia en la materia, explique los alcances por ejemplo de un dispositivo legal o esgrima una argumentación de carácter general, yo creo que es un derecho que tiene un magistrado. Yo no me atrevería a cuestionarlo.

Ahora, a mí me preocupa mucho un fenómeno que se viene produciendo en el país, que es el hecho de que se cuestione permanentemente la labor jurisdiccional. Y cuando se tiene una posición por parte ya sea de un movimiento o de alguna organización o de un medio, y se entiende que se va a resolver en otro sentido, se inicia una campaña feroz contra los jueces. Y un país que presiona a sus jueces a través de diversos mecanismos para que resuelvan de acuerdo a uno y otro sentido, no está respetando a las instituciones ni a su autonomía.

—¿Me podría dar algún ejemplo?

Mire, yo le digo por ejemplo, ahora yo soy el ponente del caso Keiko. A partir de esa posición se han iniciado una serie de críticas en donde en lo particular a mí se me acusa de ser ‘keikista’. Cuando si hacemos un poquito de historia, yo fui asesor principal del exalcalde de Lima Alberto Andrade durante dos periodos, y me enfrenté al fujimorismo, abiertamente. Y no solamente eso, fui amenazado por el señor Montesinos, y me remito a los ‘Vladivideos’, en donde Montesinos dice, “hay que tocarle el pellejo a Blume”.

—¿Ustedes considera que no hay intereses particulares entre los magistrados del TC?

Mire, yo doy fe de que en el Tribunal Constitucional no existe ninguna interferencia política. Y eso es algo que realmente es una acusación que se nos formula permanente; y le estoy diciendo, en mi caso he pasado pues de ‘humalista’, ‘vizcarrista’, ‘toledista’, ‘fujimontesinista’, ‘fujiaprista’, y ahora estoy en ‘keikista’. Todo esto se dice frecuentemente y yo soy un profesional autónomo e independiente. Y no estoy en política hace más de 15 años.

—¿Es cierto que el señor Gonzalo Ortiz de Zevallos lo llamó antes del pleno y que fue un poco grosero con usted?

No, eso es falso. Yo he tenido una comunicación telefónica en una sola oportunidad con el doctor Gonzalo Ortiz de Zevallos, cuando yo inclusive estaba padeciendo las consecuencias de la caída que tuve, en términos muy respetuosos, y simplemente le dije que tan pronto yo llegara al tribunal iba a revisar el caso.

—¿Usted cree que el país puede superar este capítulo de su historia y salir adelante sin un pronunciamiento del TC?

Yo no puedo contestarle eso porque estaría indirectamente adelantando qué es lo que vamos a decidir. Pero sí le puedo decir, fuera de ese caso, que el Perú es capaz de levantarse y de salir adelante. Tenemos que hacer una especie de tregua a esta guerra política, tenemos que sentarnos a conversar respetuosamente y sin imposiciones ni fácticas ni conceptuales ni políticas, y pensar en el Perú.

—Usted votó a favor del doctor Ferrero en lugar del doctor Ramos como ponente de la demanda competencia. ¿Por qué?

Esa es una pregunta muy importante. Dicho sea de paso, yo tengo mucho respeto por ambos, mucha consideración y relaciones cordiales y de amistad. Porque me pareció que debía apoyar al doctor Ferrero, pero sin que eso signifique ningún cuestionamiento al magistrado Ramos. Es una opción que tiene el magistrado a la hora de votar.

—Claro, pero ¿cuál era el ‘plus’ del doctor Ferrrero?

Bueno, no quisiera entrar en ese territorio porque voy a provocar quizás situaciones que no corresponden. Simplemente ejercí como magistrado mi derecho a votar y opiné en ese sentido.

—Ayer [jueves] en el programa de Mávila Huertas en Canal N, el doctor Ramos decía que un escenario intermedio sería legislar a futuro. Algo así como ‘para la próxima, estas son las reglas de juego’. ¿Cree que es un escenario posible?

El Tribunal es el que determina el contenido normativo de las disposiciones. A partir de ese momento el tribunal dicta lo que se llama las sentencias interpretativas. Y puede en algunos casos hacer interpretaciones que tengan en consideración situaciones que se dan y dar salidas y alternativas. Eso, digamos, es lo rico de la función jurisdiccional en el ámbito constitucional, que vamos construyendo y dando respuestas que no siempre están entre blanco y negro, sino puede haber matices y claroscuros, de acuerdo a determinadas situaciones.

—Pero sí sería factible una sentencia en ese sentido. O sea, técnicamente se puede.

Técnicamente se puede. Y yo creo que este caso es un reto para el tribunal. Un reto inédito en la historia del Perú en un tribunal. Y lo que nosotros decidamos va a ser visto no solamente por los ojos de la coyuntura actual sino futura.

—¿Cómo describiría la coyuntura actual?

Lo que yo observo es que en el Perú hemos perdido la tolerancia y hemos perdido la capacidad de dialogar. Y entonces entramos en una especie de esquizofrenia colectiva en donde todos desconfiamos de todos, nos olvidamos de los principios y valores y simplemente entramos en el territorio de la absoluta sospecha. Toda persona tiene derechos fundamentales. Por ejemplo, la Constitución dice: toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe judicialmente su responsabilidad. Y la presunción de inocencia es un derecho que tenemos cada uno de nosotros, pero es un deber que tienen todos respecto a nosotros. Están en la obligación de presumirnos inocentes. Yo me pregunto, esa obligación colectiva que todos tenemos de presumir a los demás inocentes, ¿se está cumpliendo? Creo que no.

—Usted tiene a su cargo la ponencia del caso Keiko Fujimori. ¿Ya tiene el documento, sabe cuándo lo va a presentar?

Yo prometí que la semana siguiente o la subsiguiente, ya presento la ponencia. La estamos terminando. Es una ponencia extensa y desarrollada con máxima prolijidad en cada caso, en cada imputación, para llegar a una conclusión que no puedo adelantar...

—Pero que ya la tiene...

Mire, hasta que yo no termine de analizar todo, yo no tengo una opinión definitiva. Pero obviamente ya me estoy formando una opinión. Y esa opinión prevalecerá para mí aunque no sé si triunfe o no, a pesar de toda la campaña que se pueda armar contra mí. Porque eso sí yo no soy un magistrado que se inclina reverente frente a las presiones de donde vengan. Porque no tengo por qué aceptar ninguna presión. A raíz de que me nombraron ponente, han iniciado otra campaña contra mí. Pues si quieren hacer campañas que hagan, pero yo no claudico ante mí mismo, ante mi consciencia ni ante mis principios y valores.