Essalud desvió S/5 millones para pagarle a empresa de seguridad que le pertenece

Respecto a los supuestos hechos ilícitos, Gutiérrez mencionó a la Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C. (Esvicsac), un ente estatal de derecho privado perteneciente a Essalud (tiene el 94,9% de participación accionaria). Según esa versión, se habría favorecido a la compañía pública con una millonaria contratación directa y un préstamo irregular de S/30 millones.

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Aparte de esos señalamientos, El Comercio halló que, a inicios de este año –en el gobierno de Boluarte–, Esvicsac recibió S/5′058.490 de fondos del Seguro Social destinados a pagar deudas contraídas durante la pandemia del COVID-19, pese a que los contratos adjudicados a la compañía eran del 2019; es decir, antes de la crisis sanitaria.

El 24 de enero del 2023, en la gestión de Aurelio Orellana como jefe de Essalud, se desembolsó el referido monto distribuido en 17 facturas emitidas a nombre de la empresa, de acuerdo con documentación oficial a la que este Diario accedió.

El abono, que figura en la lista “Expedientes pagados por la Gerencia Central de Gestión Financiera / casos COVID-19″, fue tramitado por un grupo de trabajo creado por Orellana el 29 de noviembre mediante la resolución de Presidencia Ejecutiva 1210-PE-Essalud-2022.

“A la fecha se advierte un gran número de proveedores que están impagos desde el 2020 […] Priorizar el trámite de los expedientes de reconocimiento de prestaciones vinculadas a atender la emergencia a escala nacional (COVID-19) realizadas a favor de Essalud”, se lee en el sustento del documento firmado por Orellana.

Sin embargo, en el caso de Esvicsac, el pago está relacionado con dos procesos de selección cuyas buenas pro se otorgaron el año anterior al inicio de la pandemia, cuando Fiorella Molinelli era jefa de Essalud, en el gobierno de Martín Vizcarra.

Se trata de concursos públicos adjudicados en junio (CP-SM-11-2018-Essalud/GCL-1) y setiembre (CP-SM-2-2019-Essalud/GCL-1) del 2019, con el fin de contratar los servicios de seguridad y vigilancia para la sede central y otras instalaciones de la entidad en el país. La primera contratación fue por S/306,9 millones en total, y la segunda por S/16,2 millones.

Coincidentemente, la suma entregada a Esvicsac, gestionada por el grupo de trabajo de Essalud, es similar al monto de las multas (S/5,2 mlls. en total) que el Tribunal de Contrataciones del Estado impuso a la compañía en setiembre del 2021 por presentar documentos falsos, adulterados e información inexacta en procesos de selección en el Ministerio de Cultura y la Sunat.

En el Ministerio Público hay otra indagación abierta relacionada con Esvicsac, en la cual está comprendida Grika Asayag, exasistenta y amiga de la presidenta Boluarte.

La investigación se inició luego de que El Comercio revelara que dos empresas y la hija de Asayag obtuvieron contratos con el Estado tras reuniones que ella tuvo con altos funcionarios de los sectores ministeriales que emitieron las órdenes de servicio. Las contrataciones se efectuaron entre noviembre del 2021 y agosto del 2022, cuando Boluarte era vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. El monto total ascendió a S/112.100. Por este caso, Boluarte declaró ante la Fiscalía de la Nación en marzo.

Esvicsac aprobó tres órdenes de servicio.

En noviembre del 2021, Esvicsac contrató a Total Force S.A.C., empresa fundada por Asayag, bajo el concepto de “consultoría de seguridad electrónica”, servicio por el que se pagó S/27.500.

En febrero del 2022, se emitieron dos órdenes de pago a nombre de Asociación Educativa Florence Nightingale, también constituida por Asayag. La suma total del contrato fue de S/66.600 por la “capacitación en bioseguridad en tiempos de COVID-19 […] para los gerentes y jefes de Esvicsac”.

Antes de esas contrataciones, el 20 de octubre del 2021, Asayag estuvo en el despacho del entonces viceministro de Trabajo Sergio Jaime Ríos. En el lugar coincidió con tres directivos de Esvicsac: Mauro Vento Delgado, quien era miembro del directorio; Miguel Márquez Vargas, exencargado de la Gerencia General; y Juan Gonzales Pilares, ahora exjefe de Asesoría Legal.

Esvicsac, por pertenecer a Essalud, también integra el sector ministerial de Trabajo.

Asayag también es investigada por el pago de S/41 millones que Essalud hizo a Aionia Technology Corporation en febrero último. En este caso, la Fiscalía de la Nación investiga a Orellana y al exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén. Este desembolso se dio en el contexto del grupo de trabajo de Essalud que saldó deudas contraídas durante la pandemia.

Esvicsac registra cinco sanciones temporales y 90 penalidades por infracciones a la norma de contrataciones, que en algunos casos tuvieron connotación ilícita.

Además, un informe de la contraloría, del 2021, concluyó que Esvicsac presentó documentación falsa e inexacta en procesos de selección de tres instituciones públicas, que causó la pérdida de buenas pro por S/101,3 millones. En otro reporte, del 2019, el órgano de control indicó que el personal de logística de la compañía no tenía las competencias necesarias para aplicar o cumplir con la norma de contrataciones. Asimismo, se determinó que, por deficiencias de sus funcionarios, en tres adjudicaciones otorgadas a distintos proveedores se generó un perjuicio a Esvicsac por S/214.963.

En el 2022, Esvicsac registró pérdidas por S/26 millones. Esto pese a que entre el 2008 y 2023 logró contratos con entidades del Estado por más de S/2.200 millones.

Este Diario buscó la versión de representantes de Esvicsac y Essalud, así como de Orellana, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta a los mensajes enviados. En su momento, Asayag negó irregularidades en el otorgamiento de los contratos a sus empresas.

1

2019

Contratos de Esvicsac

Entre junio y noviembre del 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra, Esvicsac ganó contratos con Essalud por más de S/323 millones por el servicio de vigilancia.

2

10/9/2021

Sanciones

El Tribunal de Contrataciones del Estado impuso dos multas a Esvicsac por S/5,2 millones por presentar documentación falsa e información inexacta en procesos de licitaciones públicas.

3

2021-2022

Vínculo con Asayag

En noviembre del 2021 y febrero del 2022, dos empresas de Grika Asayag, exasistente de la presidenta Dina Boluarte, ganaron contratos con Esvicsac. La fiscalía investiga el caso.

4

29/11/2022

Resolución de Essalud

A través de la resolución 1210, el entonces presidente del Seguro Social, Aurelio Orellana, crea una comisión para priorizar y cancelar las deudas asumidas en la pandemia.

5

24/1/23

Pago de deuda

Como parte de los pagos contemplados en la resolución de la presidencia ejecutiva 1210, Essalud desembolsa S/5 millones para cancelar la deuda con Esvicsac por contratos del 2019. Es decir, se trataba de una deuda contraída antes de la crisis sanitaria.

El pago a la Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C. (Esvicsac), por fuera de lo establecido en la Resolución 1210-PE-Essalud-2022, expone indicios de presuntos delitos, según especialistas consultados por El Comercio.

Para el abogado penalista Andy Carrión, esta situación, además de mostrar una presunta irregularidad administrativa, revelaría una responsabilidad penal. “Denotaría algún tipo de interés por parte de los funcionarios […] [para] ampliar el objeto de una resolución […] e interesadamente viabilizar el pago para otro tipo de compañías que no están en el marco temporal”, precisó.

De acuerdo con Carrión, podrían configurarse delitos como negociación incompatible o colusión, por el interés indebido de funcionarios en favorecer a un tercero.

Remarcó que, en el manejo de Essalud, existe un modus operandi, dado que la resolución en cuestión, emitida por la presidencia ejecutiva, también ha propiciado pagos que son investigados por la fiscalía, como el caso de la empresa Aionia: “Vemos que existe cierto modus operandi por parte de la dirección ejecutiva de Essalud, que ha promovido ciertos pagos, [sin] corresponder los mismos, o bien porque en rigor no se encuentran dentro del objeto de la resolución emitida o bien porque la deuda se ha obtenido a través de un procedimiento irregular. [...] existe ya cierta permanencia en actos irregulares”.

Por su parte, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado apuntó que se habría incurrido en el delito de peculado doloso. “Se han configurado dos elementos: el aprovechamiento de una situación de emergencia sanitaria y el elemento referido al destino indebido de caudales provistos para fines asistenciales”, explicó.

Según Maldonado, la referida resolución es ambigua y poco rigurosa; por ello, propicia este tipo de situaciones. “Va más allá por la gravedad de los elementos: el pago de los S/5 millones y el contexto que vulnera una norma dirigida a honrar pagos referidos al contexto de la pandemia”.

Ambos consideran que existe sospecha inicial para que la fiscalía inicie una investigación por este caso.