Ex defensor pide al Congreso celeridad para reforma electoral
Ex defensor pide al Congreso celeridad para reforma electoral
Rocío La Rosa Vásquez
Rocío La Rosa Vásquez

El ex defensor del Pueblo (e) Eduardo Vega advirtió el riesgo de no tener una a tiempo para las elecciones municipales y regionales del próximo año. Esta semana la presidenta de la subcomisión de Reforma Electoral, la congresista de Fuerza Popular Patricia Donayre, informó que la Comisión de Constitución le otorgó una nueva prórroga al grupo de trabajo para presentar las recomendaciones para la reforma electoral hasta el 16 de mayo

Eduardo Vega considera que ante la complejidad del tema, se debe priorizar los cambios necesarios para garantizar sobre todo la transparencia en el manejo de los recursos que ingresan a las organizaciones políticas.

Por ejemplo, establecer un tope de 10% a lo que recaudan las agrupaciones en actividades proselitistas como cocteles y rifas, pues en las últimas elecciones ese tipo de ingreso se incrementó. Esta fue una propuesta de la Comisión Presidencial de Integridad que dirigió. Aún no hay consenso en la comisión del Congreso sobre este punto.

Eduardo Vega también se pronunció a favor de que se prohíba postular a personas con prisión preventiva. Tal como está la ley, el detenido gobernador regional del Callao, Félix Moreno, no tendría impedimento de buscar la reelección el 2018.

Al respecto comentó que quizás este es uno de los temas más difíciles que tenemos entre manos. "Una cosa es cuando se habla de un condenado y la idea es que estos no puedan participar, y otra cosa es cuando se trata de un procesado. Creo que para garantizar cierta certidumbre en los procesos electorales lo ideal sería que quienes postulen no tengan ningún tipo de prisión preventiva".

El efecto Odebrecht
Vega también destacó que haya consenso para prohibir los aportes de gobiernos y empresas extranjeras para evitar lo ocurrido con la empresa brasileña Odebrecht. En los últimos días, por ejemplo, Marcelo Odebrecht ratificó que la transnacional aportó con 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala en el 2011.

"Me queda claro que Odebrecht tenían como modo de actuación el financiar campañas políticas en toda América Latina. En el caso peruano no me queda ninguna duda de que eso ha ocurrido. Eso descalifica moral y políticamente a los grupos que aceptan este tipo de donativos porque los hipoteca en sus acciones", señaló en diálogo con este Diario.

Agregó que será la justicia la que determine si esto implica ilícitos penales por lavado de activos, desvío de fondos o por no pagar impuestos.

Sobre qué sanciones serían las más efectiva contra las organizaciones que incumplan con presentar sus informes de ingresos y egresos, teniendo en cuenta que hasta ahora no han prosperados las de tipo económico, Vega recomendó que para los casos más graves tienen que haber sanciones de carácter político a la organización, como la pérdida de su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

"Las multas y sanciones administrativas no han tenido un efecto", puntualizó. Sobre este punto tampoco hay consenso en el Congreso.

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