¿Edmundo González Urrutia podrá jurar como presidente de Venezuela tras el reconocimiento de Estados Unidos?
Es un poderoso argumento decir que a alguien se le busca sancionar porque ha hecho su trabajo tan bien que despertó envidias y celos y/o pisó callos de gente muy importante. Ese argumento es fácilmente escalable a narrativa si el personaje sobre el que pende un proceso de investigación que podría acabar en sanción, es nada menos que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La fiscal no ha dicho nada al respecto. Mantiene el prudente silencio de su cargo y de su carga procesal que incluye a presidentes, ministros y congresistas pasados y presentes. Quien lo ha entredicho, sin extenderse en detalles, es su defensor ad honorem, el constitucionalista Aníbal Quiroga, en diversas entrevistas. No necesita extenderse. El gran detalle del ‘trabajo bien hecho’ es la investigación y pedido de prisión preventiva contra Pedro Castillo.
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Al invocar, sin mencionarlo, el caso estelar de la fiscal Benavides en el 2022, la narrativa susurrada es potente frente a un organismo nuevo y sin voceros de peso, la Junta Nacional de Justicia, que pretende investigarla por otras razones , por presuntamente haber cometido conducta irregular en el proceso de cambios de fiscales. La fiscal, a través de su defensa, aduce que ello llevaría a una interferencia inconstitucional de la JNJ con las labores del Ministerio Público (MP). Por esa razón, interpuso una demanda competencial ante el TC.
La JNJ replicó que no pretende interferir, sino investigar si en el ejercicio de sus competencias, Benavides ha cometido irregularidades, sobre todo al remover a quienes veían el caso de su hermana Emma y a fiscales del caso Cuellos Blancos. La demanda competencial difícilmente prosperará, pero la narrativa sigue en pie y probablemente influya para que la JNJ no se pase de la raya y tome el caso con pinzas.
