“Las acciones del actual ministro del Interior no están en sintonía con estos principios mínimos de articulación para lograr objetivos comunes”, dijo en su carta de renuncia el presidente ejecutivo de Devida, Fidel Pintado. Al cierre de esta edición, no se había publicado la resolución que acepta su renuncia. En sus primeros días en el cargo, el ministro Luis Barranzuela ha generado una crisis que complica la situación de la ya complicada lucha contra el tráfico de drogas.
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— ¿En qué momento exacto decidió que debía renunciar al cargo?
No íbamos a aceptar el agravio. Escuchar decir que los fondos de la cooperación internacional no se manejan apropiadamente, que existen actos de corrupción, sin prueba alguna, todo eso genera mortificación, indignación. Ese fue el motivo principal: las groseras aseveraciones que hizo el ministro del Interior.
— Antes de ser ministro, Luis Barranzuela estuvo en el Vraem, dando mensajes claros en el sentido de que debía frenarse la erradicación de hoja de coca ilegal, incluso azuzando a los dirigentes cocaleros.
Devida ha trabajado en los últimos años en la elaboración de una política nacional contra las drogas que ha sido coordinada, consensuada con todos los sectores del Estado. Sería muy peligroso, para las metas que se procuran conseguir, que la erradicación se paralice.
— Pero, entonces, ¿no hay una contradicción?
El tráfico de drogas está perjudicando al país en su desarrollo, y se necesita una concertación, y mucho más con el Mininter. El ministro no ayuda en la articulación concertada.
— La primera ministra –ante quien presentó su renuncia– dijo que las acciones continuarán y que nada se paralizará.
Reconocemos el gesto de la primera ministra de señalar que se va a fortalecer el desarrollo alternativo y la lucha contra las drogas, porque es a lo que, como Estado, deberíamos apuntar.
— ¿No es otra contradicción que mantenga en el Gabinete a quien ocasionó esta situación?
Lo que no es aceptable es un agravio como el que el ministro del Interior ha señalado. Decir que hay corrupción sin dar pruebas es un agravio que no toleramos.
— Operadores de Perú Libre, sobre todo en el Vraem, buscan colocar a personas de su confianza en Devida. ¿Cuál es el riesgo de que se politice la institución?
Siempre hay intereses políticos de organizaciones radicales que pretenden hacer daño a la lucha contra el tráfico de drogas.
— Usted llevaba un año en el cargo. Coincidió con el lento avance en la erradicación debido a la pandemia.
Hay un incremento en la superficie de hoja de coca sembrada en el país, eso hay que decirlo. En el 2018, de acuerdo a la información oficial, había 54.000 hectáreas y, en el 2019, 54.600. Este año, en el informe que estamos culminando, es posible que hayamos llegado a las 62.000 hectáreas. La meta de erradicación, que siempre ha sido de 25.000 hectáreas anuales, en los últimos dos años no se ha cumplido por el contexto pandémico. El año pasado se erradicaron algo de 6.400, nada más, y recién en abril de este año se inició la erradicación, que luego se suspendió por la segunda ola de la pandemia. Hemos llegado apenas a un poquito más de 2.000 hectáreas.
— ¿Qué avances sí permitió la pandemia?
Se logró determinar cuáles son las zonas estratégicas de intervención, cada una con particularidades propias. Es distinto combatir el tráfico de drogas en el Alto Huallaga que en el Vraem, Puno o el Putumayo. Además, trabajamos en una ley de insumos químicos para ordenar el trabajo de la policía, de la Sunat. Durante este tiempo de gestión hemos conseguido que más de 90.000 hectáreas de cultivos alternativos sean incorporadas. Y tenemos poco más de 134 mil familias sumadas a este desarrollo alternativo. La lucha contra el tráfico de drogas movida por intereses radicales, particulares o políticos, siempre va a confrontar el desarrollo alternativo. Hay intereses que generan confrontaciones.
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