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A través de una demanda competencial, la fiscal de la Nación Patricia Benavides, solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que anule dos investigaciones que se le siguen ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La demanda fue interpuesta a nombre del Ministerio Público y autorizada por la Junta de Fiscales Supremos el último 14 de agosto.
Y es que, según la acción constitucional, se ha presentado un “conflicto de competencias y atribuciones” en perjuicio de las facultades de la Fiscalía de la Nación asignadas por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Ministerio Público e instrumentos de gestión conexos a esta.
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En el escrito, al que tuvo acceso El Comercio, Benavides Vargas sostiene que se han vulnerado -y se están vulnerando- de manera clara y flagrante las competencias constitucionales asignadas al MP, como el procesamiento de las faltas disciplinarias y otras actuaciones administrativas al interior de su institución.
Asegura, además, que la JNJ ha desnaturalizado los procesos disciplinarios instrumentalizándolos “contra los actos de administración de la Fiscal de la Nación” reconocidos en el artículo 158 de la Carta Magna y vulnerando el principio de separación de poderes.
Por ende, busca que el TC establezca límites en la actuación de la JNJ y como efecto, anule dos investigaciones en su contra vinculadas al Caso Los Cuellos Blancos y otros hechos.
“En la presente demanda competencial se demuestra que el actuar de la Junta Nacional de Justicia, en contra de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, en su condición de fiscal de la Nación, está afectando la competencia del Ministerio Público. Como es conocido, la Junta Nacional de Justicia ha dispuesto la apertura de investigaciones preliminares en contra de la fiscal de la Nación”, se expresa en el documento.
Este Diario pudo confirmar que el TC ya registró la demanda el último lunes, y sería revisada por el pleno de la institución.
Los casos cuestionados
En la demanda, Benavides Vargas alega que por el “actuar indebido” de la JNJ, esta última tiene en sus manos más de 20 investigaciones preliminares en su contra. Y si bien dicha entidad está legitimada constitucionalmente para aplicar las sanciones de amonestación, suspensión o destitución a los jueces y fiscales supremos , sostiene que “dicho organismo constitucionalmente autónomo viene ejerciendo dicha potestad de manera indebida, con evidente exceso”.
Como muestra de ello, la fiscal de la Nación señala las investigaciones preliminares que la JNJ ha iniciado en su contra. Por ejemplo, a través de la Resolución N.o 072-2023-JNJ del 23 de febrero de 2023, que da inicio a la Investigación Preliminar N.o 001-2023-JNJ por presuntamente haber realizado cambios en la conformación de fiscales integrantes del Equipo Especial “Los Cuellos Blancos del Puerto” con la finalidad de interferir en las investigaciones fiscales.
En ese mismo caso se ha incluido el presunto trato ofensivo o degradante en contra del exsecretario técnico de la Oficina Técnica de Implementación del Código Procesal Penal (OTI-NCPP), Víctor Manuel Cubas Villanueva y emitir una resolución de cese con una celeridad inusitada. Y por presuntamente haber ejercido presión a la (OTI-NCPP) para que emita información que sustente la destitución de Cubas Villanueva por deficiencia en su gestión.
La segunda investigación en su contra, a través de la Resolución N.o 403-2023-JNJ (investigación preliminar N.o 008-2023-JNJ) del 17 de abril del 2023, por haber cesado a la fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales -quien investigaba a su hermana Emma Benavides- de manera célere, luego de haber asumido el cargo como FN.
Caso de hermana de la FN
Cabe precisar que la Junta Nacional de Justicia, según la resolución de investigación contra la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, solicitó reportes a la Procuradurías Antidrogas, Lavado de Activos y Terrorismo, a fin de que informen la situación de los casos en los que había actuado la sala presidida o integrada por la hermana de la fiscal de la Nación. Estos, remitieron documentación donde indican que el tribunal de Emma Benavides, en diversas oportunidades, declaró la absolución en diversos expedientes; y que la Corte Suprema anuló dicho fallos al considerar que no se habían evaluado los hechos de manera correcta: Caso por drogas (32 de 43), lavado de activos (1) y terrorismo (27 de 49).
Incluso, la Procuraduría Antiterrorismo, en el 2019, envió un oficio al Poder Judicial, dando cuenta de las denuncias en contra de los magistrados que habían dictado absoluciones y solicitando se evalúe la permanencia de los magistrados integrantes de dicho colegiado.
A ello se suma que, según un informe de la Sala Penal Nacional, el colegiado integrado por la hermana de la FN, expidió diez sentencias absolutorias en casos complejos (70% de ellas fueron declaradas nulas y se ordenó nuevo juzgamiento) y 3 con condena (dos por conclusión anticipada y uno por voto en mayoría) .
Actualmente, el proceso contra la jueza Emma Benavides se encuentra en el Poder Judicial a esperas de un pronunciamiento ante el pedido fiscal, realizado en febrero del 2023, para archivar su caso.
Otro hecho incluido en contra de la fiscal de la Nación es la remoción de la fiscal Aurora Remedios Fátima Castillo como Jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y del fiscal Luis Felipe Zapata González como Fiscal Adjunto Supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Además de la remoción del fiscal Superior Frank Robert Almanza Altamirano como Fiscal Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, quien estuvo a cargo del Caso Sánchez Paredes.
Además, haber nombrado al fiscal Miguel Ángel Vegas Vaccaro como fiscal supremo provisional, designándolo en el despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por funcionarios Públicos, pese a que este fue sancionado con multa en el 2018, por deficiencia en su función para emitir dictámenes.
Finalmente, Benavides Vargas cuestionó la Resolución N.o 6 que acumuló la investigación preliminar N.o 008-2023-JNJ a la investigación preliminar N.o 001-2023-JNJ, por estar en la misma etapa de evaluación para determinar si corresponde o no abrir un proceso disciplinario en su contra.
La Junta Nacional de Justicia cesó de cargo a la magistrada de Cusco. Foto: Gob
Nulidad de investigaciones
Según el escrito, la fiscal de la Nación solicitó que el TC establezca que la Junta Nacional de Justicia carece de competencia para cuestionar o revisar los actos de administración interna y actos de gestión dispuesto por su despacho al presidir el Ministerio Público.
“En consecuencia, reiteramos, la Junta Nacional de Justica viene extralimitándose en el ejercicio de sus funciones al investigar, a través de la apertura de investigaciones preliminares, actos de gestión o de administración interna de quien ejerce el cargo como fiscal de la Nación.”
Patricia Banavides, Fiscal de la Nación en demanda competencial
Agrega que el TC declare que los actos de administración interna o actos de gestión o actos de gobierno de la Fiscal de la Nación, al presidir el MP, solo son susceptibles de control jurídico- disciplinario mediante el ejercicio de la prerrogativa administrativa de control de sus propios actos y que solo podrían ser conocidos por el órgano competente.
Y, que al determinarse el menoscabo de sus competencias como Fiscal de la Nación, a través de la resolución N.o 072-2022-JNJ (que abrió investigación preliminar contra Patricia Benavides), la N.o 403-2022-JNJ (que abre una segunda investigación en su contra) y la Resolución N.o 6 que acumula ambas investigaciones, se declare “la nulidad absoluta” de las tres resoluciones antes mencionadas. Pero, dejando subsistente el extremo referido a la conclusión de la designación de la exfiscal suprema provisional, Bersabeth Revilla Corrales en el cargo de Fiscal Suprema Provisional.
“La nulidad de los demás actos adoptados por la Junta Nacional de Justicia, procediendo al archivo definitivo de estas dos (2) investigaciones preliminares acumuladas en los extremos correspondientes, garantizando la competencia del Ministerio Público, tal como se encuentra ya regulada en el artículo 158° de nuestra Carta Magna, consistente en que la Fiscalía de la Nación es un ente dotado de autonomía en los ámbitos normativo, de gobierno, administrativo y económico”, indica demanda fiscal.
La acción competencial, se indica, persigue como finalidad establecer un criterio acorde al ordenamiento jurídico vigente respecto de las facultades –específicamente, la potestad disciplinaria sobre los jueces supremos y los fiscales supremos– que ejerce la JNJ respecto a los magistrados cuando realizan actos de gestión o de gobierno, De esta manera, que el TC determine el alcance de la potestad sancionadora de la JNJ regulada en el artículo 154° de la Constitución Política del Estado.
Este Diario buscó la versión de la JNJ, pero indicaron que al no haber sido notificados aún con la demanda, no se pronunciarían. Mientras que el Ministerio Público no se pronunció hasta el cierre de este informe, a pesar de haberse solicitado su versión.
Cabe precisar que, en los descargos dados ante la JNJ, Benavides Vargas ha negado todas las imputaciones en su contra. Sobre el caso Villanueva, alegó ante la JNJ que se trataría de una “venganza”, toda vez que ella lo cesó del cargo en base a dos informes que sustentaban su poco rendimiento.
Sobre la Investigación Preliminar N.°008-2023-JNJ, la fiscal de la Nación afirmó ante la JNJ que sus decisiones se adoptaron bajo razones jurídicas y técnicas, aseverando que la fiscal Bersabeth Revilla no había atendido su carga procesal. Además, negó un conflicto de interés con la exfiscal por la investigación contra su hermana.
Y, sobre el caso de Almanza, Benavides señaló que obedeció a que este tenía el cargo de fiscal superior provisional y se le retornó a su plaza de origen, entre otro hechos.
