La Junta Nacional de Justicia (JNJ) notificó al Ministerio Público el último lunes la decisión definitiva de destituir a Patricia Benavides del cargo de fiscal suprema. Ese era el único paso que faltaba para que se pueda elegir al nuevo fiscal de la Nación titular.
Con ese fin, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, deberá convocar a la Junta de Fiscales Supremos, integrada por él mismo, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza.
Quien asuma el cargo lo hará por tres años, con la opción de ser reelegido por dos años más.
Fuentes de El Comercio señalaron que Villena y Espinoza están interesados en el puesto. Además, recordaron que Sánchez y Ávalos han señalado anteriormente que no desean volver a asumir esa responsabilidad.
Para Villena, pasar de interino a titular sería el paso más importantes de su carrera profesional, precisaron las fuentes. Él asumió como interino en diciembre pasado porque Benavides fue suspendida del cargo por la JNJ.
Cuando Villena asumió la dirección del Ministerio Público, la institución se encontraba en medio de una crisis tras revelarse que Benavides y su entorno habrían formado una organización criminal vinculada al tráfico de influencias, la corrupción y otros presuntos delitos.
Por su parte, Espinoza asumió como fiscal suprema a fines del 2022. No obstante, inmediatamente la Junta de Fiscales Supremos que presidía Benavides la designó como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Recién en diciembre del 2023, tras la salida de Benavides, Espinoza se reincorporó a la Junta de Fiscales Supremos. Ella solicitó su retorno para “garantizar la gobernabilidad de la institución”
En el Ministerio Público, un sector considera que el liderazgo de Espinoza sería más fuerte y permitiría refrescar la imagen de la institución. Espinoza contaría con el apoyo mayoritario de fiscales superiores, provinciales, adjuntos superiores y adjuntos provinciales porque, entre otros motivos, no integró la Junta de Fiscales Supremos que dirigió Benavides. Otro sector minoritario estima que darle continuidad a la gestión de Villena sería la mejor opción.
Hasta el momento, las fuentes señalan que Ávalos respaldaría la elección de Espinoza, mientras que Sánchez no ha decidido su voto, pero desearía que el nuevo fiscal de la Nación sea elegido por unanimidad.
Escenario complejo
El próximo fiscal de la Nación asumirá el cargo en un contexto de confrontación con el Congreso y el Ejecutivo.
Recientemente, la Junta de Fiscales Supremos cuestionó que el Congreso apruebe la ley que faculta a la Policía Nacional dirigir las investigaciones preliminares de los delitos.
En un pronunciamiento público, Villena sostuvo que la ley contradice abiertamente el artículo 159 de la Constitución. Este establece que el Ministerio Público se encarga de investigar los delitos desde el inicio. Pese a ello, la norma recibió el respaldo mayoritario del Parlamento y fue promulgada por el Ejecutivo el último 10 de octubre.
La promulgación se dio en un escenario de enfrentamientos entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía respecto a la liberación de presuntos delincuentes.
En agosto último, el titular del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que denunciaría a los fiscales que liberen a supuestos delincuentes capturados en acciones emprendidas por la policía. “El fiscal, en lugar de favorecer a la ciudadanía está liberando a los delincuentes; entonces, para nosotros es otro criminal”, señaló.
En tanto, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador contra el crimen organizado, explicó días después: “Para que una persona detenida en flagrancia se vaya preso, se necesita que el fiscal requiera ante el juez la prisión preventiva. Y la prisión preventiva tiene presupuestos que tienen que cumplirse. Si no se cumplen, no los puedes mandar a la cárcel”.
Otra discrepancia entre el Ministerio Público y el Congreso radica en la aprobación de la ley sobre crimen organizado. En agosto último, la Junta de Fiscales Supremos señaló que esa norma es inconstitucional. No obstante, hasta la fecha, la mayoría parlamentaria se opone a derogarla.
En opinión del exfiscal supremo Víctor Cubas, uno de los primeros retos que tendrá el nuevo fiscal de la Nación será enfrentar las decisiones del Congreso que afectan al Ministerio Público y al Estado de Derecho.
“Están promoviendo y aprobando un conjunto de leyes que lesionan gravemente la autonomía del Ministerio Público, como la que da facultades de investigación preliminar a la policía. Y hay otros proyectos de ley completamente inconstitucionales, como el que pretende sancionar a jueces y fiscales que soliciten la imposición de prisión preventiva”, dijo en diálogo con El Comercio.
Cubas añadió: “Esto, evidentemente, es un contrasentido. Por un lado se acusa que los fiscales dejan sueltos a los delincuentes y por otro lado se dice que serán sancionados cuando pidan prisión preventiva. Esto es fruto del desconocimiento de la mayoría de legisladores, que no conocen cuál es la función del sistema de administración de justicia”.
El exfiscal supremo adjunto Martín Salas añadió que el nuevo fiscal de la Nación enfrentará un escenario político adverso. “Hay un sector político que desde el Parlamento, con el apoyo del Ejecutivo, viene atacando constantemente al Ministerio Público, tratando de minimizar sus funciones, reducirlo a la mínima expresión”, dijo en diálogo con este Diario.
Además, señaló que el nuevo titular del Ministerio Público tendrá que reestructurar la entidad. “Lo primero es sanear la casa para desaparecer las acciones que fueron utilizadas por detractores políticos para golpear a la institución. Algunos fiscales han tenido falencias por desidia, por equivocación o por corrupción, y estas han sido utilizadas por el sector político para atacar al Ministerio Público”, señaló.
