Gestión de Patricia Benavides puso trabas para el avance de casos claves en la fiscalía

La Fiscalía de la Nación (FN), ahora a cargo de Patricia Benavides, no solo dirige y toma las decisiones sobre el Ministerio Público y las decenas de despachos y fiscales en el ámbito nacional. También tiene la facultad de investigar a los altos funcionarios (aforados), como los presidentes, ministros y congresistas.

Si bien debe tener independencia en su labor, en la última semana se han revelado las negociaciones que Jaime Villanueva, el ahora exasesor principal de Benavides, tuvo por chat con un congresista sobre votaciones del pleno, así como por las investigaciones y denuncias que la FN seguía a parlamentarios de diferentes bancadas.

De acuerdo con los chats, la FN tomó decisiones que afectaron el avance de carpetas fiscales contra congresistas. Durante la gestión de Benavides, además, otras pesquisas de equipos y despachos fiscales tuvieron retrasos, sea por reducción de personal, cambios de sus miembros o procesos disciplinarios.

En la orden judicial del operativo Valkiria V, por el que se detuvo a Villanueva, se incluyen chats de los primeros días de junio de este año en los que el ahora exasesor, investigado por integrar una supuesta red criminal que sería encabezada por Benavides, habla de sus conversaciones con las bancadas.

En uno del 5 de junio, dice que ya tiene el apoyo de Perú Libre, Bloque Magisterial y Podemos. Se refiere a la votación de la denuncia constitucional contra la entonces fiscal suprema Zoraida Ávalos. Al día siguiente, el congresista con el que dialoga le indica que los parlamentarios querían una “señal” de la fiscalía sobre las investigaciones que les seguían. “Dijeron que de una vez ‘fisca’ dé una señal de archivo de los que corresponda claramente”, escribió el legislador, cuya identidad se desconoce.

Ante ese pedido, Villanueva contestó: “Por eso le digo, eso ya está listo”.

El 15 de junio, la FN dispuso archivar la denuncia que una ciudadana presentó para que se abriera una investigación a 40 congresistas. El mismo día, Villanueva le envió al congresista un mensaje que adjuntaba la disposición fiscal. Lo acompaña el texto: “Niños”.

El 21 de junio, el pleno votó a favor de inhabilitar por cinco años de la función pública a Zoraida Ávalos, decisión por la que dejó de ser fiscal suprema.

La denuncia archivada es distinta a la investigación madre del Caso ‘Los Niños’, que la FN lleva contra más de 20 legisladores. Sin embargo, en chats anteriores, del 24 de mayo, Villanueva menciona y envía un documento relacionado con ‘Los Niños’, clasificando a los legisladores como ‘Niños 1′, ‘Niños 2′ y ‘Niños 3′. Están divididos así porque la pesquisa de ‘Los Niños’ se amplió conforme se conocieron las denuncias contra los parlamentarios.

La conversación se da en esa fecha porque en un principio el Legislativo tenía previsto discutir la denuncia contra Ávalos el 25 de mayo, pero se pospuso para junio.

Lo mencionado antes no representa la primera decisión adversa de la FN sobre los congresistas. En diciembre del 2022, antes del golpe de Estado de Pedro Castillo, la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que investiga hechos de ese gobierno, remitió a la FN un oficio sobre el informe 155, elaborado por el grupo de policías que apoya al Eficcop. En este se solicitaba detención preliminar por diez días para seis legisladores de ‘Los Niños’. Según las fuentes de este Diario, la FN no realizó ninguna diligencia sobre este caso, que está paralizado desde esa fecha.

El informe 155, de acuerdo con las fuentes, se basó en el documento que el grupo policial elaboró por el caso de los asesores en la sombra, que investiga al entorno de Castillo y menciona a legisladores de Acción Popular identificados como parte de ‘Los Niños’. Este caso reveló las coordinaciones entre los allegados de Castillo y parlamentarios para negociar votos a cambio de obras.

Según un informe de la Procuraduría General del Estado, hasta setiembre de este año la Fiscalía de la Nación y las fiscalías supremas tenían investigaciones abiertas contra 47 congresistas.

Tras el operativo Valkiria V, la Fiscalía de la Nación oficializó la destitución de Barreto como coordinadora del Eficcop, que investiga la presunta organización criminal que encabezaría Benavides.

No es la primera traba contra el equipo que Barreto lideraba. Como El Comercio advirtió en octubre, el Eficcop ya había tenido recortes de personal, lo que genera retrasos en las investigaciones. Además, Barreto afronta un proceso disciplinario de la Autoridad Nacional de Control (ANC) por falta muy grave. Si bien esta entidad es autónoma, fuentes de este Diario señalan que existe una subordinación de su jefe, Antonio Fernández Jerí, hacia Benavides.

En el allanamiento de Valkiria V en el piso 9 del Ministerio Público, donde está la FN, se encontraron restos de documentos de la ANC sobre Barreto y un borrador de la resolución de su cese (que se decidió en una reunión realizada el domingo 26 en el lugar). Estaban en la oficina de Abel Hurtado, asesor de Benavides que también es investigado por el Eficcop.

Además, desde la Fiscalía de la Nación buscan asumir casos que el Eficcop indaga, como Puente Tarata, Petro-Perú y Anguía (la FN argumenta que está facultada para acumular los casos).

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Hay otras investigaciones emblemáticas afectadas por recortes de personal y cambios de sus cabezas en la gestión de Benavides: las de los equipos Los Cuellos Blancos y Lava Jato, y las de despachos de los fiscales del megacaso Alas Peruanas y de los presuntos aportes ilícitos para la campaña electoral de Perú Libre del 2021. Sus miembros también han sido afectados por procesos disciplinarios.

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Una fuente consultada por este Diario se preguntó por qué la ANC ha realizado las denominadas visitas de asistencia y permanencia en despachos de los casos mencionados, pero no hizo lo mismo en las fiscalías supremas adjuntas de Marco Huamán y Elmer Ríos, que investigan a altos funcionarios.

Ante los cuestionamientos, Benavides se defendió diciendo que es víctima de “un ataque premeditado” de “quienes no quieren ser investigados”.