Fiscalía investiga a 47 congresistas: Este es el detalle de los casos y los otros funcionarios con pesquisas abiertas

El mismo informe, obtenido por El Comercio a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que 9 ministros y exministros del Gobierno de Dina Boluarte y 14 exministros del vacado exmandatario Pedro Castillo, también están bajo el escrutinio fiscal.

En diversos casos, ya tienen en su contra investigaciones preparatorias formalizadas. Es decir, procesos judicializados.

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En la lista de altos funcionarios investigados también se incluye a quienes ocupan u ocuparon el cargo de Jefe de Estado y personifican a la Nación: Dina Boluarte, Pedro Castillo y Martín Vizcarra.

La data, que corresponde a investigaciones de los últimos cinco años y están referidos a casos procesados ante la FN y fiscalías supremas, también contempla a actuales funcionarios de entes constitucionales, excongresistas, exfuncionarios del Estado y terceras personas que se encuentran en calidad de coinvestigados.

Boluarte, los ocho casos de Castillo y Vizcarra

Según la información, la presidenta Dina Boluarte continúa siendo investigada en la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de genocidio, homicidio y lesiones graves. Cabe precisar que la defensa de la mandataria ha pedido archivar el caso al sostener que no existe responsabilidad penal en las muertes ocurridas durante las protestas sociales registradas a fines del 2022 e inicios del 2023.

En caso de Pedro Castillo, acumula ocho investigaciones y/o procesos en su contra. Entre ellos, se registran los casos que cuentan con formalización de la investigación ante el Poder Judicial (PJ) por presunta rebelión debido al golpe de Estado y presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada por los Casos Ministerio de Transporte-Provías Nacional (Caso Puente Tarata), Ministerio de Vivienda y Petro-Perú.

También se incluye la denuncia constitucional por presunto tráfico de influencias por el Caso “Ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional” pendiente de procesarse en el Congreso. Y, las investigaciones preliminares por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada por el Caso “Los Niños”; por encubrimiento personal y organización criminal por la fuga de su exsecretario general, Bruno Pacheco; su sobrino Fray Vásquez y el exministro Juan Silva; y por presunto cohecho pasivo propio vinculado a presunta recepción de dinero de la empresaria Sada Goray.

A estas, se suman dos nuevos casos que aún esperan pronunciamiento fiscal. Uno de ellos es por presunto peculado de uso, por haber usado aviones de la Fuerza Aérea para trasladar a su familia y amigos, que se encuentra en calificación ante la fiscalía.

También se encuentra en calificación una denuncia por presunto nombramiento o aceptación ilegal del cargo, debido a la designación de su exconsejero Daniel Salaverry como presidente del directorio de Peru-Petro.

En la lista también aparece el expresidente Martín Vizcarra, con seis casos en su contra. En uno de ellos, viene siendo investigado por presunta colusión simple, junto a sus exministros, por la compra de vacunas contra el Covid-19. Además, la investigación por presunta omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales por la compra de pruebas rápidas para la detención de virus.

También viene siendo investigado en otros caso, por la contratación del cantante ‘Richard Swing’ por los presuntos delitos de tráfico de influencias, peculado y negociación incompatible.

Además, se encuentra en calificación ante la Fiscalía de la Nación, la reciente denuncia que presentó la Procuraduría General del Estado, por presunto cohecho activo transnacional al haber recibido de manera irregular -junto a su esposa- las vacunas contra el Covid por parte de una empresa china.

Las seis investigaciones de Betssy Chávez y el nuevo Minjus bajo la lupa fiscal

El reporte de transparencia también da cuenta de todos los exministros de Pedro Castillo que vienen siendo investigados en la más alta esfera del Ministerio Público.

Encabeza la lista la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez con seis casos. Entre ellos el de presunta rebelión por el golpe de Estado, que se encuentra bajo formalización de Investigación Preparatoria, por presunta negociación incompatible por el Caso Los Niños, y el caso por presunto enriquecimiento ilícito debido a la compra de un inmueble en Tacna.

A estos se suman dos casos que han sido acumulados en una sola carpeta fiscal por presunta negociación incompatible (o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado) y presuntos peculado doloso por la contratación de familiares de quien fue señalado como su pareja sentimental Abel Sotelo.

El siguiente en la lista es el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión simple por los Casos MTC, Provías Nacional (Puente Tarata) y Vivienda, que se encuentra judicializado. Mientras que la investigación preliminar por el Caso Los Niños es por los presuntos delitos de organización criminal y colusión ilegal.

También tiene abierta otra investigación, junto al expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres por presunta omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales debido a un presunto incumplimiento de acuerdos que llevaron a un paro agrario y de transportistas del 28 de marzo al 6 de abril de 2022, donde fallecieron cinco personas.

Además, Silva Villegas ha sido denunciado por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias junto al reincorporado congresista Enrique Wong, por la visita y contratación de sus asesores en el MTC.

Además, es investigado junto Torres por presunta omisión de funciones, encubrimiento personal y organización criminal por la fuga de Pacheco y Fray Vásquez Castillo. Y, Torres también quien tiene judicializado el Caso Golpe de Estado por presunta rebelión.

Chávez Chino, quien se encuentra con prisión preventiva; y Torres Vásquez, han negado en reiteradas veces haber participado en actos criminales. Silva Villegas, antes y después de pasar a la clandestinidad, hizo lo propio.

El exministro Oscar Zea tiene en su contra tres investigaciones preliminares abiertas. Una, en su condición de congresista por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias debido al Caso Los Niños. Otras dos, en su condición de extitular de Agricultura, por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido debido a las licitaciones a favor de la empresa Inka Genetics SRL de la que fue accionista, y por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Sobre el último caso, durante una audiencia pública, el abogado de Zea aseguró que en junio del 2021, antes de asumir el cargo, transfirió sus acciones en la mencionada empresa.

El exministro Walter Ayala es investigado por presunto abuso de autoridad y patrocinio ilegal debido al Caso “Ascensos en las FFAA y PNP. Además, la Fiscalía de la Nación aún tiene pendiente de calificar la denuncia en su contra peculado de uso por el uso irregular de aeronaves durante la gestión de Castillo Terrones.

Jorge Luis Prado Palomino, ex ministro de la Producción, también es investigado por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por la contratación de su sobrino durante su gestión; y por el Caso Los Niños por presunta organización criminal.

El exministro de Justicia Félix Chero es investigado también por presunto encubrimiento personal, organización criminal por la fuga de Fray Vásquez y otros. Además, fue comprendido dentro del Caso Sada Goray, por presunto cohecho pasivo impropio.

Y, Geiner Alvarado, extitular de Vivienda, también está investigado por presunta organización criminal por presunta corrupción en su sector; y por el Caso Sada Goray por presunto cohecho pasivo propio.

Ayala Gonzáles, en su momento, negó haber favorecido a militares o policías, así como a familiares de Castillo. Prado Palomino también negó en su momento haber beneficiado a su sobrino y terceros afines a congresistas implicados en el Caso Los Niños. Y Chero Medina ha negado haber recibido dinero o tener vínculos con el Caso Sada Goray.

Los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez son investigados por presunta rebelión por el Caso del Golpe de Estado. Juan Manuel Carrasco tiene formalizada una investigación preparatoria en su contra por presunta aceptación ilegal de cargo público y falsedad genérica al asumir como ministro del Interior.

También aparecen Rubén José Ramírez Mateo, exministro del Ambiente del gobierno de Castillo, quien viene siendo investigado por tráfico de influencias, peculado de uso, negociación incompatible por la contratación de personas afines al partido Perú Libre durante su gestión. Y, el exministro del Interior Alfonso Gilberto Chávarry Estrada es investigado por la fiscalía por presunto nombramiento indebido de cargo público a un funcionario, durante su gestión.

Finalmente, del gobierno de Castillo Terrones, también se encuentra investigado el exministro de Salud, Jorge Antonio López Peña, por presunto enriquecimiento ilícito.

Ramírez Mateo aseguró en su momento que las designaciones en su gestión fueron transparentes; y López Peña ha sostenido que el dinero percibido era producto de sus ahorros personales.

Del gobierno de Boluarte Zegarra, figura en la lista con una investigación ante la Fiscalía de la Nación el presidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola Peñaranda. El caso se vincula a las protestas sociales donde se le investiga por presunto genocidio, homicidio y otros.

El exministro de Trabajo Luis Alfonso Adrianzén tiene un caso por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por beneficiar a la empresa Aionia.

Otárola Peñaranda ha negado cualquier acto ilegal sobre el caso de las protestas. Mientras que Adrianzen aseguró que se someterá a las investigaciones.

El ministro del Interior, Vicente Romero, también tiene dos investigaciones en la FN. Una de ellas, vinculada a las protestas sociales por presunto genocidio y homicidio; y la otro es por presunta omisión de actos funcionales por la intervención policial a la Universidad Mayor de San Marcos, en enero del 2023.

El actual ministro de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta, así como el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Miguel Angulo Arana; los exministros del Interior César Augusto Cervantes Cárdenas y Víctor Eduardo Rojas Herrera, también están comprendidos en el caso de las muertes vinculadas a las protestas sociales.

Romero, Angulo, Cervantes y Rojas, han negado en su momento haber cometido cualquier acto ilegal durante las protestas sociales.

El exministro de Educación Óscar Manuel Becerra Tresierra, fue comprendido dentro de una investigación por presunto nombramiento ilegal del cargo y, recientemente, la Fiscalía abrió una investigación por presunto tráfico de influencias agravado (alternativamente, cohecho activo específico en agravio del Estado) contra el flamante ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa.

En este último caso -que no está en la lista por haberse abierto posterior a la solicitud de información- el titular de Justicia habría coordinado favores para procesos judiciales en los que estaba interesado, a través del exjuez supremo César Hinostroza, procesado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Arana Ysa ha indicado a los medios que los audios no son de “naturaleza criminal” y calificó de “saludable” su investigación.

Unidad Funcional de Defensa Jurídica del Estado de la PGE

Funciones

Todos estos casos, al comprender afuncionarios que ocupan u ocuparon altos cargos en la administración pública, son seguidos por la Unidad Funcional Para La Defensa Jurídica Del Estado En Casos Seguidos Contra Altos Funcionarios que ejercer la defensa de los intereses públicos.

Dicha oficina de la Procuraduría General del Estado fue creada en enero del 2023, y se ocupan de los casos con alta complejidad, proveniente de la condición de los funcionarios investigados, lo voluminoso de las carpetas o el impacto de los hechos que se investigan.

Entre sus funciones están requerir información a instituciones públicas y a operadores del Sistema de la Administración de Justicia sobre materias vinculadas a investigaciones seguidas contra altos funcionarios, o sobre documentación relevantes para evaluar la pertinencia de interposición de denuncia penal; además de elaborar los proyectos de denuncias que serán presentados por el Procurador General del Estado.

Los casos de Alejandro Soto, presuntos ‘Niños’, casos por apología al terrorismo y ‘mochasueldos’.

El informe proporcionado a este Diario también contempla una lista de congresistas que vienen siendo investigados por diversos casos y delitos ante la Fiscalía de la Nación y Fiscalías Supremas.

El presidente del Congreso Alejandro Soto, afronta dos investigaciones ante la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de concusión. En ambos casos, que se encuentran pendiente de acumulación en una sola carpeta fiscal, el congresista deberá responder por pagos de publicidad a su favor en Facebook y por el presunto recorte de sueldos de asesores para solventar dichos pagos.

En el Caso “Los Niños” (carpeta principal 204-2022) han sido comprendidos 27 congresistas como investigados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, negociación incompatible y otros, por otorgar sus votos a cambio de favores por parte del gobierno de Pedro Castillo. Entre ellos están los representantes de Acción Popular (AP) Ilich López Ureña, Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza, José Arriola Tueros, Jorge Luis Flores Ancachi, y otros. También de Perú Libre (PL) están Germán Tacuri Valdivia, Pasión Dávila, Francis Paredes Castro y Américo Gonza Castillo.

Del Bloque Magisterial De Concertación Nacional están Óscar Zea Choquechambia, Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Segundo Teodomiro Quiroz Barboza, Edgar Tello Montes y otros; de la bancada de Integridad y Desarrollo Carlos Zeballos Madariaga; y también figuran no agrupados como Karol Ivett Paredes Fonseca. Mientras que la congresista Jackeline Katy Ugarte Mamani de Unidad y Diálogo Parlamentario también es investigada por el Caso Los Niños.

Raúl Doroteo Carbajo también se encuentra comprendido en la investigación por el primer caso de “Los Niños” (carpeta fiscal 135-2022) respecto al apoyo de un grupo de congresistas de Acción Popular (AP) a la presunta red criminal liderada por Castillo Terrones y que se encuentra con denuncia constitucional ante el Parlamento. En este mismo caso se encuentran comprendidos y con denuncia constitucional los congresistas Vergara Mendoza, Flores Ancachi y Espinoza Vargas.

Javier Rommel Padilla Romero (Renovación Popular), tiene en su haber investigaciones por presunto peculado doloso y otro caso por falsedad genérica y peculado doloso vinculado al cobro de vales de combustible pese a no realizar actividades congresales. Ambos casos se encuentran pendientes de acumulación en una sola carpeta fiscal junto con los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo (Acción Popular) y Silvana Robles Araujo (Perú Libre).

El caso de los “mochasueldos” también tiene a otros nueve congresistas investigados por el presunto delito de concusión. Entre ellos, Magaly Rosmery Ruiz Rodriguez (Alianza Para el Progreso con licencia), Heidy Lisbeth Juarez Calle (Podemos Perú), Rosio Torres Salinas (no agrupado), María del Pilar Cordero Jon – Tay (no agrupada), María Grimaneza Acuña Peralta (Alianza para el Progreso), Jackeline Katy Ugarte Mamani (Unidad y Diálogo Parlamentario), Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) y Edgar Tello Montes (Bloque Magisterial).

Tello Montes también tiene un tercer proceso que se encuentra judicializado por el presunto delito de tráfico de influencias al haber intercedido ante el alcalde de San Juan de Lurigancho en una licitación pública.

Guillermo Bermejo Rojas (Cambio Democrático) es investigado por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de tráfico de influencias debido al Caso “Los Operadores de la Reconstrucción” que implica presuntos pagos al parlamentario para gestionar el financiamiento de obras a través de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios. También es investigado, junto a Guido Bellido Ugarte (Perú Bicentenario), por el presunto delito obstrucción a la investigación por el delito de terrorismo debido al presunto pago de un testigo.

Lucinda Vásquez Vela (Bloque Magisterial) es investigada por tráfico de influencias por la presunta venta del examen docente en 2022. Mientras que Rosangella Barbarán Reyes (Fuerza Popular), Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), Segundo Quiroz Barboza (No agrupado) y Nieves Limachi Quispe (Perú Democrático) son investigados por presunto peculado doloso por el presunto pago de viáticos durante fiestas de fin de año.

También es investigado el congresista Miguel Angel Ciccia Vásquez (Renovación Popular) por presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por presuntas reuniones en la Sunat a favor de una empresa familiar; el reincorporado congresista Enrique Wong Pujada es investigado por presunto cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias; y José María Balcázar Zelada (Perú Bicentenario) por presunta desobediencia a la autoridad al no haber entregado información sobre los candidatos al Tribunal Constitucional en 2022.

También son investigados los congresistas Maria Jessica Córdova Lobatón (Avanza País) por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo; mientras que la congresista Maria Antonieta Agüero Gutiérrez (Perú Libre) viene siendo investigada por el presunto delito de apología al terrorismo por sus frases o defensa de terroristas como “Vilma”, conocida vocera de Sendero Luminoso en el VRAEM; entre otros parlamentarios.

Esta semana, además, la Procuraduría General solicitó a la fiscalía iniciar investigación contra David Jiménez Heredia (Fuerza Popular) por presunto peculado tras conocerse que una asistente de despacho congresal labora en la empresa privada del congresista, en horas de trabajo parlamentario.

Los otros investigados y coinvestigados

Según la data, también son investigados en la Fiscalía de la Nación y Fiscalías Supremas, algunos representantes de entidades constitucionales que tienen la condición de altos funcionarios como el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, representantes diplomáticos, entre otros casos en los que también participa la Unidad Funcional de Defensa Jurídica del Estado contra Altos Funcionarios de la Procuraduría General del Estado.

La lista también ha incluido a terceras personas investigadas, que si bien no tienen la calidad de altos funcionarios, tienen la calidad de “co-investigados” por haber estado implicados en los hechos por los que se investigan ministros, congresistas y exministros.

Co-investigados ante FN y Fiscalías Supremas

• Vladimiro Montesinos Torres
• Eduardo Gonzalo toro
• Daniel Salaverry Villa
• Manuel Elías lozada
• Justo Venero Mellado
• Eder antonio Infanzín Gómez
• Carlos Morán Soto
• Carola Gisella Rodriguez Bringa
• Jhonny Fabián Romero Nina
• Miguel Angel Chafloque Dominguez
• Juan Daniel Pérez Guerra
• Wilber Silvestre Felices Villafuerte
• Braden Alexander Paredes Calla
• Sherly Nataly Rojas Huerta
• Jaime Quispialaya Armas
• Carlos Cesar Pimentel Silva
• Rocio Marlene Santivañez Acosta
• Rony Guisseppe Salinas Bedon
• Beber Ramón Camacho Gaeda
• Eder Viton Burga
• Pedro Rojas Tataje
• Guillermo Sendon Guerra
• Ynes Georgina Gallardo Calixto

Revisa la lista completa de los Altos Funcionarios y exAltos Funcionarios investigados