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El 8 octubre del 2017, una columna terrorista integrada por ocho miembros de Sendero Luminoso (SL), atacó las patrullas integradas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho- Zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Como consecuencia del ataque, el suboficial de la Policía Nacional Aaron Edgar Gómez Cuti (23 años) falleció al ser alcanzado por un proyectil durante la emboscada.
Según la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos de Ayacucho, el ataque habría sido ordenado los los cabecillas del Comité Central de la Organización Terrorista Sendero Luminoso-VRAEM, Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino.
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Ello, como reacción a las operaciones que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas había realizado entre el 1 y 8 de octubre como parte del Operativo “Tenaz” , que se ejecutó en forma simultánea en diversos sectores del VRAEM (Ayahuanco, Pucacollpa, Río Mantaro, Quebrada Chumaycota, los centros poblados de Mayapo y Llochegua y Vizcatán)
Cabe destacar que durante dichos operativos se hallaron campamentos terroristas, los mismos que pertenecerían a los cabecillas procesados en este caso.
Según estimación de la fiscalía, los subversivos registran más de 30 requisitorias por el delito de terrorismo.
“Dicto auto de enjuciamiento contra Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino como presuntos autores directos de delitos contra la tranquilidad pública del delito de terrorismo con agravantes”, resolvió en una audiencia.
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Fiscal Rosa Antonia Rivasplata Alca,
/ PicasaCadena Perpetua
La fiscal Rosa Antonia Rivasplata Alca, de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y delitos Conexos de Ayacucho, ha señalado que el atentado es uno de los diversos que han realizando los Quispe Palomino en la zona del VRAEM donde vienen operado.
Por ello, según pudo conocer El Comercio, les ha imputado la presunta autoría mediata por dominio de organización del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo en agravio del Estado y presunta autoría directa por la pertenencia a un grupo dirigencial terrorista.
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Debido a los hechos, el Ministerio Público ha solicitado para ambos la imposición de una pena de cadena perpetua contra los acusados Víctor Quispe Palomino (62), alias camarada ‘Martín’, o ‘Iván’ y contra José Quispe Palomino (64), camarada ‘Raúl’, ‘Rodrigo’ o ‘Marino’.
El plazo que abarca el proceso penal se extiende desde el 2012 al 2017, en que ocurrieron los hechos.
Por su parte, la Procuraduría Antiterrorista a cargo del procurador Milko Ruiz Espinoza, ha solicitado que los Quispe Palomino paguen como reparación civil la suma de S/5 millones de manera solidaria.
El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de la jueza Soledad Barrueto ha declarado haber mérito para pasar a juicio oral y dispuso elevar el caso a un colegiado penal para que realice el enjuiciamiento respectivo.
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Elementos y colaboradores
En su acusación, la fiscalía ha presentado 58 elementos documentales como pruebas, entre ellas el acta de hallazgo de incautación de arma de fuego, fusil, con la inscripción “William” de fecha 2 de octubre del 2017.
El acta de recepción de municiones, acta de lacrado de hallazgo de ropa, acta de lacrado de documentos, informe de necropsia médico legal, informe pericial de balística, actas de deslacrado, pericia dactiloscópica, acta de prueba de absorción atómica, entre otros, son los documentos que acreditan la presencia de miembros de la organización terrorista SL en la zona del VRAEM.
También ha presentado informes periciales que se han actuado durante el proceso como la Pericia Balística Forense No. 20738-20808, Informe Pericial de Balística 20738-20808, Informe Pericial de Necropsia 00058-2017, Acta de Necropsia del suboficial Arón Edgar Ramos Culqui, Informe Pericial de Biología Forense 60-52-6058/17, Informe Nro 59-2018-Dircote-PNP, Informe balística forense 01-02/2018-Dircote de fecha 13 de febrero del 2018, Informe Pericial de prendas de vestir No 2654-2607/17, entre otros.
“Estos elementos periciales resultan ser útiles y pertinentes para acreditar los hechos materia de la acusación”, señaló la fiscal.
Además, ha presentado a más de una decena de testigos, entre ellos integrantes de las patrullas que participaron de los operativos en la zona del VRAEM.
También la declaración del colaborador eficaz 1FPSTA-3011, quien ha formado parte de la organización terrorista.
“Este colaborador relata sobre la organización, el nombre de los dirigentes y sus funciones. Su testimonio es útil pues en su condición de exmiembro de Sendero Luminoso esta señalando que en gran parte de su vida perteneció a dicha organización terrorista”.
Fiscal Rosa Rivasplata.
Mientras que el colaborador eficaz CDTSA- 1992 , al haber pertenecido a la organización terrorista SL “relata sobre los nombres de los dirigentes y sus funciones”.
Por su parte, la Procuraduría Antiterrorismo también aportó documentación con la que sustentó su requerimiento de reparación civil ascendente a S/5 millones que deberá ser pagada de manera solidaria entre los Quispe Palomino.
Entre esta, se cuenta con el Informe 414-2017 del 25 de setiembre del 2017 del Ministerio del Interior que corrobora el daño ocasionado al Estado al mostrar el presupuesto que se destinó para la lucha contra el terrorismo.
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El procurador antiterrorismo Milko Ruiz, solicitó S/5 millones de reparación civil para los cabecillas terroristas de Sendero Luminoso en el VRAEM, Jorge y Víctor Quispe Palomino.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANADicho elemento, se señaló, es idóneo ya que permite acreditar el daño extrapatrimonial ocasionado al Estado y a la vez permite conocer el monto gastado por el Estado en la lucha contra el terrorismo entre el año 2012 al 2017, años en los que sucedieron los hechos investigados en el caso.
El oficio No. 110-2021 de 3 de marzo del 2021 elaborado por el Director General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía, que corrobora el daño ocasionado al Estado.
Finalmente, el Informe D00017-2022 del 19 de junio del 2022 elaborado por la Dirección de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
“Con este documento se corrobora el daño que generó al Estado, sobre el presupuesto que se destinó a la lucha contra el terrorismo y así mismo la atención de personas y familias rescatadas de estos grupos terroristas”.
Luis Tejada, Procurador Antiterrorismo adjunto.
El décimo Juzgado de Investigación preparatoria Nacional dictó auto de enjuiciamiento contra los Quispe Palomino.
Además, se precisó que la medida coercitiva que pesa en su contra es la de comparecencia simple y se encuentran en condición de no habidos; por lo que dispuso que su emplazamiento se realice a través de edictos penales.
“Teniendo en consideración que la pena que se solicita para los acusados es de carácter atemporal, la mas grave del ordenamiento jurídico peruanos y de acuerdo al artículo 28 del Código Procesal Penal, debiendo remitirse (el caso) al Juzgado Penal Colegiado”, concluyó la magistrada.
