Fray Vásquez se entrega a la justicia: ¿qué políticos ligados a Pedro Castillo siguen en la clandestinidad?

Cuando bajó del avión de la Policía que lo trajo de Puno a Lima, la mañana de este lunes, Fray Vásquez Castillo, sobrino del vacado expresidente Pedro Castillo, tenía una mascarilla que le tapaba la mitad del rostro. Vestía un polo azul oscuro, pantalón y zapatillas de color negro. Tenía puesta una gorra marrón, usaba una casada azul y otra del mismo color, cubría sus manos.

La noche de último domingo, a las 10:30 de la noche, el sobrino presidencial -como era conocido en la época de Castillo- se entregó a las autoridades en la zona de Desagüadero-Puno, luego de permanecer 674 días prófugo de la justicia.

Desagüadero, como se conoce, está en la zona fronteriza con Bolivia. Sin embargo, según la PNP, estuvo trasladándose en diversos puntos del país.

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Fray Castillo Vásquez es una de las piezas claves en los procesos e investigaciones que se siguen contra su tío y la presunta organización criminal que habría operado en su gestión en el Ejecutivo y otras entidades públicas.

Su entrega a las autorides, se logró tras negociaciones del Equipo Especial de la Policía Nacional (Diviac, Diviad-Dirandro) a cargo del coronel PNP, Harvey Colchado y el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) liderado por la fiscal Marita Barreto.

Castillo Vásquez es requerido para afrontar una orden de prisión preventiva. Actualmente tiene abierto casos con el Eficcop vinculados a presunto crimen organizado, tráfico de influencia y otros. Esto, por los casos “Puente Tarata”, “Asesores en la sombra” y lavado de activos.

Hasta el momento, se desconoce cuál será la situación legal de Castillo Vásquez luego de su entrega. Sin embargo, su condición podría variar al igual que en su momento lo hizo otro investigado clave en esta presunta organización criminal, el exasesor Bruno Pacheco, quien a cambio de su libertad se convirtió en aspirante a colaborador eficaz.

Como en su momento Bruno Pacheco y Fray Vásquez, existen otros personajes vinculados a Pedro Castillo, que decidieron eludir la justicia ante las graves actos ilícitos en los que se vieron implicados y aún permanecen en la clandestinidad.

La última vez que se le vio al exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva, fue a través de unos videos subidos a tiktok. Allí, rechazaba su participación en los presuntos actos ilícitos de la supuesta organización criminal que lideraba Pedro Castillo, y aseguraba que su relación con el exmandatario era netamente laboral.

No obstante, las investigaciones de la fiscalía indican que Castillo y Silva Villegas ya se conocían mucho antes de que el primero asumiera la Presidencia, y habría coordinado con este último, la colocación de personas afines en diversos cargos del Estado.

Por ello, Juan Silva Villegas fue el ministro que más protección recibía de Pedro Castillo, pese a los cuestionamientos y críticas en su gestión.

El 7 de junio del 2022, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria -a pedido de la Fiscalía de la Nación- dictó una orden de captura en contra del exministro que viene siendo investigado por los delitos contra la tranquilidad pública-organización criminal y contra la administración pública-colusión.

Sin embargo, no fue hallado. Esto, pese a que solo días antes había acudido al Congreso para rendir su declaración ante la Comisión de Fiscalización que lo citó el 25 de mayo del 2022; y se presentó a una entrevista en Exitosa radio, el 1 de junio de ese mismo año.

La fiscalía ubica a Silva Villegas en el primer nivel de la presunta organización criminal y desde allí habría tenido dominio funcional “con el fin de incidir en los procesos de licitación, tales como el nombramiento de funcionarios en puestos claves, sobre los que pudiera ejercer presiones a efectos que los procesos de licitación sean manejados acorde a sus intereses”.

Las irregularidades detectadas en la licitación del “Puente Tarata III” fueron el punto de inicio, no solo de las actuaciones ilegales de Silva; sino también del gobierno de Castillo Terrones. A ello, se sumaron otros actos irregulares en las licitaciones en las que se vieron envueltas empresas chinas y congresistas de la República, entre ellos los denominados “Los Niños”.

Conforme a la función clave dentro de la organización, del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, en contubernio con otro alto funcionario público, habría tenido en su poder el rol de nombrar servidores que se encuentren acorde a sus intereses, para que así interfieran a favor de la mencionada organización criminal con la finalidad de obtener beneficios económicos o de otra índole”.

Hipótesis fiscal.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Juan Silva Villegas, quien ya lleva cerca de dos años prófugo de la justicia.

En julio del 2022, la Fiscalía y la Policía desplegaron técnicas de ubicación a través de la geolocalización que el juzgado aceptó, pero no hubo resultados. Y, a inicios del 2023 trascendió que había llegado hasta Venezuela, pero la Policía y Cancillería no confirmaron dicha información.

Lo que sí se confirmó desde el Poder Judicial fue la orden de prisión preventiva en su contra, mientras que sus recursos con los que trató de archivar las investigaciones en contra, fueron rechazados.

Recientemente, desde su red social de “X” ha replicado lo informado por su abogado Jorge Castro, quien el pasado 24 de enero interpuso una denuncia contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Lo han buscado en el condominio Mikonos, ubicado en un el balneario de Asia, allanaron viviendas en el Callao y Ventanilla; y montaron vigilancia cerca de la Embajada de Bolivia. Sin embargo, los operativos de la Policía Nacional para detener al fundador de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, no han dado resultado.

El flamante comandante general de la Policía Nacional, general PNP Víctor Zanabria, dijo que espera que, en las próximas dos semanas, Cerrón Rojas sea detenido y presentado públicamente.

Mientras la policía sigue haciendo cálculos y operativos, el prófugo exgobernador de Junín se expresa libremente y sigue utilizando sus redes sociales -como “X”- desde la clandestinidad. Lo hizo el mismo 17 de enero cuando la Policía lo buscaba por Asia.

Escribe y opina a diario; no solo sobre sus procesos, lo hace también sobre política nacional y otros casos judiciales, como el de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, en el proceso por el Caso Pativilca.

Se llama así mismo “perseguido político”, sin embargo la justicia ha demostrado que a Cerrón Rojas se le busca por presuntos y graves delitos cometidos cuando estuvo al frente de la Región Junín, y por haberse valido de presuntas organizaciones criminales como “Los Dinámicos del Centro” y “Los temerarios del Centro” para lograr sus fines ilícitos.

La División Policial de Interpol-Lima, tras un pedido de la fiscalía, ha logrado que Interpol -policía internacional- lo registre en su base de datos bajo un “código azul” para que pueda dar información en caso se detecte su ingreso a otro país.

Cerrón Rojas entró a la clandestinidad el 6 de octubre del 2023, cuando un tribunal de la Corte Superior de Justicia de Junín ordenó su ubicación y captura para que cumpla 3 años y 6 meses de cárcel efectivo, al ser condenado por el delito de colusión en el Caso “Aeródromo Wanka”.

Cerrón no fue citado presencialmente para escuchar la lectura de sentencia dentro de este proceso, al que había estado asistiendo de manera virtual.

Cerrón ya había recibido una condena de cuatro años en el 2019 por el Caso “La Oroya” al ser hallado culpable del delito de negociación incompatible. La sentencia se encuentra suspendida debido a un hábeas corpus que debe ser revisado en segunda instancia.

El exfuncionario también viene siendo procesado por el Caso “Antalsis” junto al exasesor de Ollanta Humala, Martín Belaúnde, por los presuntos delitos de asociación ilícita agravada, colusión agravada y cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Tiene otra investigación por presuntos aportes ilícitos a Perú Libre, que implica la actuación de las redes criminales “Los Dinámicos del Centro” y “Temerarios del Centro”.

Además, será sometido a un juicio oral para que el Estado pueda obtener el pago de una reparación civil por actos ilícitos en el Caso “Mejoramiento del circuito vial Chupaca” donde Cerrón no fue condenado penalmente por haber prescrito el delito de negociación incompatible ( o aprovechamiento indebido del cargo simple) del que era acusado.

Su rostro, su nombre completo y el delitos por los que viene siendo requerido por la justicia figuran la lista de los más buscados de la Policía Nacional.

Se ofrece S/50 mil por cualquier información que pueda llevar a su ubicación y captura. Sin embargo, Francisco Muedas Santana, quien es investigado por presunta organización criminal, cohecho pasivo propio y otros en agravio del Estado en el Caso “Los Dinámicos del Centro”, continúa prófugo desde el 15 octubre del 2021.

Al exintegrante del Comité Especial Permanente para el proceso de selección CAS de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín se le investiga por presuntamente integrar una red criminal que negociaba con licencias de conducir y puestos de trabajo en dicha región.

Muedas Santana, además, es investigado por los presuntos aportes ilícitos a Perú Libre -partido que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia- ya que, en su condición de alto directivo del referido partido habría desarrollado actividades de promoción y coordinación a favor de los propósitos ilícitos de la presunta organización criminal.

Las actividades del exfuncionario, sindicadas como ilegales por la fiscalía, habrían tenido como fin el favorecer económicamente a la organización política Perú Libre, a través de su injerencia en las distintas entidades públicas de la región Junín ya sea para colocar, mantener y/o cesar del cargo a trabajadores afiliados a dicho partido con el objeto de lograr “aportes” mensuales al partido político Perú Libre.

El amigo de Pedro Castillo y dueño de la casa de Sarratea (en el distrito de Breña), Alejandro Sánchez Sánchez, permaneció 330 días en la clandestinidad, hasta que fue detenido por las autoridades de Estados Unidos cuando pretendía cruzar su frontera desde México.

Desde el 8 de setiembre de 2023 se encuentra detenido en un centro de reclusión norteamericano, desde donde ha pedido asilo político. En primera instancia, la solicitud fue denegada por el gobierno de dicho país, pero Sánchez Sánchez apeló.

Debido a ello, el Perú aún no ha podido acceder al requerido para que se internado en un penal de nuestro país.

El 12 de octubre del 2022, el Poder Judicial ordenó su detención en el marco del Caso “Asesores en la sombra”, sin embargo no pudo ser ubicado. Es sindicado de presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias entre otros.

Según la fiscalía, Sánchez Sánchez habría financiado a la campaña electoral de Pedro Castillo con fines ulteriores. Además, habría copado puestos estratégicos en distintos estamentos del Estado, con funcionarios y servidores públicos de su entera confianza y afines a los intereses de la organización criminal y habría intervenido en el despliegue de actos ilícitos en el Ministerio de Vivienda para priorizar obras en las que la red criminal habría tenido interés, entre otros hechos.

Los otros sobrinos y la cuñada

Con la detención de Fray Vásquez, debido a su entrega voluntaria, todos los sobrinos implicados en la presunta red criminal que habría liderado su tío, Pedro Castillo, se encuentran bajo el radar de las autoridades. Sin embargo, esto no fue así siempre. Y es que, los sobrinos, tras ser incluidos en las investigaciones del Ministerio Público, optaron por rehuír de la justicia.

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Gian Marco Castillo Vásquez

Permaneció cerca de un mes en la clandestinidad luego de que el Poder Judicial -a pedido de la fiscalía- ordenó su prisión preventiva el 13 de abril del 2022, en el marco del Caso Tarata. No fue hasta que, el 10 de mayo de ese mismo año, la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Lima revocó la medida y le impuso comparecencia con restricciones, que el sobrino decidió reaparecer públicamente. 

La fiscalía le imputa ser presunto cómplice primario del delito de colusión agravada por cuanto habría prestado colaboración necesaria al acto de concertación que tenía como finalidad el otorgar indebidamente la buena pro al consorcio Puente Tarata III, con dicho propósito el procesado de manera dolosa actuó como persona interpuesta respecto de los miembros del Comité de selección de la Licitación Pública N°01-2021 y la empresa adjudicada.

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Yenifer Paredes Navarro

El 9 de agosto del 2022, cuando el Equipo Especial de la PNP y la Fiscalía acudieron a Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes Navarro, cuñada de Pedro Castillo, no la encontraron. Esto, pese a que reportes policiales indicaban que la hermana de la exprimera dama Lilia Paredes, había ingresado a la Casa de Pizarro un día antes.

Pese a conocerse públicamente que era buscada por las autoridades, la hija política de Castillo decidió permanecer prófuga por unas horas. Al día siguiente, aprovechando una estratégica movilización a su favor de su tío a las afueras del Ministerio Público, llegó hasta la fiscalía donde se entregó a las autoridades.

La fiscalía comprendió a Paredes Navarro como una de las coordinadoras y lobbista principal de la presunta red criminal vinculada a los actos de corrupción que habrían desplegado en el Ministerio de Vivienda.

La cuñada del expresidente fue captada ofreciendo obras de saneamiento en el Centro Poblado de La Succha, en Cajamarca. Luego se conocería que también habría realizado gestiones para Chadín, Anguía y Chachapoyas.

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Jaime Castillo Vásquez

Jaime Castillo, el mayor de los sobrinos de Pedro Castillo, también ha sido vinculado a presuntos actos irregulares durante el gobierno del ahora exmandatario. Si bien no fue objeto de una medida de captura, testigos eficaces lo han señalado como un personaje que dirigía a un grupo de colaboradores durante la campaña electoral y que participó en diversas reuniones que se hacían en la casa de Sarratea, cuando su tío ya había sido electo presidente.

El contador público Edgar Lucio Roque, ex gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), narró a Cuarto Poder haber desembolsado pagos de dinero para poder trabajar en dicha entidad. Y, en algunas ocasiones le entregó el dinero directamente al sobrino de Castillo Terrones.

Mientras que el congresista de Acción Popular, Edwin Martinez, aseguró que Jaime Castillo lo llamó para pedirle una reunión y que lo visitó con un amigo en su casa en Jesús María. Allí, narró el parlamentario, el sobrino le pidió que apoye a su tío a fin de “armar un buen gabinete”.