‘Gabinete en la sombra’: PJ notificará su decisión sobre cese de prisión preventiva para Biberto Castillo

El Poder Judicial notificará en el plazo de ley su decisión sobre pedido de cese de prisión preventiva de 30 meses a favor del exasesor presidencial Biberto Castillo, implicado en el caso ‘Gabinete en la sombra’.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional evaluó este miércoles el pedido presentado por la defensa legal del exfuncionario, tras la decisión del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de rechazar su solicitud, el pasado 14 de marzo.

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En su intervención, Castillo León alegó que tiene arraigo laboral y que no existen elementos de convicción que justifiquen su prisión preventiva por dos años y medio.

En este caso, además de Biberto Castillo, están implicados el empresario Abel Cabrera, el exasesor del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo y Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea.

Para Sánchez y Cabrera se calculan 19 años por organización criminal, tráfico de influencias y colusión; mientras que para Marrufo y Castillo se estiman al menos 12 años por los mismos ilícitos.

Según la fiscalía, el ‘Gabinete en la sombra’ se enmarca dentro de la presunta red criminal encabezada por Pedro Castillo, caso por el que el exmandatario fue denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación.

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En ese esquema, dijo que el ‘Gabinete en la sombra’ se ubica en un punto medio entre Castillo Terrones y la “primera línea”, que formarían los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

En específico, a Abel Cabrera se le señala como financista y coordinador del grupo; a Salatiel Marrufo integrante y coordinador; y a Biberto Castillo, como integrante y operador.

El caso

A los investigados se les imputa un supuesto plan criminal de cinco etapas. La primera se remonta a la campaña de segunda vuelta de Pedro Castillo, a la cual Cabrera “habría inyectado S/ 500 mil” de origen desconocido y con “un fin ulterior lucrativo”, según un colaborador eficaz.

Además, los reportes de la ONPE dan cuenta de “aportes en especias” de S/ 23.000 de Cabrera y S/ 32.500 de Marrufo. La segunda etapa, para el Ministerio Público, consistió en el copamiento de puestos claves, como por ejemplo los nombramientos de Alvarado y Marrufo en Vivienda.

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En la tercera fase, se habló de “actos colusorios en contrataciones públicas” y se puso énfasis en las visitas de los investigados a entidades públicas y su presunto interés en las obras del Decreto de Urgencia 102-2021.

Sobre la cuarta etapa, se habló de la presunta “captación” de los congresistas apodados ‘Los Niños’ para asegurarse votos contra una vacancia presidencial. La quinta se refiere al presunto establecimiento de “redes de protección” para investigados vinculados al Ejecutivo, la desaparición de indicios e intimidación de las entidades a cargo de las indagaciones. Todo esto a partir de la salida de Bruno Pacheco como secretario de la presidencia en noviembre del 2021.

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En esta etapa, de acuerdo con la fiscalía, se habrían dado actos como los encubrimientos a Bruno Pacheco y Fray Vásquez Castillo, y acciones contra la fiscal de la Nación y el Equipo Especial de la Policía.