Redacción EC

Durante la audiencia de impedimento de salida del país contra , el fiscal supremo provisional Marco Huamán afirmó que existiría riesgo de fuga “intermedio” por parte del exministro, a quien señaló como parte de una organización criminal que lideraría el presidente y que habría operado en el Ministerio de Vivienda.

Como se sabe, Alvarado López estuvo a cargo de la cartera de Vivienda desde el inicio del gobierno de Castillo Terrones hasta los primeros días de agosto del 2022. Luego de ello, asumió como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) hasta su censura el 15 de setiembre último.

El exministro es investigado por el presunto delito de organización criminal por ello, la mañana de este martes, el fiscal supremo solicitó al Poder Judicial que se dicte 36 meses de impedimento de salida del país para el exfuncionario.

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Para dictar esta medida, el riesgo de fuga debe ser mediano e intermedio. Para tal efecto debemos valorar que la pena no sería menor a ocho años por su condición de ministro, la magnitud del daño causado no ha sido reparado, el investigado a la fecha no cuenta con trabajo conocido”, manifestó Huamán en sus argumentos al momento de sustentar su pedido en audiencia pública.

También , el exministro solicitó que se le retire el servicio policial de seguridad de Estado tras su viaje a Chiclayo. No obstante, tras la presión mediática por una posible fuga, solicitó que se le reinstale su seguridad.

“Situación que muestra claramente que existe un riesgo de que el investigado se de a la fuga”, señaló.

En dicho caso, agregó el fiscal, sería similar a la situación del exministro de Transportes y el sobrino presidencial -investigados dentro de la mismo red criminal- quienes se encuentran prófugos de la justicia.

Mira aquí los argumentos de la fiscalía contra Geiner Alvarado

Integrantes de la red aún están en actividad

En otro momento, el fiscal Huamán explicó que la presunta organización criminal que investigan tiene “una particular dificultad”, puesto que se encuentran involucrados algunos altos funcionarios involucrados “aún en actividad como es el caso del presidente de la República (Pedro Castillo)”.

Por ello, indicó que el fin de la medida es facilitar la averiguación de la verdad y por otro lado, evitar que los investigados se ausenten de su domicilio.

“La ausencia del país podría generar que se frustre la eficacia de la investigación. Máxime si existe la posibilidad real de poder salir del país pues cuenta con los recursos para ello”, advirtió el representante del Ministerio Público.

El fiscal también relató diversos elementos que sostienen las sospechas contra Alvarado, a quien señaló como uno de los ejecutores de las órdenes del presidente Castillo para favorecer terceras personas que los apoyaron en campaña electoral.

Para ello, relató la declaración del colaborador eficaz CE 2-2022 quién -según lo manifestado ante la fiscalía y leído en audiencia- señaló que “las personas que iban a ser designados por Pedro Castillo tenían la obligación de aceptar a la familia y personas de confianza”.

Además, indicó que debían colocarlas en distintos ministerios con la finalidad de poder manejar las licitaciones públicas, “a fin de poder responderles a las empresas que habían apoyado en la campaña, aún cuando estas personas no tenían el perfil adecuado”.

Por ejemplo, señaló el colaborador según el relato fiscal, señaló a Segundo Sánchez, José Medina -alcalde de Anguía y quien cumple prisión preventiva-, Abel Cabrera, que conformaban el grupo de “Los Chiclayanos”. Estos, se encargaban de entregar dinero para obtener las licitaciones a los ministros y estos a su vez lo entregaban al presidente de la República.

El colaborador eficaz CE 03-2022, quien en su declaración del 25 julio del 2022, ratificó que José Medina se reunía con Castillo en la Residencia de Palacio y era el nexo con el ministro de Vivienda.

Este también indicó que tras la colocación de personas claves se gestó el Decreto de Urgencia 102-2022 en el Ministerio de Vivienda, mediante el que se autorizó la transferencia de partidas para el año fiscal 2021 por más de S/34 millones para financiar la intervención de obras urbano-rural.

El representante del Ministerio Público relató que la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez y el exministro de Economía Pedro Francke -en funciones durante la emisión del DU 102-2022- han dicho a la fiscalía que dicha norma se gestó en el Ministerio de Vivienda.

Mientras que el testigo protegido TP01-2022 dijo que, luego que el ministro de Economía asignó los montos de inversión de casi S/500 millones, que correspondería a los viceministerios de Urbanismo y Construcción y Saneamiento. Además, añadió, el entonces asesor ministerial remitió una lista de proyectos con colores añadidos, indicando las obras que debían ir y las que debían ser evaluadas.

“Es decir, uno de los miembros, de los presuntos integrantes de la organización criminal, era quien venía señalando qué proyectos debía autorizar el Ministerio de Vivienda y debía tener la aprobación de Geiner Alvarado López”, anotó el fiscal.

Así, explicó, se favoreció con determinadas obras en la Municipalidad de Anguía, La Succha (Chota) y la Municipalidad de Chachapoyas; que le fue adjudicado a empresas fachada de Anggi Espino y Hugo Espino, este último amigo de Yenifer Paredes y José Medina.

Se allanó al pedido

A su turno, Percy Ipanaqué, quien ejerce la defensa legal de Geiner Alvarado, de la fiscalía de impedimento de salida, como muestra de buena fe y buen comportamiento a fin de hallar la verdad.

“En aras de esta búsqueda de la verdad, mi patrocinado busca que se logre establecer su inocencia”, indicó.

Aseguró que Alvarado acudió todas las veces que se le llamó ante la Fiscalía de la Nación y también ante el Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder.

Sostuvo que su patrocinado no ha guardado silencio cuando fue interrogado y que incluso, días atrás entregó su pasaporte a la fiscalía.

Según el abogado, su patrocinado sí cuenta con arraigo y también con trabajo, puesto que recientemente firmó un contrato con la empresa “Constructora HT ” que le pagará S/10 mil mensual por desempeñar el cargo de Superintendente de Obras de los Proyectos.

El exministro Alvarado, al momento de ser uso de la palabra, aseguró que su comportamiento ha sido siempre de colaboración y que acudirá las veces que lo llamen a declarar.

El juez supremo de investigación preparatoria Juan Checkely anunció que resolverá el pedido en el plazo de ley.