Gobierno de Martín Vizcarra cambió ley para favorecer a empresas chinas, según colaborador eficaz

En sus declaraciones por el Caso Los Intocables de la Corrupción, el colaborador eficaz 08-2023-Eficcop no solo describió el esquema de corrupción de la presunta organización criminal que operó en Provías Descentralizado (PVD) durante el gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020), quien es señalado como el cabecilla de la red.

Ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que investiga el caso, el delator afirmó que se cambió el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225) para favorecer a constructoras chinas en convocatorias de obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sector al que PVD está adscrito.

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“[...] En el gobierno de Martín Vizcarra se llegó a modificar el reglamento de la ley de contrataciones con la finalidad de que solo un grupo de empresas pueda conseguir una carta de solvencia económica de un banco, lo que se pedía como requisito para aceptar la propuesta del postor, lo que no era posible con la banca nacional, sino con empresas extranjeras, beneficiando con ello a las empresas chinas”, declaró el 2 de junio del 2023, al responder sobre el direccionamiento de licitaciones a firmas privadas.

Luego, en su testimonio del 18 de agosto pasado, aludió a ese cambio: “[Alcides Villafuerte, exgerente de Obras de PVD] comentó que el reglamento de la ley de contrataciones había tenido modificaciones y que habían logrado incluir el requerir una carta de solvencia económica como requisito para participar en los procesos”.

Según esta versión, Villafuerte, quien se acogió a la colaboración eficaz en la indagación del caso, mencionó que el cambio se dio por una gestión de las empresas chinas ante el gobierno de Vizcarra, a fin de que las firmas locales “se mantengan fuera de competencia”.

En PVD hubo un aumento de obras ganadas por firmas chinas o sus consorciadas tras el cambio en la ley de contrataciones (ver vinculada).

El colaborador 08-2023 también manifestó que Villafuerte le contó sobre el ingreso a PVD de Los Moqueguanos, el grupo cercano a Vizcarra que es parte de la supuesta red criminal que el Eficcop investiga, “con la finalidad de direccionar las obras y con ello favorecer a las empresas chinas y nacionales que se alineen al pago de 3,5%” de sobornos.

Samegua, obra de PVD que el Eficcop investiga, fue adjudicada en el 2020 al Consorcio Vial Samegua, que integraba la sucursal en el Perú de la constructora China Gezhouba y que tenía a Xia Zhang como representante legal. El colaborador eficaz Hugo Meneses, en su declaración del 5 de febrero, afirmó que Zhang le dijo que “China [en referencia a la central de China Gezhouba] solo le había autorizado pagar el 2,5% del valor total de la obra”, en alusión a la coima por el proyecto.

En setiembre del 2020, Vizcarra participó en la firma del contrato de la obra, en Moquegua, su región natal. Estuvo junto a Xia Zhang.

El cambio legal que describe el colaborador 08-2023 se dio en el Decreto Supremo 344-2018-EF, que dispuso como requisito de calificación la “solvencia económica aplicable para licitaciones públicas convocadas para contratar la ejecución de obras”.

La norma fue firmada por el entonces ministro de Economía Carlos Oliva y el presidente Martín Vizcarra a fines de diciembre del 2018.

Lo dicho por el delator se condice con la tesis de la comisión del Congreso que investiga las licitaciones ganadas por firmas chinas desde el período de Vizcarra hasta la gestión de Pedro Castillo. En su informe preliminar, el grupo concluyó que, desde su cargo, Vizcarra promovió “leyes que favorecieron a las constructoras chinas en los procesos de selección”.

Cuando el exmandatario fue citado por la comisión en octubre del 2023, declaró que no conocía la modificación referida a la solvencia económica: “Quiero ser categórico: desconozco de la oportunidad cuando se hizo ese cambio”. Sin embargo, él firmó el decreto.

Para el presidente de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), Jorge Zapata, con la modificación se abrieron las puertas a un grupo de empresas que tuvo “todas las facilidades” para ganar licitaciones.

Zapata consideró que la solvencia económica, en el caso de las obras del MTC, sirvió para que, en el proceso de selección, se solicitara una línea de crédito a los postores. “[...] No era obligatorio, [pero los concursos del MTC] pusieron el requisito de la línea de crédito para que sea un requisito que solamente las empresas chinas podían cumplir”, señaló a El Comercio.

“Atribuirle la corrupción a un decreto me parece un exceso de imaginación. [...] No tiene que ver con qué se hizo o no en un decreto supremo”.

Carlos Oliva Exministro de Economía

Consultado por este Diario, el exministro Oliva, quien firmó el D.S. 344-2018-EF, negó que haya habido interés de favorecer a un grupo de empresas: “Creo que no han entendido la norma, […] descarto naturalmente cualquier direccionamiento o cosa por el estilo”.

Remarcó que la solvencia económica, hasta antes del 2018, era un requisito obligatorio para obras valorizadas en más de S/20 millones. En su gestión, señaló, el criterio se planteó para todos los proyectos de forma facultativa: “Ya no era obligatorio, dependía de cada unidad ejecutora, de cada ministerio, gobierno subnacional, si decidía, si quería pedir ese requisito o no [...]. Y si lees ese artículo [...] dice ‘pueden’, o sea justamente lo que se hace es hacerlo facultativo”. Además, negó que Vizcarra haya intervenido en la elaboración de la norma.

En enero del 2017, se publicó el Decreto Legislativo 1321, que “fomenta la inversión de empresas bancarias en el sistema financiero peruano”.

Esta disposición legal, según la comisión investigadora del Congreso, facilitó la habilitación de bancos chinos en el Perú con el objetivo de que estos respaldaran a las constructoras de su país.

Avalada por el decreto, en el 2020 la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros emitió un informe con el que se autorizó el funcionamiento del Banco de China, pese a que en el Perú ya operaba desde el 2013 el ICBC, otra entidad bancaria del país asiático.

Hasta antes del decreto, la ley peruana restringía que el accionista de un banco extranjero fuera propietario de más de una entidad bancaria en el país. ICBC y el Banco de China son de propiedad del Estado Chino.

Meses antes de aprobarse el decreto, Vizcarra se refirió al Banco de China: “Hemos conversado con los funcionarios y directivos del Banco de China. El Banco de China quiere tener una sucursal en el Perú que no la tiene, y no la tiene, hay veces por normas que están vigentes y que, en realidad, no tienen ningún sentido [...]. Se ha visto que hay que dar facilidades para que pueda tener la sucursal que quieren”. Lo dijo en una entrevista con TV Perú a propósito del viaje realizado al país asiático, en setiembre del 2016, por una comitiva peruana encabezada por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Para el presidente de Capeco, la presencia de este banco genera suspicacia: “Hay una cosa muy curiosa. Esa banca china qué otra participación, qué otro negocio de banca tiene en el Perú. ¿Coloca créditos hipotecarios, créditos corporativos, recibe ahorros o fondos mutuos?”.

La comisión investigadora del Congreso halló que, entre el 2018 y el 2022, el MTC y diferentes gobiernos locales adjudicaron 93 proyectos a firmas chinas. En estos, las constructoras presentaron 41 cartas-fianza del ICBC Perú, valorizadas en S/319 millones. Otras seis fueron emitidas por el Banco de China por más de S/96 millones.

“Nunca recibí a una empresa china en mi despacho, no fui al viaje a China [...], no tenía ningún interés en beneficiar a ninguna empresa”.

Alfredo Thorne Exministro de Economía

El D.L. 1321 fue firmado por el entonces ministro de Economía Alfredo Thorne. “El decreto tenía un propósito: proveer mayor financiamiento a las empresas que contrataban con el Estado en un contexto en que enfrentamos Lava Jato y que prácticamente todos los bancos habían decidido no prestarles a las empresas […]”, dijo a este Diario.

Thorne remarcó que el ingreso del Banco de China fue en el gobierno de Vizcarra (2020) y no en su gestión como ministro, y rechazó que hubiese tenido interés en favorecer a alguna empresa. No obstante, reconoció que las constructoras nacionales han competido en condiciones desiguales: “Me parece un despropósito no haber puesto restricciones a las empresas contratistas chinas [...]. Son empresas que no son privadas, son empresas públicas y tienen todo el apoyo de su gobierno”.

Ante los recientes actos de corrupción que involucran a firmas chinas, el gerente general de la Asociación de Empresas Chinas en el Perú (AECP), Richard Wang, respondió a El Comercio por correo electrónico: “Desde el inicio de la AECP, hemos exigido a todas las empresas chinas en el Perú respetar y cumplir las leyes y normativas [de este país] durante sus actividades comerciales diarias”.

También se buscó recoger la versión del expresidente Vizcarra, pero no hubo respuesta.