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El 10° Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite el lunes pasado una demanda de hábeas corpus contra las resoluciones supremas que designan presidente del Consejo de Ministros a Guido Bellido y ministro de Trabajo a Iber Maraví, firmadas por el jefe de Estado, Pedro Castillo, la semana pasada.
La pretensión principal de la demanda es que se declare la nulidad de las resoluciones porque Bellido y Maraví “tienen relación y/o han mostrado estar a favor de personas o grupos vinculados al terrorismo o facciones extremistas”.
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Los demandantes argumentan que ambas designaciones ponen en riesgo la vida de los agentes policiales y de las Fuerzas Armadas que realizan acciones tácticas, de inteligencia y contrainteligencia para enfrentar al terrorismo, ya que los ministros podrían acceder a información privilegiada. Hasta el martes, la PCM continuaba evaluando su respuesta legal, informaron fuentes de El Comercio.
Bellido es investigado por presunto delito de apología al terrorismo. En tanto, Maraví es mencionado en registros bibliográficos como alguien que habría estado vinculado a Conare-Sutep, una facción del magisterio cercana al Movadef, definido por la policía y la fiscalía como el brazo legal de Sendero Luminoso.
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi consideró que este hábeas corpus refleja una tendencia a judicializar los asuntos políticos.
“Es el presidente quien debió evaluar la pertinencia de nombrar o no a sus ministros, y es el Congreso el que puede interpelar y censurar a cualquiera de ellos. Nunca antes hemos visto que un juez quiera evaluar esa idoneidad en el cargo. Se está judicializando la política”, dijo.
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Rospigliosi añadió que se trata de un proceso de hábeas corpus “absolutamente novedoso en la historia constitucional peruana”, ya que “nunca antes hemos tenido un caso como este, en la que un grupo de ciudadanos pide la nulidad de la resolución suprema que nombra a un ministro de Estado”.
Sin embargo, precisó que “la demanda no deja de tener cierto sustento argumental en el extremo de la preocupación de que los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales den información clasificada a personas investigadas [por sus presuntos vínculos o afinidad con grupos vinculados al terrorismo”.
Pero en opinión del abogado constitucionalista Luciano López, no hay actos libres del control: “El Tribunal Constitucional ya se pronunció en el sentido de que los actos presidenciales sí son susceptibles de ser revisados porque no hay zonas exentas de control constitucional”.
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López consideró que “lo interesante de la decisión del juez de admitir a trámite esta demanda es que, al menos a primera vista, está asumiendo que se puede controlar constitucionalmente la decisión del presidente de nombrar a un ministro si el nombramiento podría poner en riesgo ciertos derechos fundamentales, como la seguridad nacional o la amenaza contra la libertad y la vida de los agentes policiales y militares que trabajan en zonas de emergencia”.
El hábeas corpus también solicita que, si se desestima la nulidad de las resoluciones, se ordene al personal policial y de las Fuerzas Armadas a no entregar a los ministros información relacionada a las estrategias en la lucha contra el terrorismo y el narcoterrorismo.
Por último, pide que el Poder Judicial ordene al presidente de la República a abstenerse de designar como ministro de Estado a personas investigadas o vinculadas directa o indirectamente con el terrorismo.
El juez Iván Cabrera fue quien admitió a trámite el hábeas corpus presentado por los ciudadanos Mario Drago Ego Aguirre, Luis Canevaro Maratuech, Carlos Rodríguez Alvarado y Víctor Hugo Sarria Puertas.
El magistrado ordenó que se corra traslado a Castillo, Bellido y Maraví para que contesten la demanda. Además, dispuso que se notifique a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Ejecutivo.
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Niegan vínculos
Bellido aseguró el lunes pasado que no ha cometido apología al terrorismo. “Eso es parte de la campaña que han hecho revivir. Nunca ha existido una apología. Nosotros nunca hemos resaltado los actos terroristas; al contrario, [...] esos actos hay que condenarlos y punto”, dijo a TV Perú.
Por su parte, Maraví afirmó en Twitter: “Nunca pertenecí al Movadef. [...] Rechazo categóricamente todas las vinculaciones que se me hacen sin ningún sustento”.
El Comercio solicitó a Palacio de Gobierno y a la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de su personal de comunicaciones, una respuesta a la decisión del 10° Juzgado Constitucional de Lima, pero no la hubo hasta la publicación de esta nota.
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