Gustavo Adrianzén asegura que prisiones preventivas en el Perú se dictan de manera “libertina y ligera”

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, se mostró en contra de que se soliciten y dicten órdenes de prisiones preventivas en el Perú “de manera tan libertina y ligera”, por lo que se mostró a favor de presentar un proyecto para modificar dicho tema.

La declaración de Adrianzén ocurre en el contexto de que Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte, afronta un pedido de 36 meses de prisión preventiva, formulado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), por el caso conocido como ‘Waykis en la sombra’.

En diálogo con el programa “Las cosas como son”, de RPP TV, el jefe del Gabinete Ministerial señaló que en nuestro país “cualquier” fiscal o juez puede disponer que un ciudadano cumpla 36 meses de prisión efectiva.

“Yo estoy totalmente en contra, no de hoy sino desde mucho tiempo atrás lo vengo criticando, de esta manera tan libertina y tan ligera de dictar prisiones preventivas. En el Perú tenemos un estándar de libertad muy malo, estamos por los suelos. La libertad personal en el Perú es uno de los principios fundamentales. Después de la vida, la libertad, y parece no importarnos la libertad. No quiero banalizar el tema, pero cualquier fiscal puede pedir alegremente 36 meses de prisión preventiva y cualquier juez puede disponer que esos 36 meses de prisión preventiva se cumplan”, expresó Adrianzén.

El titular de la PCM afirmó que “el gran pretexto” de los jueces para dictar prisión preventiva es porque nuestras fronteras “son muy porosas” y aseguró que los magistrados temen ser declarados cómplices de los imputados en caso estos se fuguen.

“El problema en todo el caso es del Estado y que cuide sus fronteras, pero no es una solución que a la gente se le esté privando de su libertad. No por las deficiencias del Estado podemos estar privando a las personas de su libertad”, puntualizó Adrianzén.

En esa línea, consideró que en el Perú se toma “muy a la ligera” el tema de ordenar el encarcelamiento de las personas. “Lo que es peor es que (dictan) 36 meses de prisión preventiva contra un ciudadano y al cabo de esos 36 meses salen en libertad por exceso de carcelería porque ni siquiera en 36 meses son capaces de promover una acusación y llevarla a juicio”, finalizó.